Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión

La mayor estafa inmobiliaria de España se ha cerrado este lunes, por la vía penal, con un pacto. El notario Enrique Peña, el abogado Francisco Comitre y el intermediario David Navarro han admitido que estafaron a más de 100 víctimas, muchas de ellas ancianos, y han visto rebajadas sus penas. Solo Comitre tiene el riesgo de pisar la cárcel al haber sido condenado por delito de estafa a dos años y un mes de prisión.

En un pacto con la Fiscalía y las acusaciones, los miembros de la red se han conformado este lunes con una rebaja sustancial de las penas (inicialmente afrontaban más de 20 años de cárcel), aunque el juicio seguirá adelante para fijar las indemnizaciones a las víctimas, muchas de las cuales acabaron desahuciadas a raíz del fraude.

El caso se destapó en 2015, aunque en los últimos años familiares de víctimas, asociaciones, abogados y Fiscalía han advertido sobre los abusos económicos a las personas mayores, y del papel de profesionales como abogados y notarios en ellos. Hay un consenso en que faltan recursos para los servicios sociales, los procedimientos judiciales son demasiado largos y no existe suficiente sensibilización en las administraciones y algunos estamentos judiciales.

En conjunto, los catorce integrantes de la trama de macroestafas inmobiliarias liderada por Peña y Comitre han aceptado penas de hasta cuatro años y siete meses de cárcel, tras admitir que entre 2009 y 2015 engañaron a más de un centenar de propietarios para apropiarse de sus viviendas.

La mayor condena es para el principal acusado, el abogado Comitre, quien ha aceptado penas que suman cuatro años y siete meses de cárcel y multa de 7.200 euros por delitos de estafa, blanqueo y organización criminal y será el único de los acusados que deberá ingresar en prisión ya que una de ellas supera los dos años.

Otro de los principales procesados, el notario Peña, se ha conformado con tres años y dos meses de cárcel, aunque podría beneficiarse de una suspensión de ingreso en prisión, además de la prohibición definitiva para ejercer de notario.

Entre los investigados por esta macroestafa inmobiliaria, que engañaba a propietarios con productos financieros como hipotecas inversas, figuraba también Artur Segarra, declarado en rebeldía y que cumple cadena perpetua en Tailandia por haber asesinado en 2016 a David Bernat, vecino de L'Albi (Lleida).

Acusaciones y defensas del caso han pactado asimismo declarar la nulidad de todas las escrituras firmadas en base a compraventas fraudulentas, lo que abre la puerta a que las víctimas puedan recuperar sus inmuebles, aunque muchas de las propiedades ya han sido adquiridas por terceras personas.

La sala ha acordado que el juicio continúe únicamente para establecer las responsabilidades civiles que corresponden a las víctimas y quién debe hacerse cargo de las indemnizaciones, en un proceso en el que además de la aseguradoras forman parte múltiples sociedades pantalla que los acusados utilizaban para perpetrar los estafas y ocultar los ingresos.

La red, destapada en 2015 por los Mossos d'Esquadra, se dedicaba presuntamente a estafar a personas mayores, sin conocimientos económicos, para quedarse con sus propiedades inmobiliarias, sin abonarles contraprestación económica alguna o, en ciertos casos, pagándoles un importe muy inferior al valor del mercado.

Se trataba de productos financieros de efectos similares al préstamo personal con garantía inmobiliaria, a la hipoteca inversa o al contrato de renta vitalicia con reserva de usufructo vitalicio. De esa forma, contactaron con numerosas personas a las que garantizaron que obtendrían dinero mediante los productos financieros ofertados o a través de préstamos, para que así pudieran hacer frente a sus deudas.

Para elevar esas compraventas fraudulentas a escritura pública, la trama contaba con la colaboración de dos notarios, uno de ellos Peña, además de dos oficiales de notaría de Barcelona y Santa Margarida i els Monjos (Barcelona).

Asimismo, los acusados utilizaron “toda una serie de sociedades instrumentales” para ocultar la identidad de las personas que compraban los inmuebles y dificultar que los estafados pudieran recuperar su propiedad en caso de llegar a descubrir el fraude que habían padecido.