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Aguirre no puede renovar la seguridad de los juzgados

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La crisis económica da la cara de muchas maneras. A los gobiernos no sólo no le cuadran las cuentas sino que, además, parte de sus responsabilidades que han derivado al sector privado se ven zarandeadas por los avatares que atacan a las empresas con las que contratan los servicios de los que son responsables. Así las cosas, en la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular más neoliberal de España, se les ha enquistado una concesión de algo más de 14 millones euros. El trabajo consiste en la vigilancia y seguridad de los órganos judiciales que dependen de la Consejería de Justicia (justo una de las competencias que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, quiere devolver al Estado).

El modelo de contratación de empresas para muchas funciones públicas no es exclusivo del Ejecutivo regional madrileño pero sí es donde más extendido está. Tanto que si las empresas no ven claro el negocio, su desapego dificulta el funcionamiento del Gobierno.

En este caso, el concurso para adjudicar dicho contrato millonario preveía la apertura de las ofertas el pasado 8 de febrero. Sólo una empresa se presentaba: Esabe Vigilancia S.A. El problema es que Esabe arrastra un historial de impagos a sus trabajadores en sus diferentes divisiones que cruza toda España (la limpieza en Sevilla o en Extremadura y la propia vigilancia en centros sanitarios públicos, museos y de Correos en la Comunidad Valenciana). De hecho, Esabe Limpieza fue expulsada el 21 de mayo de este año de los organismos de la Justicia de Madrid por el impago de nóminas (los trabajadores estaban en huelga indefinida y han sido subrogados por ISS aunque deberán reclamar lo que les adeuda Esabe en la vía judicial).

Con este maremágnum, la vigilancia de los organismos judiciales bajo la competencia del Ejecutivo de Esperanza Aguirre depende de la prórroga de dos adjudicaciones que ahora debían fusionarse en una sola. La Dirección General de Justicia emitió una resolución el 10 de febrero para abrir las ofertas tras la revisión anunciada el 15 de ese mes. Pero Esabe es la única que seguía acudiendo al concurso. Es decir, o se declaraba desierto y se repite o se adjudicaba a Esabe. De momento nada de eso ha ocurrido.

Pero ¿es que ninguna empresa del sector de la seguridad tiene interés en llevarse una tarta de 14 millones de euros que es lo que paga la Comunidad de Madrid? La respuesta que dan desde el sector es que a ese contrato “le falta al menos un millón de euros para que sea viable”, explican. No es que “no quieran la adjudicación de Madrid, es que con esas condiciones no es negocio”, remachan. Y ¿por qué Esabe admite esas condiciones? La respuesta de los especialistas en seguridad que ahora mismo trabajan en las sedes judiciales madrileñas es: “Necesitan ingresos para tapar los agujeros que han ido dejando”. Esabe no responde.

Los juzgados siguen a día de hoy vigilados. Las empresas que están al cargo de la seguridad, Eas Tecno System y Seguridad Integral Madrileña, han debido prorrogar su servicio. De hecho, el concurso que ganaron ambas empresas caducó el 31 de diciembre de 2010 pero Justicia les prorrogó el contrato un año mientras se preparaba el concurso ahora empantanado. Por el camino se ha quedado el Campus de la Justicia, el fracasado plan para utilizar una de las Cuatro Torres del paseo de la Castellana para unificar juzgados y la agrupación de varios de ellos en la plaza de los Cubos. Pero los planes del Ejecutivo para renovar la contrata bajo una única empresa del sector (lo que se suponía que podría ahorrar gastos) se han quedado bloqueados al acudir a su llamada, al menos de momento, sólo una empresa que genera dudas razonables sobre si puede ejercer servicios públicos mientras acumula trabajadores impagados.

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