El Parlamento de Canarias convalida el decreto que agiliza los procedimientos para valorar la discapacidad

El pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado, con la abstención del PSOE y Vox, el decreto ley que agiliza los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas, si bien ha rechazado como los votos de los grupos del gobierno tramitarlo como proyecto de ley.

El PSOE y Vox han justificado su abstención por la inclusión en el decreto de una disposición adicional ajena a la regulación de la discapacidad en la que se blindan los salarios de los directivos del Servicio Canario de Salud, una medida criticada también por Nueva Canarias.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de canarias, Candelaria Delgado, explicó que esta nueva normativa agiliza las declaraciones de discapacidad al recoger una serie de patologías que “automáticamente”, tras la presentación de la solicitud, darán derecho a un grado determinado, recogido en el documento, “sin necesidad de valoración presencial”, en el área que más quejas ciudadanas acumula en la Diputación del Común, que habla de hasta cinco años de espera. 

En total, en 2024 se contabilizaron 603 quejas sobre discapacidad. En este sentido, la demora en la resolución de las solicitudes de valoración y revisión del grado es precisamente el principal motivo de queja del área de discapacidad.

El informe de la diputada del común apunta que el 90,38% de las quejas registradas el pasado año (545 de las 603) estuvieron motivadas por la demora del procedimiento de valoración o revisión del grado. No obstante, en 2023 fueron 217 las quejas por este motivo de 310 que hubo en total sobre discapacidad y en 2022, fueron 122 de 274.

“Pasamos de un sistema rígido, burocrático, con listas de espera de años, a un sistema ágil, preventivo y centrado en las personas”, asegura ahora la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias.

En su intervención, Delgado indicó que, hasta ahora, los procedimientos en materia de discapacidad eran “lentos y enrevesados con listas de espera que llegaban a varios años”. Sin embargo, el nuevo decreto ley contempla una serie de medidas dirigidas a agilizar los procedimientos y mejorar la atención al colectivo de personas con discapacidad en el Archipiélago, “lo que significa resoluciones inmediatas, acceso rápido a pensiones no contributivas, becas, apoyos educativos y servicios especializados”, subrayó la consejera.

Todos los menores de 18 años contarán con prioridad en la atención, y se simplifican los trámites, con lo que la tarjeta de estacionamiento se emite directamente con la resolución, sin necesidad de un procedimiento adicional.

También se agilizan los procedimientos dado que los equipos de valoración se desplazarán a todas las islas.

“Hemos aportado recursos técnicos y humanos, formación y el compromiso de una evaluación periódica del decreto para medir su impacto”, aseguró la consejera regional del área de Bienestar Social.