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¿Hasta cuándo los españoles van a soportar la injusticia fiscal?

Lo que España necesita, y bastante más que cualquier otro país de nuestro entorno, es una reforma fiscal que aumente los ingresos estatales. Es la única manera de parar la insensata carrera de los recortes

Queda en el aire la pregunta de cuánto tiempo puede aguantar un sistema fiscal en cuya justicia y eficacia no cree nadie, ni los que pagan ni obviamente los que defraudan

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El motivo oficial de los recortes de sus gastos que el Estado viene haciendo desde 2010, particularmente de los sociales y los de inversión, es la necesidad de reducir el déficit público –o de frenar su crecimiento- en una situación en la que los ingresos caen por culpa de la crisis económica. La presión europea completa esa visión oficial de las cosas. Porque desde Bruselas se dice a Madrid que la citada reducción de gastos es la condición sine qua non para ayudar financieramente a España y evitar así que suspenda pagos.

El gobierno del PP repite ese mantra desde que ganó las elecciones en noviembre de 2011 (antes de esa fecha, Rajoy evitó pronunciarse sobre esa cuestión). El del PSOE hizo lo mismo desde el verano del 2010 hasta que tuvo que abandonar La Moncloa. En las últimas semanas los socialistas han dado muestras que están tratando de cambiar de discurso al respecto. Sin embargo, su intento es de muy corto alcance, al menos hasta el momento. Han dicho que van a proponer una reforma fiscal. Pero han concretado muy pocos de sus contenidos. El más preciso es la eliminación de las exenciones fiscales de las que gozan las actividades y los bienes de la Iglesia Católica.

Pero los antecedentes no favorecen al PSOE en este punto. Porque José Luis Rodríguez Zapatero hizo esa misma promesa hace cinco años. Y siguió otros tres en el gobierno sin llevarla a la práctica. Sin embargo, ese no es el aspecto más discutible de la posición del PSOE en materia fiscal, sino el hecho de que sus propuestas no cuestionen sustancialmente y, lo que es más importante, con iniciativas concretas, la visión oficial del ajuste fiscal, del citado mantra.

Porque lo que España necesita, y bastante más que cualquier otro país de nuestro entorno, es una reforma fiscal que aumente de manera sustancial los ingresos estatales. Es la única manera de parar la insensata carrera de los recortes. Que si prosiguen al ritmo actual durante unos cuantos años más, reducirán nuestro Estado a una caricatura del actual, que ya es bastante más reducido que el de 2008.

Y la única vía para aumentar los ingresos consiste en lograr que paguen impuestos todos los que tienen que pagarlos y que lo hagan en la medida que en justicia les corresponden. Pero eso hoy sería una revolución –tan gorda y tan seria como cualquier otra- en un país como el nuestro, en el que hoy el fraude y la evasión fiscal –sobre todo la tolerada o no perseguida-, así como las exenciones y deducciones fiscales sin cuento y sin razones de peso, campan libremente y, según parece, están creciendo, justamente al calor de la crisis.

Un dato que se conocía la pasada semana viene a confirmar lo difícil que es un para un partido con la trayectoria del PSOE encabezar una iniciativa tan ambiciosa como esa. Alejandro Bolaños contaba en El País que el informe de recaudación de Hacienda relativo a 2011 confirmaba que los grupos consolidados de empresas, es decir, los gigantes empresariales españoles, habían pagado en ese año 3.012 millones de euros por el impuesto de sociedades, es decir, únicamente el 3,5 % de los 85.984 millones de beneficios que habían declarado. Y añadía que, en buena medida, tal éxito de sus asesores fiscales, se debía a las sucesivas reformas del citado impuesto que habían hecho los gobiernos de Zapatero desde 2006. El propio presidente dijo por aquel entonces que bajar impuestos “podía ser de izquierdas”.

Dejando de lado las responsabilidades de los socialistas en materia de injusticia fiscal, otras fuentes indican que en 2012 Hacienda recaudó por rentas de salarios cuatro veces y media más que por rentas de capital y de empresas juntas, que sólo los impuestos aplicados a las pensiones supusieron ese mismo año 1,62 veces más que las citadas rentas de capital y de empresas, y, lo que es aún más significativo, que la crisis está golpeando duramente todos los capítulos de ingresos fiscales… menos los que tienen que ver con el trabajo: si la recaudación por IRPF fue de 71.341 millones en 2008, sólo fue un 1 % menor -70.619 millones- en 2012.

Eso querría decir que cualquier intento de aumentar los ingresos del Estado tendría que hacerse a costa de elevar otros impuestos y no el IRPF o el IVA. Pues bien, en la única propuesta de reforma fiscal que en los últimos tiempos ha hecho la derecha, que es la que ha formulado José María Aznar y su FAES, se dice exactamente lo contrario: que tienen que bajar todos los impuestos (en el caso del IRPF sólo el tipo más alto, que debería pasar, según Aznar, del actual 52 % al 40), incluido el IVA.

Esa posición conecta perfectamente con el sentir generalizado en los ambientes de la gente más rica de este país, en los que está muy extendida la idea de que nuestro sistema fiscal es “confiscatorio”. Justamente cuando en esos medios es donde más se recurre al sinnúmero de instrumentos que las leyes o la falta de regulación pone en manos de los particulares y de las empresas para evadir impuestos.

Queda en el aire la pregunta de cuánto tiempo puede aguantar un sistema fiscal en cuya justicia y eficacia no cree nadie –ni los que pagan ni, obviamente, los que defraudan- y que es la base de nuestro Estado de derecho. Aunque el paro y la postergación social sean hoy los asuntos que mandan, parece muy difícil que esa cuestión no termine un día por aparecer con toda su crudeza.

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