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La Justicia condena al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricar pero le absuelve de tráfico de influencias

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su llegada a la última sesión del juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz el pasado junio

Santiago Manchado

Badajoz —
14 de julio de 2026 12:20 h

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La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación al considerarlo autor de un delito de prevaricación por su contratación en la Diputación en 2017 como coordinador de los conservatorios pacenses. El tribunal rechaza el tráfico de influencias, por lo que evita la pena de prisión que reclamaban las acusaciones populares.

De este modo, el tribunal descarta la petición de cárcel de hasta seis años que pedían Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. La Fiscalía pedía la absolución de David Sánchez y del resto de encausados, entre ellos, el presidente de la Diputación y ex secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que también ha sido condenado a 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por dos delitos de prevaricación. La Audiencia ha impuesto nueve años de inhabilitación a los otro nueve acusados, la mayoría cargos o excargos del PSOE en la institución provincial.

La sentencia, de 377 páginas, que puede ser recurrida, confirma de manera unánime la prevaricación en la creación de la plaza que ocupó David Sánchez, pero descarta por completo el delito de tráfico de influencias. Los magistrados consideran que no ha quedado probado “que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”.

Sin embargo, aunque el tribunal determina que no hubo presión externa, considera probado que la Diputación actuó de manera arbitraria en base a un “plan delictivo ideada por las más altas instancias” para en la creación de “una plaza de empleo público innecesaria” y su posterior adjudicación. En este sentido, el hermano de Sánchez “fue autor, por cooperación necesaria”, del delito de prevaricación administrativa porque tuvo “conocimiento previo de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios se había creado para él” y por eso “se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento”. La sentencia también recoge que el músico “consiguió que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera”.

En cuanto a la contratación de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez también condenado, como coordinador de los programas y actividades transfronterizas, una plaza en comisión de servicio, los magistrados de la Audiencia de Badajoz concluyen que se trató de un proceso plagado de irregularidades “diseñado para poner fondos públicos” al servicio de fines particulares.

El fallo considera probado que la cobertura de la plaza mediante comisión de servicios se solicitó el 16 de octubre de 2023, un mes antes de que se publicara oficialmente la aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que creaba el propio puesto. Asimismo, la Sala dictamina que los controles aplicados por la Diputación fueron “puramente cosméticos”, señalando que tanto esta plaza como la de David Sánchez se costearon con dinero público “para que ambos pudieran dedicarse a las actividades que se les antojaran, sin control alguno”.

Testimonios de la UCO

La sentencia considera “de especial relevancia” los testimonios de los agentes de la UCO, que participaron en la intervención y análisis de los correos electrónicos intervenidos a los acusados. De hecho, los magistrados aseguran que la declaración del teniente coronel Antonio Balas fue “sumamente ilustrativa” y que sostuvo con “rotundidad” que la “génesis” del puesto de coordinador de los conservatorios de Badajoz partió “de un nivel superior” al del Área de Cultura, “siendo Presidencia de la Diputación ”el origen de la idea“, recuerda el fallo.

Sin embargo, dijo en el juicio que del volcado de esos correos se podía inferir esa afirmación, pero sin pruebas y en contra del resto de testigos que sostuvieron que la plaza que ocupó David Sánchez no estaba amañada.

La denuncia, de 2024

La sentencia se conoce un mes después del juicio oral celebrado en la Audiencia Provincial para determinar si la Diputación de Badajoz 'enchufó' a David Sánchez y este, a su vez, influyó en la contratación de su amigo Luis María Carrero en la institución provincial para una plaza en comisión de servicio.

El procedimiento penal que ha desembocado en esta sentencia comenzó a fraguarse a raíz de una denuncia que el pseudosindicato Manos Limpias presentó en 2024, siete años después de la contratación del hermano del presidente del Gobierno. El epicentro de la causa se situó en la creación y el diseño, por parte de la Diputación de Badajoz, de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de música del organismo provincial.

La decisión de crear ese puesto de alta dirección en 2017 se efectuó cuando Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el polémico comité federal de 1 de octubre y el proceso de selección se activó cuando aún no se habían celebrado las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz y que acabó ganando. Aún faltaba un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tenía, cuando se creó la plaza, nulo poder orgánico o político.

A pesar de ello, la investigación judicial se ha centrado en dilucidar si los requisitos del sistema de libre designación se configuraron de forma arbitraria para adaptarse al perfil del músico y si los canales de la administración pública se instrumentalizaron para esquivar los principios de mérito y capacidad. No obstante, en el juicio solo una testigo, Cristina de Frutos, que aspiró al puesto, sostuvo que en la entrevista personal del proceso de selección no “sintió” que hubiera igualdad de oportunidades, pero ni denunció ni presentó una queja por ello. Sin embargo, otro candidato que compitió por la plaza, Nerses Avakimyam, no detectó nada extraño en los requisitos exigidos y tampoco observó irregularidades, según su testimonio.

Los funcionarios, técnicos y peritos que testificaron en la vista oral también avalaron el proceso de la Diputación de Badajoz para la creación de la plaza y el proceso de selección que ganó Sánchez.

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