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La justicia frena el intento de Caixabank de alejar de una oficina la protesta de un cliente en proceso de desahucio

José acude todas las mañanas desde noviembre a la puerta de la sucursal que le negó la dación en pago y ahora le ha abierto un proceso de ejecución

La entidad pidió una orden de alejamiento denegada por un juez que también absolvió al cliente y 13 activistas de un delito de coacciones 

"No es el objetivo constreñir el derecho a manifestarse que tiene cualquier ciudadano, pero ello no puede impedir que la oficina abra al público", afirma el banco

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José en la puerta de la oficina de Caixabank donde se manifiesta desde noviembre. / Marta Jara

José en la puerta de la oficina de Caixabank donde se manifiesta desde noviembre. / Marta Jara

José tiene 59 años y lleva desde noviembre acudiendo todos los días a la que ha sido su oficina bancaria "de toda la vida". Ya no va para hacer gestiones relacionadas con su hipoteca porque no paga desde enero. Va para pedir la dación en pago, es decir, que se queden su casa a cambio de que le condonen la deuda de 170.000 que mantiene con el banco y que no puede seguir asumiendo, según cuenta.

Al principio trasladó esos reclamos al interior de la sucursal –ubicada en el municipio madrileño de Pinto– en varias ocasiones, apoyado por activistas de colectivos de vivienda. Y, pese a que asegura que su protesta siempre fue pacífica, la entidad le denunció por coacciones y pidió sin éxito a la justicia una orden de alejamiento para evitar que sus quejas calaran en los clientes de la sucursal, cuya afluencia y actividad ha caído desde entonces, justifica el banco.

El juez absolvió la semana pasada a todos los acusados "dada la existencia de versiones contradictorias", según el fallo al que ha tenido acceso eldiario.es. La sentencia asegura que no hay "suficientes elementos de prueba que desvirtúen la presunción de inocencia" de José y otros 13 compañeros.

El periplo judicial se inició en noviembre con una denuncia del director de la sucursal. Según su testimonio, un grupo de 20 personas entró en la oficina "comenzó a cantar, a silbar, a llenar la oficina de confeti y a sentarse en el suelo, no causando daño alguno en el interior". Tras llamar a la Guardia Civil, que identificó a los activistas, la dirección de la oficina decidió cerrarla porque "no dejaban realizar correctamente la actividad" y el grupo abandonó "de forma voluntaria y pacífica" el lugar.

En una ampliación de la denuncia, el director se refiere a un episodio similar durante el que, asegura, le insultaron con calificativos como "sirvergüenza" o "hijo de puta" y pegaron carteles en la fachada, según su declaración. Y habla también de otra acción en una oficina del mismo municipio madrileño (Pinto) que acabó con un cajero roto y pintado con spray, según la versión de la entidad tras ser desalojados del interior.

Con el argumento de que la protesta perjudica la imagen de Caixabank y "hace difícil la vida laboral del personal" del banco, la entidad solicitó en el proceso una orden de alejamiento de 20 metros de la puerta "para permitir que la sucursal se pueda abrir al público", tras cerrarse durante dos semanas por este motivo. "No se puede trabajar en esas condiciones y se pueden generar evidentes situaciones de tensión", alega Caixabank, que defiende que la protesta "ocasiona un perjuicio para la entidad" y también para los clientes.

"No es el objetivo de esta parte constreñir el derecho a manifestarse que tiene cualquier ciudadano, pero ello no puede impedir que la oficina abra al público", dice la entidad en un escrito. El juez se la negó y también el recurso que presentaron a esa decisión. La fiscalía manifestó que la medida de impedir que se acerquen es "desproporcionada en atención a las circunstancias del caso".

Una hipoteca a 30 años con casi 50

José y dos activistas con los carteles que tienen desplegados en la calle. / Marta Jara

José y dos activistas con los carteles que tienen desplegados en la calle. / Marta Jara

Caixabank decía en noviembre pasado en unas alegaciones al juzgado que "la protesta es un sinsentido" porque en ese momento el cliente estaba "al corriente de pagos y no hay ningún procedimiento de desahucio". José confirma que continuó asumiendo los 800 euros de letra mensual dos meses después de iniciar la protesta pública y con la esperanza de que se solucionara.

Solicitó la dación en pago en mayo de 2016, entregó los papeles que le requirió la entidad para valorar su caso y en noviembre se la denegaron. "En la oficina me hicieron confiar en que iba a ser posible y al final, no", cuenta. El motivo: en su hipoteca hay cuatro titulares (él, su exesposa y sus dos hijos) y entre todos los miembros pueden pagar la mensualidad.

¿Cuatro titulares para una única hipoteca? La razón está en que a José le concedieron un crédito de más de 300.000 euros a 30 años cuando tenía 48. De ahí que sus dos hijos, entonces ya mayores de edad, fueran puestos como titulares también del contrato.

"Me vi en esta situación tras separarme de mi pareja el año pasado. Yo cobro la prestación para mayores de 55 años y ella gana 700 euros. Entre los dos es imposible. Mis hijos trabajan pero tienen ya sus respectivas familias y están independizados. Al estar de titulares todo se complica", explica José.

El afectado dice que la entidad le propone como alternativa que venda su casa, ahora tasada en solo 120.000 euros, y pida un crédito personal para pagar el resto de la deuda que le queda (50.000). Fuentes de Caixabank aseguran que "se están estudiando diferentes opciones y, de momento, aunque el proceso sigue abierto ya se ha comunicado a la unidad familiar la concesión de un alquiler social" en otra vivienda. No concretan que pasará con la deuda restante.

Caixabank, con quien se ha puesto en contacto eldiario.es, defiende que tiene un plan de ayudas para particulares con hipoteca y que es el banco que "más daciones en pago" ha dado desde 2009 (22.400). "Buscamos hasta la última solución para que la familia se pueda quedar", dice una portavoz a este medio, que justifica que cada caso es analizado "por un comité interno para valorar la situación concreta". "Si cumplen los requisitos (primera vivienda, capacidad económica insuficiente...) se aprueba la dación. Los casos en los que se deniega es porque no cumplen esos requisitos", explican desde la entidad.

Mientras tanto, se mantiene abierta otra causa contra el cliente y otros cinco activistas por desórdenes públicos aún pendiente de juicio. El afectado también tiene tres multas por no abandonar la sucursal cuando se lo pedía la dirección, una acción castigada con 100 euros por la Ley de Seguridad Ciudadana. Ahora aparece la Guardia Civil cada vez que intenta entrar a la oficina y, dice, se marchan para evitar más problemas.

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