El 16 de marzo, el Consejo de Europa expulsó a Rusia tras su invasión de Ucrania y, el 16 de septiembre, Rusia dejará de ser Estado Parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dejará de examinar los casos de Rusia relacionados con hechos posteriores a esa fecha. Esto tiene una trascendencia enorme, no sólo para el futuro de Rusia sino también para las perspectivas de una relación cooperativa con sus vecinos. De hecho, las sentencias del Tribunal Europeo pueden proporcionar orientación clave para la reconstrucción del orden jurídico ruso y sus relaciones con sus vecinos.
Las relaciones con Rusia no han sido precisamente fáciles.
La tensión ha caracterizado la relación de Rusia con el Tribunal Europeo. Poco después de ingresar en el Consejo de Europa, Rusia se embarcó en una segunda guerra brutal en Chechenia. El Tribunal ha dictado cientos de sentencias contra el Estado ruso por violaciones de derechos en esa guerra y sólo unas cuantas se han cumplido, ya que muchas se refieren a fuerzas de seguridad que forman uno de los pilares del régimen actual.
En los últimos 10 años, las autoridades rusas han defendido cada vez más el sexismo y la homofobia con la excusa de los “valores tradicionales”. Así, protestaron cuando el Tribunal Europeo resolvió que los estereotipos de género no justificaban la diferencia de trato a hombres y mujeres respecto al permiso parental en las fuerzas armadas. Y aún se sintieron más molestos cuando el Tribunal Europeo concluyó que los actos del Orgullo no podían prohibirse y que la legislación que tipificaba como delito la “propaganda de la homosexualidad” era contraria al Convenio Europeo. Las autoridades se opusieron firmemente a aplicar estas sentencias, y posiblemente inspiraron a otros países (como Azerbaiyán, Hungría o Turquía) para discriminar a las personas LGBTI.
La persecución política de las voces críticas es otra línea roja que Rusia cruzó hace mucho tiempo. Entre los casos más delicados están los relacionados con la política restrictiva y, en ocasiones, homicida del Kremlin hacia la oposición política. Cuando se miran los expedientes del Tribunal, se ven todas las principales figuras de la oposición.
La intransigencia de Rusia a la hora de aplicar estas sentencias puede haber inspirado a otras naciones, como Turquía, que también detiene sistemáticamente a las personas críticas para silenciarlas. Hace bien poco, Turquía desafió al Consejo de Europa y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y condenó a cadena perpetua al líder de la sociedad civil Osman Kavala.
Una buena parte de los casos que llevan años en espera de una decisión son de las ONG para impugnar la “Ley de Agentes Extranjeros” de 2012. Esta ley, que impuso restricciones arbitrarias y daba a entender que las ONG eran espías y traidores, marcó el comienzo de una etapa muy difícil para la sociedad civil rusa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe dictar finalmente una sentencia sobre estos casos y el Consejo de Europa no debe continuar impasible ante la legislación análoga aprobada en otros países para silenciar a las ONG.
En 2015, el Tribunal Constitucional ruso concluyó que sólo podían cumplirse las sentencias del Tribunal de Estrasburgo que se ajustaran a la Constitución rusa, lo que permitía a Rusia declarar “no ejecutables” ciertas decisiones. Tal desafío al sistema sólo suscitó leves críticas, lo que sin duda reforzó la determinación de otros países para socavar de igual modo el marco internacional de los derechos humanos.
A pesar de este telón de fondo, aún debemos imaginar una generación posterior a Putin que perseguirá la reconstrucción de una Rusia respetuosa con los derechos humanos, una Rusia con alguna posibilidad de volver a ingresar en el Consejo de Europa. Esa Rusia no sólo tendrá que abordar las violaciones de derechos humanos pasadas y presentes cometidas en el país, sino además forjar nuevas relaciones con sus vecinos.
El Tribunal Europeo debería asegurarse de examinar sin tardanza los casos surgidos de la invasión de Ucrania y también los que afectan a las relaciones de Rusia con otros países vecinos. Estos casos suelen derivarse de los intentos rusos de controlar los “territorios escindidos”, que incluyen Transnistria en Moldavia, Abjasia y Osetia del Sur en Georgia, y Crimea, Dombás y otros lugares en Ucrania.
Rusia ha sido un importante contribuyente al presupuesto general del Consejo de Europa. Es fundamental que otros Estados miembros den un paso adelante para suplir las carencias de financiamiento. Además, el Consejo de Europa debe pensar en formas creativas de apoyar a la sociedad civil rusa para que pueda salir adelante, por ejemplo garantizando que quienes corren peligro inminente de ir a prisión por su labor de derechos humanos puedan recibir protección en Estados miembros.
Una lección fundamental para el futuro del Consejo de Europa es que la reducción del espacio civil es inaceptable. La expulsión de Rusia debe ir seguida del firme propósito de abordar la represión política y de otra índole ejercida contra la disidencia en los Estados miembros. Por ejemplo, en Turquía y Azerbaiyán, pero también en Hungría y Polonia, se han adoptado medidas manifiestas para acallar las voces críticas durante años. El cumplimiento de las sentencias relativas a las libertades fundamentales de la sociedad civil y el periodismo debe ser prioritario.
Por último, se han dado algunos pasos hacia la convocatoria de una gran cumbre con el objetivo de determinar el camino a seguir tras la expulsión de Rusia. Antes de celebrar cualquier reunión, es primordial que se realice un ejercicio retrospectivo sobre las líneas rojas cruzadas por Rusia durante años hasta su reciente guerra de agresión. Este ejercicio serviría igualmente para poner de relieve las líneas rojas que ya han cruzado otros Estados miembros y permitir que prospere un nuevo compromiso colectivo para hacer respetar más eficazmente los derechos humanos. Cuando Rusia resurja de este oscuro capítulo de su Historia, el Consejo de Europa debe estar preparado para acogerla de nuevo en la senda de la justicia y los derechos humanos.
“La agresión de Rusia es un desafío a todos nosotros”, dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ante una audiencia reunida el viernes en Kiev durante una visita de alto nivel a Ucrania. “¿En qué clase de mundo queremos vivir? ¿Uno construido sobre el abuso, el autoritarismo, la brutalidad de unas armas desplegadas por encima y al margen de la ley?”
Este artículo se publicó aquí en Politico.
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