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Análisis de una ley a tumbar

Frente a la persecución de los ciudadanos que realizan copias, se encuentran quienes piensan que el libre acceso a la cultura es un valor que debe ser protegido

La nueva Ley de Propiedad Intelectual fomenta el adoctrinamiento en favor de la primera posición, porque obliga a las entidades de gestión a promover campañas en ese sentido

Cómo queda la Comisión Sinde-Wert y la copia privada después de los últimos cambios en la ley

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Ministro José Ignacio Wert, uno de los iniciales impulsores de esta ley

Frente a aquellos que consideran piratería prácticamente cualquier copia no autorizada y que creen que la represión es la única vía para combatirla, vienen luchando desde hace años los que piensan que el libre acceso a la cultura es un valor que debe ser protegido.

Ese interés social no es incompatible con otro interés también social: el de que los creadores vean remunerado su trabajo para que sigan creando obras a las que luego poder acceder con esa libertad. Descartando la persecución de los ciudadanos que realizan copias, personas como Richard Stallman y el profesor William Fisher llevan años proponiendo sistemas de remuneración para los creadores que no impiden la libre circulación de las obras intelectuales.

Intentando llevar esta teoría a la práctica, en Francia se planteó como sistema de remuneración para los creadores la Licencia General Opcional, que fue rápidamente tumbada por los lobbies de la industria, que lo consideraban levantar una bandera blanca ante un enemigo que todavía se podía derrotar.

Pese a la existencia de las dos posturas y las decenas de ellas que se sitúan en medio de ambas con matices de menor o mayor trascendencia, los medios de comunicación únicamente emiten, como verdad única y universal, aquella que es defendida por las multinacionales titulares de derechos. Pretende asentarse así un pensamiento único que se presenta a sí mismo, más que como una opción ideológica, como irrefutable sentido común.

Fomentando el adoctrinamiento

La Ley de Propiedad Intelectual, cuyas enmiendas se aprobaron el martes en el Congreso y que está a un paso de ser definitivamente aprobada, no solo es la traslación a una ley de cada uno de los deseos de la industria, sino que institucionaliza también sus ideas como única opción. La futura Ley obliga a las entidades de gestión a invertir sus recursos en promover campañas “de formación, educación o sensibilización sobre oferta y consumo legal de contenidos protegidos, así como campañas de lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual”.

Más allá de institucionalizar a una sola de las tesis en debate como única opción posible, resulta sorprendente que una ley pueda marcar las directrices ideológicas de asociaciones privadas. No cabe duda, siendo como son, de que las ocho entidades de gestión actuales estarán encantadas con esta obligación, pero piénsese en la posibilidad de que nazca una nueva entidad de gestión -por ejemplo de autores copyleft- que tenga planteamientos e intereses muy distintos a la lucha contra lo que esta ley considera una vulneración de derechos y que son actividades de lo más cotidianas, y que, sin embargo, se encuentra legalmente obligada a realizar y financiar campañas a años luz de sus principios, filosofía y maneras de entender los conflictos con la propiedad intelectual.

La Comisión Sinde-Wert

La Comisión Sinde quedará fortalecida. Ahora podrá actuar contra cualquier página o servicio que, a su juicio -y que no suele coincidir con el de los jueces- vulnere derechos de propiedad intelectual. Pese a que en el Proyecto de Ley se incluía que la supuesta infracción debía ser “significativa”, ese requisito ahora se anula, quedando a criterio de esa Comisión decidir si debe o no iniciarse el procedimiento.

Por otro lado, aunque ya vienen haciéndolo sin necesidad de esta reforma, la futura Ley de Propiedad Intelectual permite que el procedimiento se dirija contra las páginas de enlaces, salvando así las reiteradas sentencias y resoluciones que vienen considerando que estas páginas no infringen derechos de propiedad intelectual.

Y no solo eso, la Comisión Sinde-Wert ahora podrá adoptar medidas para interrumpir un servicio, podrá cerrar una página web e incluso multar con hasta 300.000 euros a aquellos que considere que reanudan la infracción. No hay que pasar por alto que actualmente la Comisión Sinde viene considerando que reanudan la infracción incluso foros de internet que han retirado los contenidos o enlaces controvertidos pero que después estos han vuelto a ser subidos por sus usuarios.

Es evidente la inseguridad en la que se encontrarán servicios como YouTube o, en general, cualquiera cuyos contenidos son aportados por sus usuarios. De hecho, incluso con la ley actual, la Comisión Sinde ya ha solicitado el cierre de la web Goear, un YouTube español que tiene la particularidad de que aloja archivos de audio en lugar de vídeo, y ello con la excusa de que parte de los archivos retirados por el servicio han vuelto a ser subidos por sus usuarios.

El Canon AEDE

La futura LPI dice que las webs que agregan fragmentos no significativos de obras divulgadas en publicaciones periódicas tienen que pagar una remuneración al editor de la publicación.

Llamado por los medios a los que beneficia, “tasa Google”, para que creamos que esto es una pelea entre millonarios que ni nos va ni nos viene, el canon AEDE afectará sin embargo a múltiples servicios que puedan entrar en esa amplia definición legal. Agregadores de contenidos como Menéame pueden encajar perfectamente y es de prever que, cuando entre en vigor la ley, su viabilidad en este país estará seriamente comprometida.

La copia privada

Apenas existía ya y ahora es meramente testimonial. La copia privada, que queda ahora casi emparentada con la mera copia de seguridad, será la que haces de un original, de la tele o de la radio. Básicamente las copias que hace en esta temporada la familia Alcántara. ¿Cuál es la razón por la que se deja esta anacrónica definición de copia privada cuando bien podrían ya simplemente quitarla? Pues porque necesitan dejarla para justificar legalmente el canon que grava esas copias y que ahora está a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Con esta ley, la industria de los contenidos sigue ganando batallas sobre el papel. Sin embargo, la realidad de ahí fuera, mucho más tozuda, lleva años demostrando que este tipo de reformas no son más que un aliciente para hacer más sofisticadas las herramientas que se usan para compartir. Con esta decisión varias veces ratificada de no adaptarse a la nueva realidad que les ha tocado vivir, me temo que esta industria de los contenidos caerá. Nos culparán a nosotros y no a esa estúpida ilusión, a esa idiota obstinación, de agarrar con sus manos un río de unos y ceros.

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