El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli comparecerá por tercera vez ante un juez en Miami

El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli comparecerá mañana, jueves, en una nueva audiencia judicial en Miami, la tercera desde su detención, en la que se espera que el juez Edwin Torres determine si es viable o no su extradición a Panamá.

Martinelli, que está detenido desde el 12 de junio en un centro de reclusión cercano a los tribunales federales de Miami, es reclamado por la Corte Suprema de Panamá por cuatro delitos relacionados con una red de escuchas ilegales que funcionó cuando era presidente (2009-2014) y por peculado (malversación de fondos estatales).

El juez Torres ha denegado en dos ocasiones a Martinelli la libertad bajo fianza, con el argumento principal de que la Justicia de EE.UU. muy rara vez concede ese beneficio a personas requeridas en extradición, y la defensa del expresidente ha recurrido al margen de este juicio a la Corte Suprema de EE.UU. por ese motivo.

Según supo este martes Efe de una portavoz de la Corte Suprema, el juez Clarence Thomas, en quien recayó la petición de urgencia presentada por los abogados de Martinelli, denegó la libertad bajo fianza.

“Formalmente no hemos sido notificados”, dijo hoy a Efe el portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, quien este martes señaló también a Efe que el expresidente está “preparado mentalmente” para un proceso largo, de como mínimo un año, y para pasar todo ese tiempo en prisión.

El exgobernante panameño, uno de los empresarios más acaudalados de Panamá, está radicado en Miami desde el año 2015 y tiene planteada desde entonces una solicitud de asilo, aun no respondida, en la que alega que es un perseguido político de Juan Carlos Varela, el actual presidente de Panamá y quien fue vicepresidente de Martinelli.

Entre los últimos documentos legales incorporados al expediente está una declaración jurada firmada por Harry Díaz, quien actúa como “magistrado fiscal” del proceso a Martinelli en la Corte Penal de su país por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, así como los delitos contra la Administración Pública.

Estos últimos tienen que ver con la adquisición, el uso y la apropiación de los equipos y sistemas utilizados para las interceptaciones de comunicaciones de periodistas, miembros de la oposición y otros, señala en la declaración.

Díaz hace hincapié en que Martinelli no goza de inmunidad como exjefe de Estado ni como diputado del Parlamento Centroamericano y que los delitos por los que se solicita su extradición no son “políticos” sino comunes, porque no tienen que ver con “traición, espionaje y sedición”.

La defensa ha alegado desde la captura de Martinelli, declarado en “rebeldía” por la Corte Suprema de Panamá, que hay numerosas irregularidades procesales en la causa del expresidente y también ha apuntado tanto al hecho de que fue durante su gestión un “aliado” de EE.UU. como a la supuesta persecución a la que está sometido.

La Fiscalía, que representa al Estado panameño en el proceso de extradición y reporta al Departamento de Estado, en quien recae la decisión final sobre la extradición, ha tratado de desestimar los argumentos “políticos” de la defensa, además de defender las tesis de la Corte Suprema de Panamá.