La Junta de Andalucía no tiene aún una posición sobre la titularidad de la Mezquita de Córdoba
La consejería de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha reconocido este jueves que la Junta de Andalucía todavía no tiene una posición respecto a la titularidad de la Mezquita de Córdoba, que la Iglesia Católica inscribió como propia el 12 de marzo de 2006 en el registro de la propiedad y que un movimiento ciudadano reclama que sea totalmente pública. “Desde el primer momento el Gobierno de Andalucía ha mostrado su interés en preservar para lo público el monumento”, ha incidido, para apuntar que se está valorando la cuestión con su gabinete jurídico, sin que todavía haya un dictamen, mientras que el Ayuntamiento de Córdoba sí ha rechazado quitar la titularidad a la Diócesis de Córdoba. “La Junta de Andalucía es seria y rigurosa por lo que estudiará todo el tiempo que sea necesario” la cuestión, en palabras de la consejera, quien ha abogado por el “consenso” en este debate.
Respondía de esta manera al PP-A en la Comisión de Hacienda y Administración Pública en el Parlamento de Andalucía cuando se le ha preguntado por la posición del Consejo de Gobierno respecto la titularidad del monumento. “Está claro que la Junta de Andalucía tiene mucho que decir sobre lo que ocurra con este patrimonio”, ha expresado la consejera, quien ha recordado que es un bien de interés cultural (BIC), por lo que está sometido a numerosas cautelas. En opinión de la consejera, este monumento tiene unas consideraciones que deben ser respetadas: “La Iglesia Católica con su titularidad no puede hacer uso de unas facultades distintas a las que se le conceden”.
Ha llamado también a la “reflexión” en cuestiones como que “si en pleno siglo XXI tiene sentido que se atribuyan a la Iglesia Católica potestades que se reservan a los funcionarios”. Para agregar: “Estamos convencidos de que es compatible que sea un monumento de todos los ciudadanos con la gestión que ejerce la Iglesia Católica”.
Por su parte el diputado del PP-A y alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha restado importancia a la polémica, apuntando que “desde que en 2009 se conocieron estos hechos han surgido diversos movimientos que ha ido planteando estas cuestiones”, al tiempo que ha acusado a la Junta de Andalucía de alinearse con “una plataforma que no está ni registrada”, lo que ha calificado de “gran error” que espera que “rectifique”. Se refería así a la denominada Plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todos.
Por otra parte, ha negado que en inscripciones oficiales aparezca el nombre de Catedral de Córdoba, en lugar de Mezquita Catedral de Córdoba como aprobó el pleno. “En Córdoba no existe este problema. Se está generando a través de una serie de canales y medios de comunicación”, ha dicho, incidiendo en que cada cierto tiempo sale a escena el tema. “Hasta ahora nunca la Junta de Andalucía había tomado partido y lo ha hecho por una plataforma en concreto”, ha remarcado.
“En Córdoba todo el mundo sabe que es Catedral de Santa María desde 1236. El pleno del Ayuntamiento de Córdoba acordó llamarle Mezquita Catedral de Córdoba. Cuando cualquier persona visita Córdoba le digo, 'vamos a la mezquita', igual que otros dicen 'antigua mezquita' o 'catedral'. Pero en toda la documentación del Ayuntamiento de Córdoba aparece la denominación que se acordó”, ha continuado el regidor.
Finalmente, ha invitado a la consejera a ir a la ciudad y a decirle “dónde pone Catedral de Córdoba”, porque según él no es así. “Sí es cierto que sus titulares desde 1236 la denominan Catedral de Córdoba, ¿y qué problema hay?”, se ha preguntado, para espetarle si por esto “cree que está en peligro el interés general”.
Cabe recordar que la Diócesis de Córdoba inscribió el monumento como propio basándose en la Ley Hipotecaria de 1947 por lo que el alcalde le ha dicho a la consejera que si no le gusta esta norma “que la hubiera cambiado el PSOE cuando gobernaba”. María Jesús Montero ha “recogido el guante” y ha pedido que PP y PSOE vayan “de la mano” para pedir el cambio en el Congreso de los Diputados “para que la titularidad no se plantee con una ley antidemocrática”.
