El Consejo de Transparencia obliga al Puerto de Valencia a entregar a quien lo solicite el informe de Hacienda sobre la presidenta que ha ocultado

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) habría infringido la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno al ocultar durante meses el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a pesar de haberlo solicitado por los canales oficiales tanto medios de comunicación, como partidos políticos o diputados del Congreso. Tal y como reveló elDiario.es, el demoledor documento de la IGAE apunta a posibles amaños en procesos de contratación de personal y en un contrato adjudicado a una consultora, que luego se dejó sin efecto.

Así se desprende de la resolución que ha remitido el Consejo de Transparencia a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), tras la reclamación recibida por parte de un interesado al que la APV denegó copia del informe de la Intervención.

Al respecto, fuentes de Transparencia han confirmado a elDiario.es que “con fecha 1 de diciembre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resolvió una reclamación presentada frente a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en sentido estimatorio, reconociendo el Consejo el derecho de la persona reclamante a acceder a la siguiente información (debidamente anonimizada): Documento definitivo de la Auditoría de cumplimiento y operativa: personal de la Autoridad Portuaria de Valencia correspondiente al ejercicio 2023 y 2024 efectuado por la Intervención Regional de Valencia de la IGAE. En dicha resolución, el Consejo insta por tanto a la Autoridad Portuaria a facilitar al reclamante la citada información”.

Las mismas fuentes han añadido que el texto de la resolución se publicará en la página web del Consejo de Transparencia una vez que se tenga constancia de que se ha recibido la notificación por los interesados y se haya llevado a cabo la obligada anonimización por cumplimiento de la normativa en protección de datos personales.

El grupo Compromís-Sumar en el Congreso de los Diputados ha confirmado a este diario que tras la negativa a su diputado Alberto Ibáñez a facilitarles copia del informe en primera instancia, cursaron reclamación ante el Consejo de Transparencia. También un periodista de elDiario.es, a través del Ministerio de Transportes y amparándose en la ley de Transparencia, solicitó el documento para conocimiento e información a la opinión pública al tratarse el puerto de una entidad de derecho público. Pero la actitud de la APV fue la misma, ocultarlo por riesgo de ser “divulgado, incluso manipulado o utilizado con fines ajenos a los inicialmente previstos”.

Tal y como informó esta redacción, el Consejo de Transparencia ya resolvió en el año 2023 que este tipo de informes son de naturaleza pública y que se deben facilitar, debidamente anonimizados si procede, a quien los solicite. Tanto la excusa del riesgo de manipulación como el hecho de que algunas de los procesos de selección que cuestiona el informe de la IGAE están judicializados, ambas utilizadas por la APV para no hacerlo público, son desmontadas en esta resolución de hace dos años.

Tal es el celo de la APV para tratar de esconderlo que incluso se lo han denegado a la alcaldesa de València y consejera del organismo, María José Catalá, tras solicitarle una copia el grupo municipal Compromís. En su respuesta a la primera edil, la APV argumenta que la información de la que dispongan por razón de su cargo será “confidencial, para uso exclusivo interno y no podrá revelarse a terceros”.

Un contrato y cinco plazas cuestionadas

En su informe, la IGAE señala el contrato de Apoyo a la Gestión de Personas que se llegó a adjudicar el 8 de agosto de 2024 a Andràs Abogados por 160.930 euros (IVA incluido). Sin embargo, tal y como avanzó este diario y destaca el informe, “dicho contrato fue anulado por la APV a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que había iniciado expediente, al considerar que el requisito de experiencia previa del pliego para acreditar la solvencia no se encontraba justificado, limitando la competencia”. Con posterioridad a unas alegaciones, la APV, en vista de que dicha Comisión va a recurrir a la vía contencioso-administrativa, desistió del procedimiento de adjudicación.

En sus alegaciones, la APV se opone a la vinculación entre la tramitación del contrato de Apoyo a la Gestión de Personas y las modificaciones en la Gestión de Recursos Humanos, pero la IGAE afirma que “lo cierto es que son coincidentes en el tiempo”.

En el apartado de 'Análisis de los procesos de contratación' se pone de relieve que “la gestión de las plazas convocadas para personal excluido de convenio resulta deficiente, con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad”. En este sentido, se han detectado cinco plazas en las que podría darse esta situación. “Las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”, dice la Intervención.

La APV en sus alegaciones se manifiesta contraria, señalando que respeta la legalidad y ejerce competencias que le son propias, y dichos requisitos están justificados, y resultan pertinentes, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Investigación del Tribunal de Cuentas

Por su parte, el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para tratar de esclarecer si ha incurrido en responsabilidad patrimonial como consecuencia de diversas irregularidades que han sido objeto de investigación por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI). En concreto, se investiga si habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos, una infracción tipificada en el artículo 177.1 apartado A de la Ley General Presupuestaria 47/2003 de 26 de noviembre.

La investigación del órgano fiscalizador viene como consecuencia de un escrito del pasado 1 de octubre por el que se comunica la incoación por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública, de la que depende la OCI, de un expediente sancionador contra la máxima responsable de la APV por irregularidades constitutivas de infracciones administrativas muy graves, contempladas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De esta forma, la mencionada Secretaría de Estado solicita al Tribunal de Cuentas que se realicen las comprobaciones oportunas para determinar si Chao habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos. La apertura de las diligencias por parte del Tribunal paraliza el procedimiento sancionador abierto desde la Secretaría de Estado de Función Pública hasta que haya una resolución del órgano fiscalizador.