Turquía en el centro de la lucha por los derechos de las mujeres

En marzo, un hombre fue filmado mientras golpeaba brutalmente a su exesposa en una calle de Samsun (Turquía), delante de su hija de cinco años, que sollozaba a su lado. Las imágenes virales del hombre propinando bofetadas y puñetazos en la cara a la mujer, Emriye Metegül, de 24 años, y golpeándole cabeza repetidamente contra el suelo conmocionaron Turquía.

Unas semanas después, el presidente Recep Tayyip Erdoğan emitió un decreto en el que anunciaba que Turquía iba a retirarse del Convenio de Estambul, un tratado internacional histórico concebido para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género en el ámbito familiar. Fue una medida enormemente preocupante que desencadenó la condena en todo el mundo y meses de protestas de mujeres y activistas de los derechos LGBTQ+.

La retirada de Turquía se ha hecho oficial esta semana y lo convierte en el primer miembro del Consejo de Europa que abandona un tratado internacional de derechos humanos. Irónicamente, Turquía fue el primer Estado que firmó y ratificó el Convenio. Redactado por los Estados miembros del Consejo de Europa y abierto a la firma en Estambul en 2011, el tratado ofrece un marco jurídico para proteger a las mujeres de la violencia y promover la igualdad de género mediante la legislación, la educación y la concienciación. Ha sido ratificado por 34 de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa. Esta es la lista de países europeos que todavía no lo han ratificado: Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Reino Unido, República Checa, Rusia y Ucrania.

El tratado es una herramienta crucial que ya ha transformado la vida de millones de mujeres y niñas de los países participantes. Gracias a la ratificación e implementación del Convenio de Estambul, Finlandia estableció una línea telefónica de emergencia 24 horas para sobrevivientes de la violencia de género en el ámbito familiar e Islandia, Suecia, Grecia, Croacia, Malta, Dinamarca y Eslovenia introdujeron unas definiciones legales de violación vitales, basadas en el consentimiento, desde 2018.

El Convenio de Estambul es un instrumento internacional ampliamente aceptado que se ha convertido en la referencia para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género en el ámbito familiar. Su impacto va más allá del Consejo de Europa. Reino Unido y Ucrania han hecho recientemente compromisos importantes hacia la ratificación, y México, Estado observador del Consejo de Europa, anunció hace poco su intención de ser parte en el tratado.

Lamentablemente, Turquía no es el único país que rechaza este instrumento esencial. El año pasado, Polonia anunció su intención de retirarse, alegando que el tratado amenaza “valores familiares”, mientras Hungría se niega a ratificarlo porque “prescribe ideologías de género peligrosas”. Esta peligrosa retórica se hace eco de las afirmaciones del gobierno turco de que el Convenio de Estambul “normaliza la homosexualidad” y se produce en medio de los esfuerzos concertados de Polonia y Hungría para hacer retroceder los derechos LGBTQ+ y legitimar la discriminación.

La iniciativa de Turquía ha sido condenada por gobiernos y por personalidades mundiales como el presidente Joe Biden y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La decisión de Erdoğan pondrá a millones de mujeres y niñas en un peligro mayor. El vídeo de Samsun era la punta del iceberg; según grupos de derechos de las mujeres, al menos 300 mujeres fueron asesinadas en Turquía el año pasado y más de 100 han muerto violentamente hasta ahora en 2021. La inacción al abordar la violencia contra las mujeres en Turquía se ve agravada por una cultura de impunidad para la violencia, disfrazada de presuntos valores familiares.

La pandemia de COVID-19 y los confinamientos que trajo consigo hicieron la situación aún más peligrosa, y hubo un aumento espectacular de denuncias de violencia contra mujeres y niñas en Turquía. En lugar de retirarse del Convenio, Turquía debería trabajar hacia su implementación a través de la legislación, las políticas y otras medidas en el ámbito nacional para proteger de la violencia sin discriminación a las mujeres y niñas. Las medidas que ha adoptado Turquía desde que se convirtió en parte en el Convenio han sido manifiestamente insuficientes, como muestran las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, hay esperanza. El paso que ha dado Turquía ha tenido el efecto inesperado de exponer la violencia que sufren las mujeres en el país y ha galvanizado protestas reiteradas durante meses. Decenas de miles de personas han salido a la calle de Turquía para defender sus derechos y en todo el mundo son millones quienes conocen por primera vez el Convenio de Estambul y luchan por él.

Hoy, Turquía ha vuelto la espalda al modelo de referencia para la seguridad de las mujeres y niñas, transmitiendo a los perpetradores el mensaje temerario y peligroso de que pueden cometer actos de violencia con impunidad. Pero este podría ser también el momento en que la tendencia empieza a invertirse. Puede que Turquía haya retrocedido 10 años en los derechos de las mujeres, pero el presidente Erdoğan ha desafiado también a todas las personas que creen en los derechos humanos. Y éstas han aceptado el desafío.

Como han dejado claro los movimientos Time’s Up y #MeToo, la violencia de género es un problema global que sufren mujeres, niñas y personas LGBTQ+ a diario. Necesitamos unirnos para combatirlo, para defender nuestros derechos ante una ofensiva alarmante. Necesitamos la protección de los tratados internacionales y debemos seguir mostrando nuestra solidaridad con las mujeres de Turquía cuando afronten los días difíciles que vendrán.

Este artículo fue publicado por primera vez en Newsweek.