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Las terrazas cerradas de Madrid se saltan la ley antitabaco

La ley prohíbe fumar en cualquier espacio techado y con más de dos "paredes, muros o paramentos"

La asociación Nofumadores.org denuncia que la Comunidad que preside Ignacio González es la más permisiva de todo el Estado

Madrid cuenta con 17 inspectores para controlar el cumplimiento de la norma, mientras que Andalucía tiene 815

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Una foto tomada en 2011 en un restaurante coruñés que habilitó una furgoneta para que sus clientes pudieran fumar sin pasar frío en la terraza. /EFE

Una foto tomada en 2011 en un restaurante coruñés que habilitó una furgoneta para que sus clientes pudieran fumar sin pasar frío en la terraza. /EFE

Desde que en enero de 2011 se prohibió fumar en establecimientos cerrados, los hosteleros se apresuraron en sacar las sillas a la calle. Con el afán de proteger a sus clientes del frío, muchas de estas terrazas se han convertido en sitios cada vez más estancos donde se permite fumar. La ley lo prohíbe "en todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos".

Las terrazas cerradas para fumadores se propagan por toda España, pero es Madrid, que manifestó su rechazo a la ley desde el principio, la que más hace la vista gorda: "El tema de las terrazas en Madrid es vergonzoso", asegura Raquel Fernández Megina, presidenta de la asociación Nofumadores.org, una asociación sin ánimo de lucro formada por ciudadanos de todas las comunidades autónomas que desde hace más de 10 años pelean para conseguir que se respete su derecho a no tener que respirar el aire del tabaco en espacios públicos. 

"En Madrid llevamos dos años denunciando, con nombre, apellidos y foto del local, a la Agencia Antidroga [el órgano competente] y lo único que conseguimos es una carta en la que nos dicen que van a incluir la denuncia en el Plan General de Inspección. Nada más", denuncia Fernández. Las terrazas continúan abiertas. En la calle Santa Engracia de la capital hay varias de ellas. Se cuentan por decenas en toda la ciudad. "El problema es que no sabemos si van a inspeccionar o si no van, porque la Agencia Antidroga se niega a darnos informes", explica.

En la Consejería de Sanidad, de la que depende la Agencia Antidroga, explican que no disponen de datos concretos de todas estas terrazas que cita Nofumadores.org. No pueden explicar, por tanto, si se ha realizado la inspección, si se llegó a producir una sanción y el hostelero reincidió, o bien si la Administración hizo la vista gorda. El caso es que estas terrazas siguen incumpliendo la ley. Fumar en una de estas terrazas está considerado una infracción leve, que tiene una sanción de entre 30 y 600 euros, dependiendo del caso. Por su parte, el hostelero que permite fumar en una terraza que no cumple los requisitos comete una infracción grave. Las multas en estos casos van desde 601 hasta 10.000 euros.

Denuncias con respuesta

Nofumadores.org tiene delegaciones en toda España. El portavoz de la "zona norte", José Manuel Antuña, explica que allí, en general, "las inspecciones funcionan y son efectivas". Según detalla, "incluso se empieza a ver que los ayuntamientos más grandes hacen un seguimiento directo en el tema de las terrazas. En ciudades como Oviedo se pueden dar por desaparecidas". Del mismo modo, en Cataluña, y más concretamente en Barcelona, "no es una situación ni mucho menos generalizada. Las terrazas con cuatro laterales cerrados son anecdóticos", explica el portavoz de Nofumadores.org en la zona, Juan Carlos López. Por su parte, el portavoz en Andalucía, Ubaldo Cuadrado, se muestra más crítico con la situación en las zonas más turísticas de Cádiz, Málaga y Algeciras. "Las terrazas son el talón de Aquiles de la Ley del Tabaco", asegura.

Raquel Fernández concluye que la principal diferencia de Madrid con el resto del Estado es la actitud, la respuesta de la Administración: "Por lo menos en el resto nos indican que han estado pendientes, han tomado medidas y nos informan". Hace un año, la asociación pidió una reunión a la Agencia Antidroga, pero aún no ha obtenido respuesta. "En Madrid jamás ha habido voluntad política de cumplir la ley", insiste.

Comunidad insumisa

La Comunidad de Madrid ya fue muy crítica con la primera ley antitabaco, la que se aprobó en 2006. Su presidenta por aquel entonces, Esperanza Aguirre, se declaró insumisa y adaptó la ley con un decreto que prácticamente la anulaba. El Tribunal Supremo lo tumbó en 2011, justo unos meses después de que ya se hubiera aprobado la reforma que relegó los espacios con humo al aire libre. Aguirre, y también su sucesor, Ignacio González, siguieron mostrando su rechazo a la ley antitabaco para contentar al multimillonario Sheldon Adelson. Parecía que la decisión del magnate de situar Eurovegas en Alcorcón o no dependía de que se permitiera fumar en los casinos. Finalmente, el proyecto se esfumó.

El Comité Nacional Para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) también muestra su preocupación por el número creciente de terrazas más cerradas de lo permitido donde se permite fumar. "No se puede bajar la guardia, hay que seguir haciendo controles e inspecciones", insiste su portavoz, Francisco Camarelles.

Para el CNPT, formado por distintas sociedades médicas y profesionales del ámbito sanitario, "todavía queda mucho por hacer". En ese sentido, Camarelles, apunta uno de los déficits más graves de la implantación de la ley: la falta de datos. La Encuesta Nacional de Salud arroja cada dos años información sobre la prevalencia del tabaquismo, pero como indica el portavoz del CNPT, no existe ninguna base de datos pública y accesible donde contabilizar el número de inspectores, las denuncias que reciben y las sanciones que aplican las autonomías por el incumplimiento de la ley antitabaco. Para conseguir estos datos, es necesario llamar comunidad por comunidad.

17 inspectores

En Madrid hay 17 inspectores, de la Agencia Antidroga, que se dedican "exclusivamente" a controlar  el cumplimiento de la ley, sobre todo en bares, terrazas, locales de ocio, según recalcan en la Consejería de Sanidad. A diferencia de otras autonomías, Madrid dotó a un cuerpo especial para estas labores. En Andalucía, en cambio, hay 815. Según explican en la Consejería de Sanidad, no tienen inspectores específicos, sino que "los controles antitabaco forman parte de las inspecciones a establecimientos como otra línea más".

Del mismo modo, en Catalunya, las tareas de inspección del consumo de tabaco corresponden a todos los inspectores de Salud autonómicos y municipales, sin restringir dicha labor a unos inspectores con dedicación exclusiva. Este diario ha solicitado al Departament de Salut datos sobre su sistema de inspecciones pero no ha obtenido respuesta.

Para Raquel Fernández, gran parte del problema es que la vigilancia debería ser un asunto transversal. Y es que en la práctica, esta situación hace que si un policía de Madrid pasa por terraza con cuatro paredes que vulnera la ley, no actúa de oficio. "La ley se cumple, porque tiene un apoyo ciudadano brutal, pero no porque las autoridades que tienen la obligación de que se cumpla haga algo al respecto", insiste Fernández.

Rubén Sánchez, portavoz de Facua, es de la misma opinión que Fernández. Denuncia la falta de transparencia, en general, por parte de las autonomías, y añade que los inspectores no suelen trabajar de noche, que es cuando más infracciones se cometen. Rubén Sánchez añade otra realidad que, a su juicio, no ayuda a que se cumpla la ley. "La mayoría de las sanciones, por protección al consumidor, son secretas. Si las multas al establecimiento se difundieran sería una medida ejemplarizante. Al contrario, la sensación es de que no se multa a nadie y los dueños están muy tranquilos", asegura.

También los inspectores sanitarios consideran que la vigilancia debería ser transversal. "No debería de haber un cuerpo de inspección concreto, sino que deberían actuar agentes de autoridad de las tres administraciones, ayuntamientos, autonomías y Estado", explica Luis Manuel Garrido, presidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios. Este cuerpo sólo vigila el cumplimiento de la Ley dentro de los centros sanitarios.

Los hosteleros niegan que haya conflicto

"Nos hemos adaptado al estilo de vida, no generamos ningún conflicto", asegura Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería FEHR. "La extensión de las terrazas a lo largo de todo el año es una situación inducida por la propia ley, responde a la forma de vida de los establecimientos y del consumidor español", añade.

Pero, ¿qué pasa cuando en esas terrazas cerradas, alguna incluso con puerta, se puede fumar? Los hosteleros aseguran que la situación no genera ningún tipo de problema. "La gente se acopla, es más tolerante que los renglones del BOE", asegura Gallego. El secretario general de la FEHR recuerda que "nadie está obligado a estar en un sitio que no esté a gusto", y como hay más de 300.000 establecimientos de hostelería en toda España, "todo el mundo encuentra su espacio".

Pese al auge de las terrazas, el sentir general es que la ley se cumple. El Ministerio de Sanidad destaca que "la prevalencia del consumo de tabaco se ha reducido de manera significativa", y destaca cómo se ha pasado del 28,1% de fumadores diarios en 2003, al 24% en 2012, según la última Encuesta Nacional de Salud.

El CNPT se muestra más autocrítico y destaca como en Inglaterra, el porcentaje de personas que dicen fumar a diario es del 20%. "Queda mucho por hacer en prevención, pero no es la prioridad para el Ministerio, a pesar de que es la principal causa de muerte", denuncia Camarelles. Cada año, unas 55.000 personas mueren en España por una enfermedad relacionada con el tabaquismo.

Un observatorio en standby

"Las leyes hay que aplicarlas y vigilarlas", insiste Camarelles. En 2006, cuando se aprobó la primera Ley Antitabaco, precusora de la vigente, se creó el Observatorio de Prevención del Tabaquismo. Hace dos años que no se reúne, denuncia Camarelles, miembro del Observatorio. Según explica, en aquella última reunión acordaron que cada comunidad autónoma debería informar periódicamente de cuantas inspecciones y sanciones pone. En la práctica, las autonomías son libres de dar esos datos o no. "Desde el principio se acordó que no fuera obligatorio", explica el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Los únicos datos que facilita el Ministerio sobre la ley antitabaco son sobre prevalencia del tabaquismo.

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