El fiscal acusa a 6 empresarios de usar Hiriko para sustraer fondos públicos

La Fiscalía de Álava acusa a seis empresarios sin ninguna experiencia en la fabricación de automóviles, y al menos dos de ellos vinculados al PNV, de haber ideado “un plan” para apropiarse de fondos públicos con “el pretexto” de diseñar un coche eléctrico bajo la marca Hiriko.

El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha dado a conocer parte de la querella criminal que presentó el pasado lunes en un juzgado de Vitoria en la que se precisa que ésta va dirigida contra Jesús Echave, Fernando Achaerandio, Francisco Javier Calera, Iñigo Antia, José Luis Bengoechea y José Barreira.

A todos ellos les acusa de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Imputa estos mismos delitos a Afypaida, la Asociación para el Fomento y Promoción de Actividades Industriales y Deportivas de Automoción, que fue la empresa matriz del fallido proyecto Hiriko.

La Fiscalía argumenta que los seis empresarios no tenían “experiencia, conocimiento, ni infraestructura alguna para el diseño y fabricación de automóviles” y que sin embargo idearon un plan para la construcción de un vehículo eléctrico, que en realidad era un “pretexto” para lograr “distraer” fondos públicos en su propio beneficio.

Con este fin, relata el fiscal, crearon un “entramado societario”, que fueron modificando para quedarse con los beneficios si el proyecto resultaba exitoso y, en caso contrario, si era un fracaso como así ocurrió, las perjudicadas serían las administraciones públicas.

El Ministerio de Ciencia e Innovación otorgó un total de 14,7 millones a través de dos convenios, mientras que el Gobierno Vasco aportó 2,7 millones.

Entre los querellados figura Jesús Echave, vinculado al PNV y exconsejero de Kutxabank e Iñigo Antia, concejal de este partido en Vitoria entre 2003 y 2008.

Entre las actuaciones irregulares, el fiscal detalla que Echave se alquiló a sí mismo un local en Vitoria para ubicar la sede de Hiriko por el que se pagaron más de 98.000 euros en poco más de dos años y adjudicó a otra empresa que presidía las obras de remodelación por 311.000 euros, 78.000 más del precio adjudicado.

Además, una de las empresas del entramado adquirió un prototipo a Epsilon Euskadi por unos 2 millones de euros, cuando dicho vehículo “no tenía aplicación alguna” para Hiriko y se hicieron numerosos pagos indebidos y transferencias de fondos sin que hubiera contraprestación de servicios, como ocurrió con la compra de módulos electrónicos que no fueron suministrados.

También Hiriko adquirió “roboruedas” a una empresa participada por alguno de los querellados a la que se pagaron 1,2 millones, y sin embargo ésta nunca entregó el producto.

La querella no descarta acusar a otras personas o empresas si a lo largo de la investigación judicial se descubre que tienen responsabilidades penales en este caso, que ya está en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria.