El mismo trato para Aznar y sus hijos

No tiene una mina de oro, no es un narcotraficante, no ha cobrado un duro por su labor como mediador con el gobierno de Nicolás Maduro y tampoco participó en una trama de blanqueo. La Audiencia Nacional ya desmontó algunas de esas patrañas publicadas en varios medios, difundidas por la derecha y utilizadas por la oposición para atacar a José Luis Rodríguez Zapatero y por extensión a Pedro Sánchez. 

Pues aun así el PP las ha incorporado a su acervo político, al que ha añadido otras informaciones difundidas sin base alguna sobre un supuesto chivatazo antes de su detención al empresario Julio Martínez, socio mayoritario de Análisis Relevante, la empresa investigada en el caso Plus Ultra para la que el expresidente del Gobierno hizo trabajos de consultoría.

Zapatero compareció este lunes, a petición del PP, durante más de tres horas en la comisión del Senado que investiga ya no se sabe qué ni hasta cuándo porque aunque fue creada hace año y medio para aportar luz sobre el caso Koldo, ya han pasado por allí más de 100 comparecientes y lo único que se ha arrojado en todo este tiempo ha sido ruido, furia, confusión y algún que otro espectáculo bochornoso.

El expresidente, que niega haber cobrado comisión alguna por el rescate de Plus Ultra, podría haber estado, no casi cuatro horas, sino hasta doce, y hubiera dado lo mismo porque el senador popular Fernando Fernández Maíllo llevaba las conclusiones escritas de antemano: es un “lobbista de regímenes totalitarios”, está “pringado hasta el cuello”, la empresa de la que cobraba era “una sociedad instrumental” creada para su propio beneficio y los informes por los que facturó 70.000 euros brutos anuales eran “una estafa”. 

Zapatero reconoció cobros de Análisis Relevante por consultorías y que medió para que la misma empresa contratara los servicios de sus hijas, pero negó cualquier tipo de irregularidad en la facturación que percibía como autónomo. Tributaba a través de IRPF un 45% de lo cobrado, y no constituyó nunca sociedad alguna para pagar menos impuestos. “No es ninguna sociedad pantalla ni soy ningún lobbista. Mi trabajo vale, mi opinión y mi criterio valen y así me lo reconocen quienes me piden mis servicios de consultoría”, se defendió.

Ni el PP ni los medios que le han hecho de portadores de la munición contra Zapatero tienen pruebas de que el expresidente haya cobrado una comisión por el rescate de Plus Ultra, ni de que utilizara un Falcon del Estado para viajar a Venezuela -como sugirió Maíllo y también se ha publicado-, ni de que tuviera relación con el delincuente confeso Víctor Aldama que pagaba comisiones a Ábalos y Koldo: “Lo conozco, he estado una hora y media en mi vida con él. No tengo ni su teléfono”, aseguró el expresidente.

Y, sin embargo, con su citación en el Senado el PP le ha situado en el centro de la diana justo cuando el expresidente se dispone a hacer campaña por el PSOE en Castilla y León, como la hizo en las generales de 2023 sacando de la apatía a buena parte del electorado socialista. Ese, y no otro, era el objetivo además del 'difama, que algo queda'. 

Que la imputación de Julio Martínez en el supuesto desvío para fines ilegales de parte de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a Plus Ultra ha puesto a Zapatero en una situación delicada no significa que haya cometido ilegalidad alguna. Todos los expresidentes del Gobierno tienen actividades privadas y hasta vinculación con diferentes empresas porque todos renunciaron en su día a formar parte del Consejo de Estado como miembros natos y no tienen, por tanto, asignación pública, más allá de la seguridad, la oficina y los asistentes que les costea el erario público en razón del cargo que en su día ocuparon. 

Salvo Mariano Rajoy, que regresó a su puesto de registrador de la propiedad, el resto hacen labores de asesoría e imparten conferencias por el mundo por las que cobran decenas de miles de euros. José María Aznar incluso ostenta el cargo de consejero delegado en media docena de compañías y hasta constituyó una sociedad junto a su esposa, Ana Botella, para facturar los derechos de propiedad de sus publicaciones. De las actividades de sus hijos nadie pregunta, ni investiga, ni publica. Mucho menos se especula sin pruebas, se les somete al desnudo integral al que se ha obligado a Zapatero y a su familia o se les insulta. ¿No sería justo el mismo trato para los Aznar y sus hijos? ¿O es que esta manera de desenvolverse en política y en el periodismo solo vale para sembrar sospecha sobre la izquierda y no sobre la derecha?

Injuriar, calumniar y difamar sale gratis por mucho que Zapatero sostenga, como hizo este lunes en el Senado, que en democracia no se gana nada insultando “a personas honestas, inocentes y que tienen una trayectoria inequívoca y un servicio a su país incuestionable”. Se equivoca el expresidente. Quienes así se comportan ya han conquistado decenas de titulares y editoriales, además de a una parte de la opinión pública convencida de tanta patraña, tanta manipulación y tanta verdad a medias. Cuando en este mundo en el que nos movemos cada día es más necesario distinguir entre lo que es periodismo y lo que no; lo que es verdad y lo que es embuste o lo que es política y es populismo incendiario es que van ganando. Quien pierde es la democracia y el derecho constitucional a una información veraz.