Reavivan polémica prematura sobre candidatos para comicios de 2019 en Bolivia

La unión de seis líderes políticos bolivianos para acusar de persecución al Gobierno de Evo Morales, rechazar su intento de nueva postulación y manifestar su defensa de la democracia también ha reavivado de forma prematura la polémica sobre las candidaturas para los comicios de 2019.

Los protagonistas de la denuncia de persecución son los exmandatarios Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005), el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997); el gobernador de Santa Cruz (este), Rubén Costas; el alcalde de La Paz, Luis Revilla; y el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina.

Además de acusar al Ejecutivo boliviano de usar la Justicia para perseguir a sus adversarios, los seis reclaman que el oficialismo respete los resultados del referendo constitucional de 2016 que negó a Morales la posibilidad de buscar un cuarto mandato.

Esta inusual unión entre políticos de oposición fue interpretada por las autoridades y partidarios del mandatario como una coalición de “derecha” para enfrentar al oficialismo de “izquierda” en las elecciones en Bolivia previstas para dentro de dos años y medio.

La primera reacción vino del ministro de la Presidencia, René Martínez, quien, además de tildar a los opositores de “golpistas”, “vendepatrias” y “separatistas”, opinó que se unieron por “miedo” a Morales porque saben que no podrán hacer frente solos al mandatario.

Para el vicepresidente Álvaro García Linera, la fotografía que se tomaron los seis políticos el día en que leyeron esta semana su manifiesto muestra una “juntucha” y un “mejunje político”.

El segundo mandatario del país ironizó con un saludo a la “unificación” de la “derecha” boliviana y expresó su deseo de que sean capaces de hacer frente a la “revolución” liderada por Morales.

Los aludidos salieron al paso asegurando que la causa que les une es la defensa de la democracia. Ninguno ha querido hablar de una posible alianza, menos de una candidatura única para las elecciones de 2019, al considerar que aún es muy pronto para hacerlo.

No obstante, es la primera vez en muchos años que los dirigentes de la oposición escenifican juntos un bloque contra Morales, al margen de sus cálculos y expectativas políticas personales.

Evo Morales ganó por primera vez la Presidencia boliviana en 2005 con un 54 % de la votación; en 2009 revalidó el cargo con el 64 % y en 2014 se impuso con un 61 %.

La Constitución permite solo dos mandatos consecutivos, pero Morales pudo volver a presentarse en 2014 con aval del Tribunal Constitucional que validó la tesis oficialista de que el gobernante no había concluido su primer mandato (2006-2010) y que el país se refundó en 2009.

Ahora el oficialismo busca la forma de que Morales pueda ser candidato nuevamente en 2019, para gobernar hasta el 2025.

El gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) ha reconocido que la única forma de asegurarse la victoria es con Morales como candidato, tras considerar que no existe en el partido otra figura de su peso.

La oposición sabe además, por experiencia, que con la fragmentación solo ha cosechado derrotas consecutivas en los comicios generales.

En las encuestas sobre preferencias electorales publicadas en los medios, Carlos Mesa siempre aparece con los apoyos más altos entre las opciones de oposición para hacer frente a una eventual candidatura de Evo Morales, pese a que el ex presidente ha aclarado varias veces que no es candidato ni está en carrera política.

La posición crítica que Mesa mantiene sobre varios aspectos del Gobierno de Morales le ha valido ser blanco de ataques del oficialismo, a la vez que ha ganado notoriedad por su papel como portavoz de la centenaria reclamación marítima a Chile.

Además, al margen de unirse o no para las elecciones de 2019, los seis opositores saben que primero deben asegurarse de no quedar inhabilitados por orden Judicial para ocupar cargos públicos, como ocurrió con el exgobernador de Tarija (sur) Mario Cossío.

Mientras los opositores acusan al Gobierno de “judicializar la política”, las autoridades defienden que la mayoría de ellos sí cometieron delitos y ahora hacen reclamos para buscar impunidad.