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Los ayuntamientos pueden consultar hasta el próximo viernes las cantidades que les adeudan las comunidades autónomas

Los ayuntamientos podrán consultar desde este sábado y hasta el próximo viernes, 27 de febrero, las cantidades que en materia social les adeudan las comunidades autónomas suscritas al Fondo Social que el Gobierno ha puesto en marcha para financiar los pagos pendientes de las administraciones.

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El Fondo Social, creado dentro de los nuevos mecanismos financieros aprobado el pasado 26 de diciembre por real decreto, permitirá que las ocho comunidades autónomas adheridas puedan financiar su deuda pendiente de pago con las entidades locales a 31 de diciembre de 2014. De esta forma, se podrán liquidar los pagos pendientes en materia de gasto social, así como otras transferencias en materia de gasto social.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha recordado que las comunidades autónomas que no se adhieran y no cancelen por sí mismas estas deudas quedarán sujetas a retenciones del sistema de financiación autonómica, con el fin de saldar las deudas con las entidades locales.

700 MILLONES DE DEUDA EN MATERIA SOCIAL

Las ocho regiones que se han acogido al Fondo Social son Aragón, Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Hasta la fecha, según Hacienda, las deudas comunicadas por las comunidades autónomas en materia social, junto con las remitidas por las no adheridas al Fondo Social, asciende a 700 millones de euros.

Las entidades locales podrán hacer un seguimiento de los pagos pendientes y de las deudas comunicadas, así como solicitar a las comunidades autónomas la inclusión de aquellas otras obligaciones que entiendan que se les adeuda.

Hacienda ha subrayado la apuesta del Gobierno por la "transparencia" al quedar integrados todos los convenios en un único Registro, "garantizando" que las entidades locales dispondrán de los recursos necesarios para llevar a cabo la prestación de servicios que las comunidades autónomas les hayan delegado, tal y como se estableció en la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

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