Los expertos avisan de que la campaña del PP contra el anonimato en redes es una amenaza sin recorrido

De legislar a golpe de noticia en el telediario a legislar a golpe de insulto en redes sociales. La iniciativa anunciada esta semana por el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando,  por la que plantearán al resto de grupos parlamentarios que se estudie un cambio de legislación para acabar con las cuentas o perfiles anónimos en las redes sociales tras los insultos a la diputada de su partido, Alicia Sánchez Camacho, ha sido recibida como una “amenaza preventiva” contra la libertad de expresión pero también como una “una medida estúpida sin recorrido”.

Joan Barata, experto internacional en libertad de expresión y regulación de medios, explica que “en un entorno de libertad de expresión se debe respetar ciertas garantías y actuar a posteriori, no a priori, que es lo que se pretende con la eliminación del anonimato. No es justificable realiza esta amenaza preventiva cuando se trata la libertad de expresión”.

Barata, miembro de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) señala que hay que ser cauto porque todavía no se ha argumentado como se va a articular legislativamente pero “una obligación general para eliminar el anonimato vulneraría la libertad de expresión, ya que el anonimato protege a las voces disidentes y permite ejercer los derechos de libertad de opinión y expresión”, como ha señalado el relator de Naciones Unidas“. Otra cosa, apunta, es que se ”cometa un delito en la redes. Ya hay un ordenamiento jurídico para que actúen las autoridades, sin que se tenga que tomar una medida desproporcionada como eliminar el anonimato“.    

No es la primera vez que el PP trata de dar un paso en la dirección de incrementar los límites del discurso en las redes sociales. En 2015, la subcomisión de Estudio sobre las Redes Sociales en el Congreso no llegó a ninguna conclusión a la hora de proponer la eliminación del anonimato en la Red, aunque ese mismo año el Ejecutivo de Mariano Rajoy terminó aprobando La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que ya ha dado múltiples pruebas de la coacción sobre la libertad de expresión que supone esta normativa. La presión de la oposición para conseguir su reforma no ha rebajado su capacidad coercitiva.   

A pesar de las condenas por la Ley Mordaza, los populares registraron hace un año una proposición no de ley en el Congreso para reformar la ley orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen para adaptarla al uso de las redes sociales  con el fin de evitar el “amplio margen de discrecionalidad”.

Ahora la petición de Hernando para evitar que las redes sociales se conviertan en “un elemento de acoso” donde se utiliza el anonimato como “la barrera en la que se escudan algunos para actuar de manera impune y cobarde” ha revuelto el debate sobre la libertad de expresión y el control del discurso en un momento en el que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, había advertido de que no habría impunidad para los insultos en las redes sociales. El aviso del Zoido devino en la detención de una persona como ha ocurrido tras la muerte del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. 

El dirigente de Podemos Rafael Mayoral cree que hay una estrategia dirigida a controlar políticamente las redes sociales y la libertad de información a través de una “ley mordaza para las redes”. Mayoral considera “técnicamente absurdo” impedir el anonimato en las redes. “Si un mensaje se emite desde España un juez tiene la capacidad de localizarte rápidamente”, apunta a eldiario.es. El abogado cree que existe un paralelismo con la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana. “Se quiere establecer un control administrativo sin control judicial”, añade.

“Monopolio de la versión oficial”

El diputado de Unidos Podemos sostiene que “las redes han supuesto un elemento fundamental para terminar con el monopolio de la versión oficial” que “han sido desmontadas en muchas ocasiones por las redes sociales”. “Han hecho que caigan auténticas fake news de los medios de comunicación controlados por el poder”, expone. En el fondo, asegura, hay un intento de “imponer las versiones oficiales” y “perseguir la disidencia política”.

Mayoral cree fundamental que el PSOE se posicione en este debate. El diputado se pregunta por qué mientras en el Congreso se ha abierto la ponencia para la reforma de la ley mordaza, “en paralelo el PSOE participa de forma proactiva en una estrategia de recorte de derecho en redes”.

La posición del PSOE, como la de otros partidos políticos, varía según el momento. La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, señaló “sería muy grave que se trate de medir la libertad de expresión” mediante una legislación que impidiera el anonimato y acusó al PP de “encontrar siempre una excusa para impulsar una limitación” de derechos y de dejarse llevar por situaciones como los insultos a su parlamentaria para “llevar a cabo regulaciones en caliente”. 

Sin embargo, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, apuntó la necesidad de “regular y legislar, sobre todo en momentos en que se atraviesan líneas rojas” tras los insultos al difunto Maza. Fernández Vara resaltó que  “hay mucha gente que se viene arriba y se hace muy valiente cuando está en el anonimato, pero el anonimato se puede investigar”.

“Impunidad gigantesca”

Lo cierto es que la investigación de posibles injurias o delitos de odio en redes sociales no es tan fácil. La abogada especialista en nuevas tecnologías Paloma Llaneza recuerda que “prácticamente la totalidad de las redes sociales está fuera de España por lo que no es aplicable una normativa extraterritorial. En caso de delitos de odio, injurias y calumnias hay que conocer la IP, saber dónde está el servidor, hacer un requerimiento para que le llegue a una empresa que está en Estados Unidos que no quieren estar sujetas a una legislación extranjera. Con otros delitos hay protocolos con una legislación específica entre países que permite actuar con más agilidad pero no es el caso de delitos de odio”. Por este motivo, Llaneza cree que “es cierto que existe una impunidad gigantesca”.

La futura Ley de Protección de Datos, que entrará en vigor el 25 de mayo de 2018 en la Unión Europea, pretenden que los datos estén sujetos a la legislación europea de manera que las empresas tengan que atender a las leyes europeas en caso de que haya que aplicar medidas coercitivas, pero incluso en este caso la abogada tiene dudas de que sea efectiva ya que habría que “establecer mecanismos con la Administración estadounidense y el sistema judicial de Estados Unidos, lo que es muy complejo”.  

Esta dificultad es compartida por el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que resaltó la dificultad para lograr el objetivo que pretenden los populares de acabar con el anonimato y prefirió adoptar medidas que estén respaldadas por expertos.

“Nosotros creemos que en estos temas técnicos nos debemos dejar aconsejar por los expertos, pero está claro que hay que utilizar las herramientas que tenemos para evitar el acoso y el insulto. Ya se pueden aplicar los mecanismos disponibles en el Código Penal”, explicó Villegas.  

Con este escenario, Llaneza apunta que la propuesta del PP es “una medida estúpida sin recorrido” por parte de “unos políticos que prometen soluciones que no van a ninguna parte. Legislar para no aplicar la ley no tiene sentido”.