Trabajo pide a la Fiscalía que investigue si el Gobierno de Mazón prevaricó al anular varias sanciones laborales en la dana

El Ministerio de Trabajo ha pedido esta semana a la Fiscalía que investigue si el Gobierno de Mazón cometió un delito de prevaricación administrativa al anular varias sanciones laborales de la Inspección a empresas por no proteger a sus empleados durante la dana o por exponerles a riesgos en la catástrofe, incluido el caso de la muerte de un trabajador, según adelantan fuentes del departamento de Yolanda Díaz a elDiario.es.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ya denunció públicamente en el Congreso en octubre que el Gobierno de Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana había anulado varias multas que la Inspección de Trabajo había impuesto por infracciones laborales el día de la DANA. Al menos, los inspectores impusieron más de 106 sanciones, según los datos que trascendieron tras la catástrofe.

Entre los procedimientos anulados figuran el que afecta a la televisión pública valenciana À Punt, que fue multada con 50.000 euros, así como una sanción que la Inspección de Trabajo impuso a una empresa por la muerte de un trabajador. Según denunció Yolanda Díaz a finales de año, en otra intervención parlamentaria, la empresa le habría obligado a trabajar en plena alerta roja, fuera de su horario laboral y poniendo en riesgo su vida, como explicó su familia al diario Las Provincias.

Fuentes de la Generalitat Valenciana recuerdan que las actas de la Inspección “no constituyen sanciones firmes”, sino propuestas de infracción que deben ser analizadas jurídicamente por la autoridad laboral competente antes de dictar la resolución administrativa correspondiente.

En este contexto, señalan que las resoluciones adoptadas por la Generalitat “se han dictado tras la tramitación del procedimiento legalmente establecido, con base en informes técnicos y análisis jurídico individualizado de cada expediente, dentro del ejercicio legítimo de las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a la autoridad laboral autonómica”.

Así, subrayan que la Generalitat Valenciana “confirmó la sanción propuesta por la Inspección en seis empresas”. “Esta actuación evidencia una evaluación individualizada, técnica y basada en criterios estrictamente legales”, indican, por lo que rechazan “cualquier insinuación de actuación arbitraria”.

Denuncia “prevaricación administrativa”

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha trasladado a la Fiscalía esta anulación de varios procedimientos sancionadores “para que investigue si estos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa”, indican fuentes del departamento de Díaz.

En su artículo 404, el Código Penal incluye como delito de prevaricación de los funcionarios públicos, “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”, y prevé que “se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.

En Trabajo indican que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia había impuesto estas sanciones por los accidentes laborales que se produjeron de facto, así como por los riesgos graves ocurridos a los que estuvieron expuestas algunas personas trabajadoras durante la dana del 29 de octubre de 2024. 

Se trata de una revocación de numerosas actas de infracción de los actuantes de la Inspección de Trabajo por parte de la autoridad laboral, la Dirección General de Trabajo de la Comunitat Valenciana en este caso, algo que no es en absoluto frecuente, según fuentes consultadas del funcionamiento de estas sanciones laborales.

Por ejemplo, en el caso de la anulación de la multa de 50.000 euros a la televisión À Punt, la Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana, que dirigía entonces Andrés Lluch Figueres (desde diciembre María Lurueña Ruiz), anuló la sanción impuesta y ordenó el archivo del expediente al considerar que, aunque “las autoridades enviaron alertas y recomendaciones por las fuertes lluvias”, “la información que se detallaba no se presagiaba su virulencia y los efectos extraordinarios que provocaron”.

Fuentes de la Generalitat indican que los hechos analizados se produjeron durante la dana, “un fenómeno meteorológico extraordinario” que generó una situación de emergencia con graves consecuencias humanas y materiales, y que “este contexto excepcional debe ser necesariamente tenido en cuenta” en la valoración jurídica de los expedientes.

“En determinados casos, la autoridad laboral apreció la concurrencia de circunstancias vinculadas a un episodio extraordinario de fuerza mayor, elemento que jurídicamente puede excluir o limitar la responsabilidad administrativa cuando los hechos se producen en un contexto de emergencia imprevisible”, apuntan en el Govern valenciano.

Incluye un accidente mortal

En estos expedientes la inspección constató “la falta de adopción, por parte de las empresas, de las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de sus trabajadores”, indican en el Ministerio de Trabajo, lo que provocó que estos se viesen sometidos a situaciones de riesgo grave que, en uno de los casos, “se materializó en la muerte de un trabajador”. 

“Estos expedientes fueron anulados por la autoridad laboral valenciana de forma totalmente injustificada, evitando de forma consciente, la sanción a las empresas por los graves hechos puestos de manifiesto por los inspectores actuantes, por lo que la decisión consideramos que se revela como arbitraria y eventualmente delictiva”, sostienen en el Ministerio de Díaz.

Desde la Generalitat valenciana defienden su gestión y añaden que colaborarán “plenamente con cualquier actuación de investigación que pueda llevarse a cabo, aportando toda la documentación necesaria para acreditar que las decisiones adoptadas se ajustan plenamente al ordenamiento jurídico”.

En el Gobierno valeciano –ahora liderado por Juanfran Pérez Llorca– añaden que “la prioridad de las instituciones públicas debe seguir siendo el respeto a las víctimas de la DANA, la recuperación de las zonas afectadas y la responsabilidad institucional ante una tragedia que marcó profundamente a la sociedad valenciana, evitando que estos hechos sean objeto de interpretaciones interesadas o de utilización política”.