“Tenemos un puerto seguro”, dice un miembro de la tripulación a decenas de abatidos solicitantes de asilo hacinados en un camarote a bordo del Sea-Watch 3, barco de rescate de una ONG. Tras casi tres semanas abandonados a su suerte en el Mediterráneo, cuesta un poco entender todo lo que eso significa. “Vamos a entrar”, explica. “C’est fini.” En segundos la sala estalla en expresiones de alivio y alegría desbordantes.
Este fue el final del calvario, la semana pasada, que vivieron 49 mujeres, hombres, niños y niñas a bordo del Sea-Watch 3 y el Professor Albrecht Penck, barcos de sendas ONG, que por fin pudieron desembarcar en Malta.
Habían sido rescatados en diciembre tras huir de Libia, pero los barcos no recibieron autorización para atracar en ningún puerto europeo del Mediterráneo. Cuando los días se convirtieron en semanas, algunos gobiernos europeos se comprometieron a acoger a las personas rescatadas cuando entrasen en Europa por los puertos italianos o malteses. Pero Italia siguió negando un puerto donde pudieran atracar los barcos, mientras que Malta ofrecía su cooperación con la condición de que otros países europeos accedieran a hacerse cargo de otras 249 personas rescatadas por las autoridades maltesas en una operación anterior.
Las noticias sobre niños que enfermaban y un hombre que había saltado por la borda en un inútil intento de llegar a la costa hicieron aumentar la indignación internacional. El mismo Papa lanzó un “sentido llamamiento a los líderes europeos para que muestren solidaridad concreta hacia estas personas”.
Después de no poca palabrería política, se permitió por fin que los barcos atracaran.
Según el derecho internacional, las personas rescatadas en el mar deben ser llevadas a un lugar seguro próximo, es decir, a un país donde sean tratadas con humanidad y se les ofrezca una oportunidad real de solicitar asilo. Hasta hace poco, eso significaba que toda persona rescatada en el Mediterráneo central procedente de Libia era llevada a Europa, pues devolverla a Libia la habría expuesto a la amenaza de sufrir detención arbitraria y posiblemente tortura.
Pero, interesados en bloquear la migración, los gobiernos europeos inventaron una solución alternativa para eludir sus obligaciones legales: prestaron apoyo a la Guardia Costera Libia para que interceptara a personas en el mar y las devolviera a Libia. Esto supuso proporcionar barcos, adiestramiento y apoyo en la planificación y coordinación de operaciones dentro de una “región de búsqueda y salvamento libia” en el Mediterráneo central, donde se producen la mayoría de los naufragios. Y dio a las autoridades libias la responsabilidad de coordinar operaciones de salvamento y de decir a los buques rescatadores dónde desembarcar a las personas rescatadas.
El resultado es un callejón sin salida en el que las personas rescatadas no pueden ser llevadas a Libia porque es ilegal e inhumano, y tampoco a Europa porque los gobiernos europeos se niegan a que desembarquen allí.
Como parte de la misma estrategia de reducir el número de desembarcos en Europa, los países retiran cada vez más patrullas. Las ONG que han intervenido para cubrir este vacío —rescatando a personas en peligro, incluso en la región de búsqueda y salvamento libia— no sólo se han encontrado con que se les niega sistemáticamente un puerto para atracar, especialmente en Italia y Malta, sino que también se les impide llevar acabo sus actividades de rescate con investigaciones penales injustificadas y obstáculos burocráticos.
En el ejemplo más reciente, las autoridades españolas impidieron que el barco de la ONG Proactiva Open Arms zarpase de Barcelona rumbo al Mediterráneo central el pasado lunes.
Los gobiernos europeos se muestran reticentes a permitir que las personas rescatadas en el mar desembarquen en su territorio. No quieren asumir la responsabilidad que esto desencadena de ofrecerles una oportunidad de pedir asilo y ayudarlas durante los procedimientos.
Normalmente, el país al que la persona solicitante de asilo entra en primer lugar en territorio de la UE es el responsable de examinar su solicitud, alojarla durante el proceso, integrarla en caso de que se vea reconocida su solicitud y devolverla a su país si su solicitud de protección es denegada. Por tanto, a menudo los Estados ribereños han tenido que ocuparse de esto solos, pues no existe un sistema para repartir esta responsabilidad entre todos los Estados europeos.
Muchas personas e instituciones han reconocido la necesidad de reformar las normas europeas sobre asilo, lo que se conoce como sistema de Dublín. Pese al intento del Parlamento de la UE de introducir reformas, no se han hecho cambios debido a la oposición de un puñado de países.
En lugar de buscar formas pragmáticas de gestionar mejor la migración, los gobiernos están cada vez más unidos en torno a la idea de mantener a la gente fuera. Las víctimas colaterales humanas de este planteamiento inadmisible son las personas solicitantes de asilo exhaustas, atrapadas durante semanas en barcos de rescate. Menos visibles son las mujeres, hombres, niños y niñas recluidos arbitrariamente en centros de detención libios o aquellos cuyos cadáveres no se encontrarán nunca.
“Este no ha sido uno de los mejores momentos de Europa”, dijo el comisario de la UE de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, sobre el desastre de Sea Watch la semana pasada. “La Unión Europea se basa en valores humanos y en la solidaridad. Y si no se defienden los valores humanos y la solidaridad, no es Europa”.
Aunque Europa está unida a la hora de tratar de endosar a terceros países los problemas que ella misma ha creado, sigue estando dividida en lo que se refiere a alcanzar soluciones. Tenemos que poner coto a la retórica que, sólo para obtener un beneficio político, demoniza a las personas que buscan seguridad y a quienes intentan ayudarlas.
Sufrirán más mujeres, hombres, niños y niñas hasta que los gobiernos europeos acuerden una política de desembarcos rápidos y predecibles conforme al derecho internacional y un sistema justo de reparto de la responsabilidad entre los países de la UE.
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