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Elena Cortés: "La única ley que evita desahucios y abusos de la banca es la andaluza"

La consejera de Fomento y Vivienda celebra el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la ley hipotecaria del Gobierno de la Nación.

Insiste en reclamar la convocatoria de la comisión bilateral para debatir las discrepancias en la recurrida Ley de la Función Social de la Vivienda.

Los embargos por hipotecas crecen un 19,5 % pero caen en viviendas habituales

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha afirmado hoy que el Gobierno de la Nación "se ha quedado sin coartadas" para seguir "poniendo alfombra roja a la banca para desahuciar y especular con sus viviendas", después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "haya puesto negro sobre blanco lo que el Gobierno de Andalucía siempre ha denunciado": que la Ley 1/2013 "vulnera los derechos fundamentales y sitúa a las familias hipotecadas en una situación de absoluta indefensión frente a las agresiones del poder financiero".

"La justicia ha vuelto a establecer que el Gobierno de España, en un conflicto entre una familia sin empleo que no puede pagar su hipoteca y una entidad financiera que ha recibido multimillonarias cantidades de dinero público y la quiere desahuciar, se pone sin dudarlo de parte del banco", ha explicado la consejera. Ha aprovechado para pedir la convocatoria de la comisión bilateral entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para abordar la retirada del recurso contra Ley de Función Social de la Vivienda en Andalucía, así como la adaptación de la normativa estatal a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Es la segunda vez que el TJUE censura explícitamente al Gobierno de España "por vulnerar derechos fundamentales, desproteger a las familias de los abusos bancarios y promover desahucios ilegales con leyes que garantizan la impunidad de la banca", según ha recordado la consejera. Por eso se ha preguntado ¿a qué esperan para rectificar?, ¿a qué esperan los ministros Luis de Guindos y Ana Pastor para asumir sus responsabilidades y admitir que esta ley únicamente pretendía hacer cambios superficiales para que nada cambiara en el fondo?".

En su opinión, la única ley que evita desahucios y abusos de la banca es la aprobada por el Parlamento de Andalucía en septiembre de 2013. "Y por eso el Gobierno de España la recurrió. Porque funcionaba, porque evitaba desahucios y combatía la especulación", ha aseverado. Ha destacado que en sólo tres meses en vigor, la ley permitió la expropiación temporal del uso de 39 viviendas para evitar otros tantos desahucios de familias en riesgo de exclusión social, al tiempo que ejerció un efecto disuasorio en Andalucía.

El recurso es "culpa" de la Junta de Andalucía

Precisamente esta semana el Ministerio de Fomento culpaba a la Junta de Andalucía de que el Gobierno de Mariano Rajoy presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de la Función Social de la Vivienda, ya que "no consideraba modificar sus criterios" durante las negociaciones lo que acabó desembocando en la aprobación de una norma "inconstitucionalidad a juicio de la Administración General del Estado". Lo explica de esta manera en respuesta al portavoz adjunto de Economía del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hurtado, quien presentó una pregunta para saber si el ministerio atendería la solicitud de la Junta de Andalucía de convocar una comisión bilateral para "dirimir las cuestiones de competencias".

El PP aduce que durante la tramitación de la ley en el Parlamento de Andalucía se planteó la posibilidad de "realizar negociaciones para resolver las diferencias existentes", ofrecimiento que la Administración General del Estado "aceptó". Pero continúa, en la misma respuesta: "Sin embargo, no fue posible llegar a un acuerdo porque la Junta de Andalucía no consideraba modificar sus criterios, que determinan se incurra en inconstitucionalidad a juicio de la Administración General del Estado". Igualmente, en la respuesta se insiste en que el recurso "tiene sólida base jurídica", pese a lo que el Gobierno de la Nación asegura mantener su "disposición a negociar" siempre y cuando se parta, "lógicamente, de la voluntad de la Junta de Andalucía de modificar determinados aspectos de la norma".


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