Un informe de los bomberos de Madrid descarta que la acampada de Sol suponga un peligro en caso de emergencia

Desde que el pasado sábado comenzó la acampada de manifestantes por la vivienda en la Puerta del Sol, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid han especulado sobre los riesgos que podría entrañar la concentración, que este jueves reúne ya más de 1.200 tiendas y a miles de personas. Una de las cuestiones planteadas ha sido si la ocupación de la plaza podría dificultar una eventual intervención de los servicios de emergencia.

En este contexto, el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid inspeccionó este miércoles la Puerta del Sol para comprobar si la disposición de las tiendas podía afectar a su capacidad de intervención en caso de emergencia. El informe, elaborado a las 10.50 horas del 30 de septiembre a petición de la Dirección General de Bomberos y al que ha tenido acceso este periódico, concluye que la ocupación existente en ese momento “no supone una afección significativa a las condiciones de acceso de los vehículos del Servicio de Bomberos”.

Los bomberos llevaron a cabo un reconocimiento visual de la totalidad de los accesos a la plaza y de los principales elementos de protección contra incendios del entorno. El informe señala que los accesos desde Alcalá, Montera, Carmen, Preciados, Arenal, Mayor y Carretas (actualmente en obras) permanecían libres de tiendas de campaña o de cualquier otro elemento asociado a la acampada que pudiera dificultar el paso de vehículos de emergencia.

También comprobaron que la columna seca que presta servicio a las instalaciones de Renfe situadas en la Puerta del Sol estaba completamente despejada y accesible. Lo mismo ocurría con los hidrantes de las calles del Carmen y Arenal, que permanecían libres de obstáculos y accesibles para una eventual intervención.

El documento señala además que la disposición de las tiendas no afecta a los principales itinerarios de acceso a la plaza y permite la circulación de los vehículos de emergencia por su perímetro. Los bomberos comprobaron asimismo que las tiendas no estaban ancladas al terreno, por lo que, en caso necesario, “se podrían mover o retirar de manera rápida”.

A partir de estas comprobaciones, el informe concluye que la ocupación no supone un peligro en caso de emergencia. La inspección se limita, en cualquier caso, a evaluar las condiciones de acceso y operatividad de los servicios de emergencia y no entra a valorar otras cuestiones relacionadas con el orden público o la eventual presencia de los objetos calificados como “peligrosos” dentro de la acampada.

Los manifestantes han demostrado una notable capacidad de organización. Pese a haber crecido hasta las 1.248 tiendas, según los últimos datos ofrecidos por el Sindicato de Inquilinas este miércoles, las zonas ocupadas se encuentran delimitadas y mantienen despejados los espacios necesarios para el tránsito de peatones, así como las entradas y salidas de las distintas bocas de Metro y el acceso a la estación de Cercanías. Una distribución que permite mantener los principales itinerarios de paso de la plaza libres de obstáculos.

Quejas sindicales y la polémica del cuchillo

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclamó este miércoles al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, una evaluación “inmediata” de la situación de seguridad en la acampada y que determinase las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de ciudadanos y policías. La petición se produjo después de que el Ayuntamiento de Madrid anunciase que remitiría a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior documentación que, según el alcalde, muestra la presencia de adoquines y cuchillos de grandes dimensiones en el interior de la acampada.

“Si existen objetos potencialmente peligrosos en la acampada, la situación debe evaluarse de inmediato. Pedimos al delegado que asuma sus competencias, valore los riesgos y dé instrucciones claras. La prevención debe producirse antes de que tengamos que lamentar incidentes”, sostuvo el SUP.

El Ayuntamiento también ha insistido durante los últimos días en presentar la protesta como un problema de seguridad y orden público. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunció que enviaría a Interior un documento con elementos que considera “armas”, entre ellos adoquines de obras cercanas y cuchillos de grandes dimensiones. “No creo yo que los adoquines tengan un carácter eminentemente pacífico, sino que pueden ser utilizados como armas arrojadizas”, afirmó.

Almeida también ha señalado como un riesgo la presencia de “hornillos para calentar comida” y ha asegurado que durante estos días “se han producido altercados ya violentos”. Hasta ahora, sin embargo, no se ha registrado ningún incidente de gravedad en la acampada. Durante estos días sí se han producido episodios como la expulsión de varios agitadores de ultraderecha que acudieron a la plaza. Uno de ellos, Bertrand Ndongo, fue expulsado después de blandir un spray de gas pimienta ante varios activistas, algo que desde el Gobierno municipal califican de “agresiones a medios de comunicación”.

El Ayuntamiento insiste en la inseguridad de la acampada

Este jueves, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha vuelto a referirse a los supuestos riesgos de la acampada a preguntas de los periodistas. “La ley es para todos igual”, ha afirmado, antes de referirse a la legislación sobre armas prohibidas y al uso de cuchillos en espacios públicos.

“Hay cuchillos que nunca se pueden llevar por la calle y navajas que excedan de los 11 centímetros de hoja. ¿Alguien puede garantizar que, en caso de una reyerta, esos cuchillos, esos adoquines o esos objetos punzantes no podrían utilizarse contra ellos?”, ha planteado Sanz.

La vicealcaldesa ha acusado además al delegado del Gobierno de una “dejación de funciones” y asegura que el Ayuntamiento sancionará los incumplimientos de las ordenanzas municipales “en cuanto pueda”.

También ha cuestionado que la protesta pueda considerarse pacífica y reclama nuevamente la intervención de la Delegación del Gobierno. “El delegado debe intervenir, se pone en riesgo la seguridad de los acampados y la gente que pasa por allí, no hay garantía de que se pueda acceder en caso de una emergencia”, ha afirmado Sanz.