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El oficialismo argentino ve una implicación política en el envío de un paquete bomba a Indra

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El oficialismo argentino ve una implicación política en el envío de un paquete bomba a Indra

El oficialismo argentino ve una implicación política en el envío de un paquete bomba a Indra

El presidente provisional del Senado argentino, Federico Pinedo, consideró hoy "obvio" que el envío de un paquete bomba a la sede en Buenos Aires de la empresa española Indra, encargada del sistema para el recuento electoral, el pasado 10 de agosto, tiene "alguna implicación política".

"Si no, ¿quién le va a mandar una bomba a quien hace el escrutinio en la elección de un país, que es un acto obviamente político?", apuntó en declaraciones a radio El Mundo, un día después de que el juez federal Daniel Rafecas ordenase el arresto de un hombre y una mujer por un delito contra la seguridad pública al estar, supuestamente, implicados en los hechos.

Sin embargo, Pinedo rechazó informaciones de medios de comunicación locales que señalan que los detenidos -que son pareja- son cercanos al kirchnerismo, tomando en cuenta comentarios que publicaron en redes sociales.

"No me gusta involucrar a una parcialidad política, como al kirchnerismo. Obviamente que una persona sea kirchnerista es lo mismo a que sea de Boca (Juniors)", afirmó.

Indra es la empresa que se encarga de proporcionar y mantener el sistema informático para el recuento provisional de votos en las elecciones argentinas.

La explosión se produjo solo tres días antes de las primarias a las legislativas del próximo octubre, pero fuentes judiciales explicaron entonces que el paquete explosivo iba dirigido al departamento de Recursos Humanos, alejándose de las hipótesis de que el ataque podría estar relacionado con el proceso.

Pinedo también hizo referencia al caso de Santiago Maldonado, el artesano de 28 años que fue visto por última vez hace un mes y medio, cuando participaba en una protesta de una comunidad mapuche en el sur del país que fue reprimida por la Gendarmería argentina.

En el último mes, parte de la oposición, organismos de derechos humanos, familiares y sociedad civil han cuestionado la actuación del cuerpo policial y responsabilizan al Gobierno -del que depende esa fuerza de seguridad- de la desaparición.

Algunos han llegado a comparar el hecho con las prácticas de la última dictadura militar (1976-1983), cuando se produjo la desaparición, según datos de asociaciones humanitarias, de 30.000 personas.

"Eso es una locura. Creo que hay gente que se equivoca. Lo que les pasa a algunos kirchneristas es que no pueden creer que no sean ellos los que estén en el poder", apuntó el presidente provisional del Senado sobre estas acusaciones.

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