Los Ángeles demanda al Departamento de Justicia por condicionar recursos

La ciudad de Los Ángeles presentó hoy una demanda contra el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos por imponer condiciones a las llamadas ciudades “santuario” en la entrega de fondos federales para la lucha contra el crimen.

“Estamos demandando para bloquear al Gobierno Trump de imponer su voluntad inconstitucional en nuestra ciudad”, expresó Mike Feuer, fiscal de Los Ángeles (California), en una conferencia de prensa.

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ha amenazado con cortar recursos a las ciudades “santuario”, aquellas que se niegan a colaborar en programas migratorios que son voluntarios, entre ellas Chicago y San Francisco.

El proceso legal en Los Ángeles, similar a uno interpuesto recientemente por Chicago, responde a los nuevos requisitos impuestos por el DOJ para otorgar las subvenciones de Asistencia Judicial Edward Byrne (JAG) para apoyar a autoridades locales a prevenir delitos.

A finales de julio, Sessions anunció que solo califican para este beneficio las jurisdicciones que colaboren de forma plena con las autoridades de inmigración.

“La administración está poniendo a Los Ángeles en una posición insostenible de arriesgar la seguridad pública o hacer del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) un brazo de la política federal de inmigración civil” advirtió Feuer.

Los fondos alcanzaron 1,8 millones de dólares durante el año fiscal 2016, y este año, Los Ángeles es elegible para recibir una cantidad similar para ser compartido entre la ciudad y el condado, principalmente para combatir las pandillas.

“La acción del Gobierno es tan irónica como ilegal, ya que los fondos en juego apoyan un programa modelo de la ciudad dirigido a la delincuencia violenta relacionada con pandillas”, insistió Feuer.

Señaló que se vio obligado a tomar este paso, después que el DOJ no contestara las peticiones telefónicas y escritas que la Fiscalía hizo a comienzos de mes.

La semana pasada Sessions arremetió contra las ciudades de Chicago y San Francisco por negarse a colaborar voluntariamente con las autoridades de inmigración y culpó a esas políticas de los delitos cometidos por inmigrantes indocumentados.

Las llamadas políticas de santuarios “nos hacen menos seguros porque socava intencionalmente nuestras leyes y proteger a los extranjeros ilegales que cometen crímenes”, expresó Sessions.

El presidente del Consejo de Los Ángeles, Herb Wesson, apoyó las acciones de Feuer, argumentando que la ciudad debe dar ejemplo a nivel nacional en esa lucha.