Montoro exige que la Junta avale a los ayuntamientos morosos de Andalucía
En pleno debate sobre los Presupuestos Generales de 2018 y la reforma de la financiación autonómica, el Gobierno central y el andaluz forcejean estos días para no aparecer como “el malo de la película” con los ayuntamientos más endeudados, como el responsable de que, llegado el caso, se intervenga su autonomía política y financiera a las puertas de las elecciones municipales de 2019.
El Ministerio de Hacienda ha exigido una revisión del plan de tesorería a nueve ayuntamientos de Andalucía –entre los 14 más morosos del país- advirtiéndoles de que intervendrá sus cuentas para pagar directamente a sus proveedores si en el plazo de “dos a tres meses” no corrigen el retraso excesivo en el abono de sus facturas. Dada su extrema flaqueza financiera, los consistorios de Jerez, Jaén, Huelva, Granada, Puerto de Santa María, Chiclana, Algeciras, Vélez-Málaga y la Diputación Provincial de Cádiz están adheridos al fondo de ordenación del Gobierno, lo cual les permite acceder a unas líneas de crédito, pero también les compromete a dejarse tutelar y a ejecutar recortes adicionales. Todos ellos tenían de plazo hasta este viernes 27 de abril para presentar un nuevo plan de saneamiento ante el Ministerio y también ante la Consejería de Hacienda, que debe ejercer como órgano de tutela financiera.
La situación ha generado incertidumbre en los consistorios señalados, que difícilmente podrán abordar los Presupuestos municipales de 2018, claves en un año preelectoral como éste. También ha abierto un nuevo enfrentamiento entre el departamento de Cristóbal Montoro y la Consejería de Hacienda de la Junta. El Ministerio ha lanzado un ultimátum a los nueve ayuntamientos morosos y hace “corresponsable” a la Junta de Andalucía de buscar una solución que evite una mayor intervención de sus cuentas. El Gobierno de Susana Díaz, como “órgano de tutela financiera de los municipios” (como establece el Estatuto de autonomía), debía recepcionar este viernes los planes de ajustes y supervisar su viabilidad. Fuentes del Ministerio explican que la Junta es corresponsable de la situación, en tanto que “debe recibir la comunicación de alerta de incumplimiento del plazo máximo de morosidad emitida por el interventor de los ayuntamientos” y, posteriormente, “la actualización del plan de tesorería” con propuestas de mejora. El plazo vence este viernes, pero tendrán “unos días más de margen”.
“No quieren ser los malos de la película”
Una vez la Junta haya estudiado el plan de ajuste de los nueve ayuntamientos, “podrá proponerles medidas correctoras” que estos “deberán aplicar”. Montoro defiende que el Gobierno andaluz tiene que ir “más allá” de su labor de tutela financiera y, por tanto, “puede y debe” barajar la posibilidad de ayudar a los consistorios inyectándole liquidez en sus arcas. Toda la información que intercambie con los consistorios señalados deberá compartirla con el Ministerio, que la tendrá en cuenta a la hora de intervenir. En caso de que finalmente se opte por la retención de los ingresos municipales y la monitorización de sus pagos desde Madrid, habrá sido una decisión “conjunta” entre Gobierno y Junta.
La Consejería de Hacienda rechaza de plano esta lectura. Sostiene que desde 2012 es el Gobierno quien aborda directamente con los municipios el cumplimiento del pago a proveedores, y que su papel es de mero “acompañamiento”. “La tutela financiera es para situaciones de normalidad, para visar las cuentas municipales, no para controlar un instrumento de estabilidad presupuestaria que depende directamente del Ministerio”, dicen desde el departamento de María Jesús Montero.
La Junta cree que el Gobierno quiere “sacudirse la presión en el último momento” ante la perspectiva de tener que retener los ingresos de estos ayuntamientos para pagar directamente a sus proveedores, e incluso ejecutar desde Madrid nuevos recortes de personal y de presupuesto. Se trataría de una nueva intervención de la autonomía política y financiera de las entidades locales, en caso de que los planes de ajuste presentados el viernes no dieran resultado. La amenaza de Montoro se ejecutaría tras el verano, muy cerca de la campaña para las elecciones municipales de 2019, convirtiéndose en una poderosa arma política para los damnificados. “No quieren ser los malos de la película y pretenden meternos a nosotros en el mismo saco”, advierten desde la Consejería.
Abultada deuda
Los nueve ayuntamientos andaluces más morosos exceden en mucho los 60 días de promedio de pago a proveedores (30 días empiezan a contar al mes de recibir la factura), plazo límite que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y por el que se exponen a ver cómo el Ministerio retiene sus ingresos para pagar directamente a las empresas adeudadas. Todos son gobiernos con especial riesgo financiero, todos acumulan una deuda abultada y están adheridos al fondo de ordenación, un mecanismo de Hacienda para cubrir sus pagos a tiempo a través de préstamos, bajo el compromiso de someterse a un duro plan de ajuste. A pesar de todo, ninguno de ellos ha logrado equilibrar sus cuentas, de ahí que Montoro les enviase una carta de advertencia exigiéndoles medidas más contundentes en un plazo corto de tiempo.
Esta semana, en los días previos a la finalización del plazo para presentar los planes de ajuste, algunos de esos alcaldes han viajado a Madrid para abordar el problema en los despachos del Ministerio de Hacienda. Es el caso de Mamen Sánchez, regidora de Jerez, que ha trasladado que su Consistorio ya está sujeto a un plan de saneamiento, y que el retraso en el pago a proveedores deviene de facturas anteriores a dicho ajuste. El Ministerio ha dado por buenas las explicaciones y no descarta apoyar el presupuesto municipal de este año –esencial para la ciudad y para el Ayuntamiento en un año preelectoral-, pero exige el aval del Gobierno andaluz a los planes de ajuste de Jerez y del resto de municipios morosos.
De la lista de ayuntamientos morosos, Jerez y Jaén están a la cabeza por acumular una deuda desproporcionada, en parte porque en los años de crisis siguieron sosteniendo una plantilla muy abultada y porque se embarcaron en proyectos –como el famoso tranvía de Jaén, terminado pero nunca en funcionamiento- que disparó aún más su nivel de deuda. Los diversos planes de tesorería que han ejecutado desde entonces no han servido para bajar de los 60 días de plazo medio de pago a proveedores. Los regidores que ahora hacen equilibrios financieros no son los mismos dejaron sus ciudades endeudadas.
Se da la circunstancia, por ejemplo, que el ahora secretario de Estado de Hacienda, ‘policía’ de las finanzas locales, José Enrique Fernández de Moya, fue antes alcalde de Jaén, el consistorio que encabeza con 540 días de media el ranking de los que más tarden en pagar a sus proveedores. La Junta le acusa de haber dejado su Ayuntamiento “en quiebra técnica”, y él señala al Gobierno local que le precedió (PSOE e IU) de haber provocado “la ruina total”. “Jaén ha recibido del Gobierno 320 millones de euros por los planes de pago a proveedores y el fondo de ordenación, y la Junta ha aportado cero medidas de liquidez”, sostiene él, que reprocha al Ejecutivo de Susana Díaz que tenga “congelada desde 2012 la Patrica [la participación municipal en los tributos de la comunidad] y haber decidido ”asfixiar económicamente a los ayuntamientos andaluces“.
