El Supremo decide este martes si se saca el cuerpo de Franco y Primo de Rivera del Valle de los Caídos
El Valle de los Caídos es la fosa común más grande de España. Allí reposan 33.847 cadáveres. De ellos, 12.419 están sin identificar. Se levantó no como espacio de reconciliación, sino como “tributo de admiración a los que legaron una España mejor (...) un lugar de reposo para los héroes y mártires de la Cruzada”, según el real decreto de 1940 firmado por el dictador.
Sin embargo, acabaron enterrados allí miles de republicanos represaliados en columbarios dentro de la Basílica tras ser trasladados sin el permiso de las familias. En lugar preeminente, frente al altar, reposan dos tumbas con nombre: Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.
Este martes, la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se pronunciará sobre qué hay que hacer con el Valle y si se resignifica para que sea un espacio de memoria. Será la respuesta a un recurso presentado en marzo de 2016 por el jurista Baltasar Garzón y los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz. En él, piden al Supremo que se convierta el Valle de los Caídos en un lugar de memoria, dignificación y homenaje de las víctimas del franquismo.
La vía contencioso-administrativa
En una rueda de prensa, Garzón ha destacado que este conjunto monumental, formado por la basílica, la cruz, una abadía, una hospedería y una escolanía, es ahora “un espacio de una facción que masacró, no un espacio de reconciliación”. Piden que el Supremo se pronuncie por lo contencioso-administrativo, después de que la justicia haya descartado la vía penal –el Supremo cerró el caso penal que llevó el propio Garzón cuando era magistrado en la Audiencia Nacional– y la vía civil –tras anular el gobierno el concepto de perpetua memoria–.
Las peticiones del recurso son varias. Por una parte, solicitan que las inversiones de dinero público sean transparentes. “Sabemos que desde 2012 a 2015 la fundación que gestiona el Valle ha recibido 340.000 euros anuales”, ha dicho Garzón, pero no se desglosa en qué se ha gastado ese dinero. Ranz ha añadido que se recaudan 9 euros por cada entrada “que no se sabe en qué se gastan”, y que el alojamiento de la hospedería aparece en booking.es, sin que se sepa tampoco a dónde va el dinero.
También se pide que se deroguen las normas de creación de la basílica y la Fundación de la Santa Cruz por inconstitucional, que se convierta en un espacio de memoria y homenaje de las víctimas del franquismo allí enterradas, además de pedir su identificación y exhumación a cargo del Estado (ahora se están haciendo a cargo de las víctimas ya que Rajoy ha dejado sin presupuesto la Ley de Memoria Histórica).
Dentro de esas medidas, está también retirar los cuerpos de Franco y Primo de Rivera adonde decidan las familias. Esta petición de sacar del Valle el cuerpo del dictador es coincidente con la reciente propuesta del PSOE en el Parlamento. Para sacar el cuerpo del dictador hay que esquivar varios obstáculos, entre ellos que al estar en una basílica la Iglesia ha de estar de acuerdo.
El recurso pide además la supresión de simbología franquista en el Valle –hay escudos preconstitucionales, como ha destacado Ranz– y una declaración del jefe del Estado, el rey Felipe VI, en el Parlamento pidiendo perdón a las víctimas de la dictadura por el sufrimiento causado.
Esta misma petición se había enviado en 2015 al Consejo de Ministros. Según ha explicado Garzón, no obtuvo respuesta, de modo que lo presentaron ante el Supremo, que el próximo martes 28 delibera y falla sobre estas peticiones. Una vez presentado por vía judicial, los tres abogados recibieron respuesta “extemporánea” del Gobierno. En ella, el Consejo de Ministros aducía que había que buscar “consenso social” antes, que al estar los restos en una basílica se requería el acuerdo de la Iglesia o que la reparación de las víctimas tenía que hacerse de manera individual y a petición de la propia víctima.
“Las autoridades españolas no alcanzan a entender lo que es la reparación como medida restaurativa. El problema es que no se quiere hacer, y es ilegal no querer aplicar una ley [la de Memoria Histórica]. El poder judicial tiene la posibilidad de decir lo que se debe hacer, y tiene la obligación de proteger a las víctimas”, ha dicho Garzón.
Manuel Ollé ha insistido en esta idea de que la justicia debe adecuar este espacio a la legislación española y ha puesto como ejemplo otras iniciativas internacionales para la reparación, la memoria y la justicia con las víctimas, como la Escuela Mecánica de la Armada en Argentina.
Si no se pudiera hacer lo que piden en el recurso, los abogados apuestan por que haya al menos una reparación simbólica, que se lleve al Valle a las familias, se les enseñe y se cuente la verdad también a los visitantes, el significado de este conjunto monumental en el que trabajaron esclavos, “porque diferenciar víctimas es peligrosísimo, y no he conocido a ninguna de las del franquismo que quiera abrir heridas o acabar con la reconciliación, solo quieren recuperar a sus familiares y que el estado del que son parte los reconozca”, ha concluido Garzón.
