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El Estado deja a miles de niños sin la oportunidad de tener una familia

El acogimiento familiar es la medida recomendada para los menores tutelados, pero apenas aumenta en España en la última década

En 2012 casi el 40% de los 34.830 niños bajo protección de la Administración vivía en alguna institución

El Gobierno ha aprobado dos anteproyectos para dar protagonismo al modelo familiar, pero los expertos advierten de que lo que se necesita es "presupuesto y personal"

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Las grietas de la ley contra la violencia de género: ¿Y qué pasa con los menores?. \ PotironLight - Compfight

Más de 34.800 menores viven bajo alguna medida de protección en España \ PotironLight - Compfight

Javier, de siete años, juega con su padre mientras le cuenta qué hizo con su otro papá hace unos días. El niño ha crecido con una familia de acogida porque su padre biológico, en la cárcel, no puede ocuparse de él. Esta medida, a la que el Gobierno prevé dar más peso con dos nuevas medidas, permite a los menores bajo protección del Estado vivir en un hogar. Pero, a pesar de que es la fórmula recomendada por los expertos, sus cifras en España apenas han crecido en la última década.

Javier no se llama Javier. Ni los nombres de sus padres acogedores (Diego y Carmen) son los reales, porque han preferido guardar el anonimato para contar su historia. Su familia es también la de María, que llegó a la casa un año antes que el pequeño, desde una residencia. En su caso, la madre biológica de la niña, también menor de edad, no era capaz de atender sus necesidades.

Los ahora hermanos pertenecen a los 34.830 menores bajo alguna medida de protección del Estado en 2012, la última fecha para la que la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad tiene datos. Pero una segunda familia no es una realidad para todos estos niños. Miles de ellos, con diferentes historias –siempre duras– acaban en centros o residencias (la denominada institucionalización).

A pesar de la unanimidad que existe entre profesionales y autoridades de que el acogimiento familiar es la mejor opción, "hay un abuso de la institucionalización, insuficiente desarrollo del acogimiento y un tiempo excesivo para tomar medidas de protección familiares efectivas y estables", critica Jesús Palacios, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Sevilla. En 2012 un 39,3% de los menores tutelados vivía en algún centro. Más de 13.700 menores. 

La cifra apenas desciende en la última década y contrasta con las de nuestros vecinos. "En el entorno europeo, la atención institucional a niños pequeños está prohibida o en franca disminución. España ha sido (y sigue siendo) muy lenta en acabar con la institucionalización", explica Palacios.

No es una adopción

"Aunque se confunden a menudo, acogimiento no es adopción", afirma Santiago Agustín, psicólogo e investigador en el Instituto UAM-Unicef de Necesidades y Derechos de la Infancia. Mientras que las adopciones rompen los vínculos jurídicos entre el menor y la familia de origen (que no tiene derechos sobre el niño), el acogimiento tiene un carácter temporal y, de hecho, su verdadero objetivo es que el menor vuelva con su familia biológica cuando esta pueda encargarse de su cuidado.

"La recomendación de la ONU es dar las herramientas a los padres para enseñarles a cuidar bien a sus hijos", explica Agustín. La vinculación con la familia de origen se mantiene mediante visitas que varían en frecuencia, pero que suelen concertarse unas horas una vez al mes. "Poco tiempo para mantener una relación", opina el psicólogo.

Según la facilidad para que el niño vuelva a su hogar, la intervención del Estado se prevé de manera temporal o permanente. Este último supuesto plantea medidas más estables cuando se estima que los padres biológicos no podrán alcanzar a "corto o medio plazo" unos mínimos necesarios, según recoge la página web de acogimiento de la Comunidad de Madrid. Es el caso de María y Javier, que viven junto a sus acogedores desde hace seis años.

Las familias acogedoras critican la falta de ayudas del Estado para mantener a los niños./ L.O.

Las familias acogedoras critican la falta de ayudas del Estado para mantener a los niños./ L.O.

Las ventajas de la fórmula familiar

¿Por qué se recomienda la fórmula familiar? Durante los primeros años de vida, las personas aprenden más rápido que en cualquier otra etapa de crecimiento, por lo que la dedicación personalizada y comprometida es fundamental. Santiago Agustín recuerda que la ONU también propone el modelo familiar como el más beneficioso en el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño. "Hay muchos tipos de familia válidos. Lo que se necesita son unos referentes fijos para el niño. Unos adultos que le den cariño, que lo acuesten por la noche y estén ahí al día siguiente cuando se levante", indica el psicólogo.

Los referentes a estas edades son el eje sobre el que los menores articulan su conocimiento de lo que está bien y mal, de lo normal y lo conocido. Blanca B., de 21 años, recuerda que se sorprendió el primer día que sus padres de acogida le dieron un beso de buenas noches, a los seis años. Su progenitores, con problemas de drogadicción, no la llevaban al colegio y ni ella ni sus tres hermanos recibían buenos tratos. "Cuando lo cuentas la gente se sorprende, pero yo pensaba que eso era lo normal", apunta la joven.

Según un estudio del Grupo de Investigación en Familia e Infancia de la Universidad de Oviedo y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (1996-2006), los malos tratos marcan al 88% de estos niños, con padres asolados por la drogadicción, la limitación de recursos económicos y la prisión (por ese orden). 

Las familias demandan más apoyo del Estado

Las secuelas se suman a "la mochila", un término que surge antes o después en cualquier conversación sobre menores tutelados. Un peso invisible que los niños soportan fruto de las experiencias vividas y de la sensación de abandono que experimentan en muchos casos. "Son niños con baja autoestima; a veces han pasado por varios centros, colegios, barrios y les cuesta crear vínculos afectivos. También hacer planes, adaptarse y relacionarse con los demás porque han tenido que romper muchas relaciones previas", explica Santiago Agustín.

Por eso Jesús Palacios señala la importancia de actuar pronto, de que los niños no vayan deambulando de una residencia a otra, de un hogar al siguiente, con sus maletas.

Las diferencias en lo que invierte la Administración en un niño institucionalizado respecto a otro menor acogido son notables. Frente a los 2.000 o 3.000 euros al mes que cuesta mantener a un niño en una residencia, Carmen y Diego reciben una ayuda anual de 2.000 euros por cuidar a Javier, y lo mismo por María. La subvención asciende a 5.000 si se trata de un acogimiento de especial dificultad (con menores con discapacidad o grupos de hermanos, por ejemplo).

Además, el Estado debería contribuir en gastos como "las ayudas de oculista, de psicólogo, para el dentista...", pero Carmen y Diego afirman que ahora con la crisis es casi imposible conseguir la colaboración en estos gastos. La pareja forma parte de la Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad de Madrid (Adamcam). En una reunión a la que asistió eldiario.es, los miembros critican la escasa ayuda de las autoridades una vez les adjudican el niño. "Te recuerdan que no es tu hijo para unas cosas, pero luego se desentienden de todo lo que implica cuidarlo día a día", apunta una acogedora.

Aunque pueda parecer ilógico mantener un modelo de protección más caro y menos favorable para los menores, Jesús Palacios adjudica a la institucionalización una ventaja comparativa: es más cómoda. ¿Internar a los niños en centros o buscar familias, prepararlas, formarlas, apoyarlas y hacer seguimiento del menor? La tentación es enorme", resume el experto.

Para el catedrático, la apuesta del Gobierno para que ningún menor de tres años pase por una institución es "poco ambiciosa", en comparación con otros países europeos, aunque da la bienvenida a la limitación. Otro de los principales cambios en los acogimientos permanentes supondrá que, pasados dos años en los que los progenitores no cambien su situación para recuperar a sus hijos, las entidades públicas pueden tramitar cualquier medida de protección, incluida la adopción sin que sea necesaria la aprobación de los progenitores.

Cambios que son "oportunidades", sugiere Santiago Agustín. "De hacer las cosas bien, de dotar de presupuesto y mejorar la vida de la infancia tutelada", concluye.

El peligro de la adopción acelerada

Julia Ramiro Vázquez, socióloga y trabajadora social con estudios en adopción y protección de la infancia, plantea algunas dudas respecto a los "procesos acelerados" que plantean los anteproyectos del Gobierno. Si en dos años los padres biológicos no han intentado revertir el desamparo, sus hijos podrán ser adoptados sin su consentimiento. La doctora y profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) teme que la medida se conecte con las exigencias de adoptantes en lugar del interés de los menores. Ramiro cita las cada vez más largas listas de espera para las adopciones internacionales y el estancamiento de las nacionales. 

La profesora recuerda la prioridad de la familia de origen y advierte de un peligro: "Una especie de comercialización pública en la que los niños dejan sus 'malas familias' para ir con las 'buenas familias". El trabajo con las personas en riesgo, antes de que pierdan a sus hijos, es uno de los ejes en los que Ramiro, al igual que Santiago Agustín, incidirían con más importancia para mejorar la protección de la infancia.

Agustín advierte que los procesos de identidad son complejos y que, aunque muchos niños sean conscientes de que sus padres los han abandonado o maltratado, por ejemplo, sienten la necesidad de saber quiénes son y mantener un vínculo con ellos. A este propósito atiende una de las apuestas más novedosas de la reforma normtiva, la adopción abierta, en la que los padres biológicos pueden mantener algún tipo de relación con su hijo una vez adoptado por otra familia. Un modelo que funciona en países como Gran Bretaña, Austria o Canadá y que dará sus primeros pasos en España si salen adelante los anteproyectos.

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