Pérez Llorca emula a Mazón e intenta culpar al Botànic del escándalo de las VPO de Alicante adjudicadas a cargos del PP

El presidente del Gobierno valenciano, Juanfran Pérez Llorca, protagonizó este miércoles su primera sesión de control en las Corts Valencianes en la que abordó, a preguntas de los diferentes grupos, las irregularidades en las adjudicaciones de viviendas protegidas en la promoción Les Naus de San Juan de Alicante, un asunto que ya investiga un juzgado de Alicante. El debate se produjo más de dos meses después desde que tomara posesión como jefe del Consell tras la dimisión de Carlos Mazón. La última sesión fue a mediados de octubre, con el expresidente popular todavía al frente de la administración autonómica.

Durante su intervención, Pérez Llorca adoptó una estrategia similar a la del expresidente Mazón durante la dana, cuando trató de responsabilizar al Gobierno con bulos de su desastrosa gestión en la dana, y trató de derivar al Gobierno del Botánico la responsabilidad de las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las VPO, a pesar el proceso de visado por el que se comprueba que los adjudicatarios cumplen las condiciones lo llevó a cabo la Conselleria de Vivienda que dirige su vicepresidenta, Susana Camarero, a mediados del pasado año.

Además, el jefe del Consell aseguró que cuando el Ayuntamiento de Alicante vendió la parcela el equipo de Gobierno municipal era “el tripartito” de izquierdas, cuando la realidad es que la licitación para enajenar la parcela se aprobó en julio de 2018 según relataron responsables de la cooperativa promotora a elDiario.es, dos meses después de que Luis Barcala accediera a la alcaldía tras una moción de censura. Tanto el PSPV como Compromís consideraron absurdo que se les quiera responsabilizar de adjudicar las VPO a cargos del PP y pidieron la dimisión de Camarero y de Barcala.

Durante el debate, el primero en intervenir fue el síndic del PSPV, José Muñoz, quien exigió el cese de Camarero y del alcalde de Alicante, Luis Barcala, por la gestión de la crisis de las VPO: “Mientras se quedan las viviendas públicas hay jóvenes haciendo cola tres días en Alzira para obtener una vivienda protegida. Dijo que estaba indignado, pero no se indigna de que un alcalde (en referencia al propio Pérez Llorca como alcalde de Finestrat) tenga una piscina y un cenador ilegal irregular. El decreto que aprobaron en 2024 es el origen de lo que ha pasado porque eliminaron los controles, la calificación permanente de la protección y dieron la posibilidad de adjudicar viviendas al promotor, un decreto que firmaron Mazón y Camarero. La consellera que firmó es su vicepresidenta sin que le haga dimitir. Devuelvan a la vivienda a la gente que lo necesita”, criticó Muñoz.

En respuesta a Muñoz, Pérez Llorca afirmó que su modelo de vivienda es el Plan Vive al que se han adherido numerosos ayuntamientos, entre ellos 85 dirigidos por el PSPV. Llorca comentó que lleva dos meses como presidente y que está poniendo orden a lo que hizo el Botánico, tratando de derivar la responsabilidad a los anteriores dirigentes de izquierdas. “Lo primero que hice es suspender de empleo y sueldo al funcionario que adjudicó una vivienda a su mujer y lo trasladamos a la Fiscalía, que ha puesto el foco en este funcionario. No voy a entrar a la crispación, se tienen que aumentar los controles”.

Pérez Llorca ha agitado el bulo de que el funcionario del departamento de Camarero que hacía los visados y que ha sido apartado por supuestas irregularidades que ya investiga la justicia en la validación de una de las viviendas a su mujer “fue ascendido por Compromís”, cuando la realidad es que se acogió a una comisión de servicio para cambiar de departamento, un trámite habitual dentro de la función pública y defendió la celeridad de su vicepresidenta a la hora apartar al mencionado funcionario: “Nosotros detectamos un trato privilegiado de unos jetas y lo que hicimos fue investigarlo, cogimos al funcionario al frente de la dirección territorial y lo primero que hicimos fue suspenderlo de empleo y sueldo y enviarlo a la Fiscalía”, dijo.

El jefe del Consell justificó que la renta máxima para acceder a una VPO puede llegar se pueda hasta los 66.000 euros, un cambio aprobado por el PP en su decreto de diciembre de 2024, en casos que tengan menores o dependientes a su cargo, entre otros condicionantes: “Lo que les molesta es que hemos demostrado que con diálogo todos nos podemos unir y hacer una política útil, construir viviendas, cosa que ustedes no hicieron en ocho años”, insistió.

La vicepresidenta, Susana Camarero, quien como portavoz del Consell de Mazón tapó en repetidas ocasiones las mentiras y ocultaciones del expresidente, como la de su larga sobremesa en el Ventorro, también trató de vincular el escándalo de las VPO con el Gobierno del Botánico afirmando que todo el procedimiento de adjudicación se tramitó bajo las normativas de 2021 y de 2023 de la izquierda.

Sin embargo, tal y como han reconocido en Alicante Plaza los responsables de la cooperativa, pidieron a los adjudicatarios que se inscribieran en el registro de demandantes de vivienda protegida de la Generalitat Valenciana pese a que ya no era preceptivo, puesto que ya había entrado en vigor el decreto de 2024 por el que deja de ser obligatorio para las viviendas de iniciativa privada. Por ese motivo tampoco se inscribió la promoción en el registro de ofertantes de la Generalitat, puesto que cuando se otorgó la calificación definitiva en 2025 ya estaba derogado el decreto de la izquierda y en vigor el del PP de diciembre de 2024, que eliminaba este requisito.

La diputada del PSPV, María José Salvador, criticó que ninguno de los colectivos vulnerables a los que se refirió Pérez Llorca para justificar el aumento de los límites de renta ha obtenido viviendas protegidas en Alicante: “Habla ahora de que hay que introducir el arraigo como requisito, ¿el del PP?. Habla de jetas, ustedes son la incubadora de jetas. Cese a su vicepresidenta”, ha indicado María José Salvador.

Camarero contestó a la socialista que como consellera de Vivienda del Botánico “fue el ejemplo del fracaso de la política de vivienda; nosotros investigamos, apartamos y llevamos a Fiscalía” y afirmó que los precios de las viviendas “son los que marcaron el decreto del Botánico”. Además, aseguró que el Gobierno del Botánico entregó 1.100 viviendas públicas en ocho años frente a 1.200 en dos años del Consell del PP.

Compromís critica a Llorca que mantenga el Consell de Mazón

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, inició su intervención afeando a Pérez Llorca que le haya subido al sueldo a Mazón por no trabajar, puesto que el expresidente no se presentó este miércoles por la mañana a la sesión de control, aunque sí estuvo por la tarde en el turno de preguntas, y le preguntó si mantener el mismo ejecutivo que Mazón es lo que necesitaban los valencianos y valencianas. Baldoví le criticó que regale 107 millones a Ribera Salud para que compre la empresa compre una clínica en Benidorm y que al mismo tiempo la cuñada del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, es la directora financiera de la compañía. Además, denunció que tiene atascados 1.000 millones de fondos europeos para vivienda, educación y recuperación de la dana.

Baldoví, también criticó las adjudicaciones de vivienda de Alicante, puesto que “explican muy bien la política de vivienda del PP”: “Viviendas de lujo para los suyos mientras 75.000 habitantes esperan” una residencia, dijo, al tiempo que denunció la gestión del Consell en otras áreas, como la social, sanitaria y educativa.

Pérez Llorca contestó que los valencianos están cansados de crispación y que lo que quieren es que Compromís siga en la oposición. El presidente insistió en que se ha acabado la etapa de la crispación y empieza la de la estabilidad: “He venido a dialogar y a hacer la política útil y a que nos entendamos. Un partido tiene que ser estable y ustedes tienen una crisis interna sin precedentes. Le convoqué para hablar para mejorar la vida de los valencianos y no vino. Dos días después Alberto Ibáñez me dijo que sí quería venir y ustedes le ordenan que no viniera. Son los pagafantas de Pedro Sánchez y del sanchismo”, criticó.

El síndic de Vox, José María Llanos, preguntó qué medidas va a tomar el Gobierno valenciano para evitar que se vuelva a repetir un caso como el de las VPO de Alicante, puesto que es “un tema que trasciende a la política municipal”.

El presidente Pérez Lorca reiteró al respecto que el sistema hay que mejorarlo y protegerlo mejor, y propuso “más publicidad, más transparencia y más control y sobre todo el arraigo que es algo que piden los alcaldes, que tenga más ventaja alguien que lleva tiempo viviendo en el municipio”.