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El Gobierno da marcha atrás y elaborará un censo de los inmuebles inmatriculados por la Iglesia

En una respuesta parlamentaria al PSOE, el Ejecutivo se compromete a elaborar un listado que recoja las propiedades inmatriculadas entre 1998 y 2015

Una ley aprobada en 1998 con el Gobierno de Aznar permitió registrar hasta 2015 los bienes de su propiedad que no habían sido oficialmente inscritos

Se calcula que la lista, que hasta ahora el Ejecutivo se había negado a hacer justificando que no era su competencia, puede ascender a 4.500 propiedades

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El Gobierno da marcha atrás y elaborará un censo de las inmatriculaciones. EFE

El Gobierno rectifica y ha anunciado la elaboración de un censo para contabilizar las propiedades inmatriculadas por la Iglesia en virtud de la 'ley Aznar', de 1998, que permitió hasta 2015 registrar los bienes que consideraba de su propiedad pero que no habían sido oficialmente inscritas.

Tras negarse durante años a esta pretensión, el Ejecutivo acepta las peticiones que permitirán saber cuántas propiedades, y cuáles, han pasado a manos de la Iglesia en estos años. Según las estimaciones, dichas propiedades -–que van desde casas parroquiales o parcelas hasta monumentos como la Mezquita de Córdoba– podrían ascender a las 4.500.

"Desde el Ministerio de Justicia, de acuerdo con sus competencias, se están impulsando las actuaciones necesarias (...) en lo relativo a la elaboración de un estudio en el que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica", responde el Gobierno a una pregunta parlamentaria de los diputados socialistas Antonio Hurtado, Gregorio Cámara y Juan Carlos Campo, según ha adelantado la Cadena Ser.

Hasta el momento, desde el Ejecutivo popular se habían negado a entrar en la polémica, aduciendo que no se trataba de una cuestión de su competencia, sino de los Registradores de la Propiedad. Sin embargo, en 2015 se cambió la Ley Hipotecaria, impidiendo que la Iglesia inscribiera más propiedades. El pasado 4 de abril, además, el Congreso aprobó una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para dar cumplimiento a esta petición, que no fue apoyada por el PP ni por Ciudadanos.

En 2016, el Tribunal Europeo de Estrasburgo condenó a España a pagar más de 600.000 euros a una empresa en Palencia que se vio afectada por una inmatriculación, una decisión que crea jurisprudencia. Pero hasta la fecha los tribunales han rechazado los recursos presentados por el Ayuntamiento de Córdoba reclamando la titularidad de la Mezquita-Catedral (que fue inscrita por 30 euros), y varias en Navarra, la comunidad autónoma más activa en esta petición. Otros ayuntamientos, como el de Zaragoza, estudian también acudir a la vía judicial para reclamar la titularidad de la Seo.

Aunque la normativa que permitía a la Iglesia inscribir, prácticamente gratis, inmuebles que consideraba de su propiedad, arrancó en 1998, fue a partir del año 2003 cuando los ecónomos de las 70 diócesis españolas comenzaron un movimiento que permitió registrar a su nombre 4.500 propiedades.

Las facilidades para registrar

El registro se llevaba a cabo sin más requisito que una certificación del Obispo (que ejerce como notario según los Acuerdos Iglesia-Estado), sin estar obligada a hacerlo público por edicto y sin pagar el impuesto de transmisión patrimonial.

Gracias a este resquicio legal, no sólo se inscribieron templos de culto, sino también ermitas, casas parroquiales, cementerios y fincas anexas, que posteriormente la Iglesia pudo vender a precio de mercado. Algo que, sin duda, proporcionó pingües beneficios a las arcas de la Iglesia.

Ahora, el Gobierno se compromete a que, en el plazo de seis meses, haya un registro oficial de qué inmuebles o terrenos se han incorporado al listado de propiedades de la Iglesia. Lo que, posteriormente, permitirá a las autoridades públicas, en su caso, reclamar la titularidad pública de los mismos o, al menos, que la Iglesia pague un justo precio por terrenos que, en muchos casos, siempre han sido propiedad del pueblo.

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