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Todos los grupos del Parlamento andaluz aíslan a Vox y garantizan el desarrollo de la Ley de Memoria mientras siga en vigor

Los socios de Gobierno, PP y Ciudadanos, apoyan parcialmente una moción del PSOE que insta al Ejecutivo andaluz a desarrollar aspectos pendientes de la ley, pero rechazan agilizar el calendario de aplicación y la dotación presupuestaria

La intervención del diputado ultraderechista Benito Morillo, que llamó "buscadores de huesos" a los socialistas, provoca el rechazo unánime entre los parlamentarios de todos los grupos políticos

Parlamento insta a Junta, con el único rechazo de Vox, al cumplimiento de la Ley andaluza de Memoria

Parlamento insta a Junta, con el único rechazo de Vox, al cumplimiento de la Ley andaluza de Memoria

El Parlamento de Andalucía ha acogido este jueves un debate crispado, bronco y guerracivilista en torno a una moción del PSOE que apremia al Gobierno de PP y Ciudadanos a aplicar cuanto antes aspectos pendientes de la Ley andaluza de Memoria Histórica. El resultado ha sido parcialmente favorable a la iniciativa socialista, que ha logrado el respaldo de todos los grupos, excepto Vox, en ocho de los 21 puntos de la moción. El Pleno del Parlamento, quedando el partido ultraderechista aislado, ha instado al Gobierno andaluz a cumplir la Ley de Memoria, que sus socios quieren derogar. Mientras la norma siga en pie, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla se ha comprometido, a instancias de la Cámara legislativa, a impulsar las exhumaciones de las fosas de víctimas del franquismo en las 60 actuaciones que ya había autorizado el anterior Gobierno de Susana Díaz.

Pero el consenso ha menguado y el debate gira en torno del grupo más pequeño de la Cámara, cuya resonancia es atronadora. Se han escuchado gritos, insultos y hasta amenazas saltando entre las bancadas de la derecha y de la izquierda. El diputado de Vox, Benito Morillo, se ha dirigido a los socialistas llamándoles "buscadores de huesos", desatando un murmullo in crecendo en el hemiciclo que ha terminado en una bronca tremenda. "¡Qué vergüenza! ¡Qué bochorno!", ha exclamado el portavoz del PSOE, Mario Jiménez, llamado al orden por la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet. "¡Gamberros, sinvergüenzas!", se ha escuchado desde las filas de Vox, con algunos de sus parlamentarios apuntando con el dedo a los socialistas. Ese momento lo ha oído desde la bancada próxima el líder de IU y portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, que quiso avisar a Bosquet: "¡Están insultando, señora presidenta!". El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha respondido a Maíllo: "Tú ríete que verás", le ha dicho.

Sólo Vox se ha sentido cómodo en este debate. Al menos una docena de diputados consultados por este periódico -de PSOE, PP, Cs y Adelante Andalucía- ha calificado la intervención de Morillo de "bochornosa", "exaltada", "lamentable", "patética". El diputado ultraderechista ha culpabilizado a la izquierda del comienzo de la Guerra Civil española en un discurso leído de la primera a la última palabra. "El sectarismo de la izquierda, cuyo germen fecundó en la sociedad de los años 30 pariendo aquella monstruosa guerra, vuelve a intentar casi un siglo después una nueva inseminación en una sociedad que vive afortunadamente de espaldas a aquella trágica experiencia de nuestro pasado reciente”, dijo. Sus 11 compañeros le aplaudieron con entusiasmo, todos se pusieron en pie para abrazarle y felicitarle cuando hubo terminado. Morillo, satisfecho, levantó el pulgar en señal de victoria dirigiéndose a los asesores de Vox, que acudieron, raudos, a subir el vídeo de su intervención a las redes sociales.

La escenificación de Vox en este debate ha destruido el consenso político que se fraguó en la pasada legislatura para aprobar la Ley de Memoria sin votos en contra. También ha radicalizado la posición de PP y de PSOE, dos formaciones que hace dos años hicieron un sobreesfuerzo de entendimiento para sacar adelante la ley. Hoy ese talante es irreconocible, hoy chocan frontalmente. Los populares tienen firmado un acuerdo político con Vox en el que se comprometen a cambiar la Ley de Memoria por una Ley de Concordia, que tenga "más consenso político". Los socialistas han llevado una moción al Parlamento para acelerar la aplicación de la misma, han aceptado enmiendas de Adelante Andalucía y han vetado todas las del PP y Cs.

Esta semana, Vox ha expresado su malestar con el PP porque permitió tramitar una proposición no de ley del PSOE sobre la educación de la Memoria Histórica en las aulas. "Están contraviniendo el acuerdo firmado con nosotros. Tomamos nota", les advierten. Los populares se han apresurado a calmar a sus socios -de quien depende la aprobación de los Presupuestos andaluces- admitiendo por primera vez que derogarán la Ley de Memoria. Y con esa noticia en la mesa, arrancó el debate sobre la moción del PSOE que busca dos objetivos: Uno declarado: el desarrollo normativo de la Ley de Memoria. Y otro subterráneo: tensiones la relación del Gobierno PP-Ciudadanos con sus socios de Vox.

Los socialistas acusan al PP de dar cobertura a la ultraderecha para minar el consenso político en materia de Memoria o en políticas de igualdad, y usan intervenciones tan agresivas como la de Morillo para atacar al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Los populares también acusan al PSOE de dar cobertura a Vox, forzando debates sobre asuntos en los que saben que la ultraderecha desatará todo su armamento propagandístico. "Los socialistas llevaban 15 años buscando esto, declaraciones exaltadas como las del diputado de Vox para alimentar la confrontación, porque en realidad nunca se creyeron nuestro esfuerzo y ejemplo de responsabilidad que nos llevó a abstenernos para no votar contra la Ley de Memoria", explican fuentes populares. "El PP ha perdido la vergüenza y no le produce el más mínimo conflicto moral las reclamaciones inhumanas de la extrema derecha. Y Ciudadanos también. Si tuvieran la más mínima grandeza moral habrían roto con ellos. Son iguales", replican los socialistas.

La Consejería de Cultura, que gestiona las competencias en materia de Memoria, asume la difícil tarea de compaginar el desarrollo de la legislación actual con el inicio de una negociación con el resto de grupos para cambiarla por una Ley de Concordia. El Gobierno andaluz no tiene intención de derogar la Ley de Memoria de inmediato, como exige Vox, no lo hará hasta que haya un texto normativo alternativo. Sin embargo, los socialistas ya han advertido a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, de que no logrará más que los 59 diputados que suman PP, Cs y Vox, por tanto, un consenso inferior del que obtuvo la Ley de Memoria. 

Mientras tanto, los socialistas presionan y traen al Parlamento mociones para agilizar los plazos de cumplimiento de algunos aspectos claves de la ley, incluidos en el I Plan Andaluz de Memoria Democrática durante los próximos cuatro años. La Junta replica: "No nos exijan que hagamos en dos meses lo que ustedes no han hecho en dos años con la ley en vigor". El PSOE apremió al Gobierno a incluir la primera dotación económica del plan en el Presupuesto de 2019, pero Cultura lo ve imposible, y PP y Ciudadanos han rechazado este punto de la moción. El Ejecutivo de Moreno trabaja con unas cuentas prorrogadas y en junio presentará las de este ejercicio, y el borrador de las del año que viene, en las que sí aceptarían incluir el gasto previsto para el Plan de Memoria.

El debate ha extrapolado la tensión de los socios de Gobierno al exterior del hemiciclo. Se perciben nervios. La consejera y el portavoz del PP hacen corrillos en los pasillos del Parlamento con los responsables de Vox para llamarles a la calma, para ponerles en sobreaviso de que apoyarían algunos aspectos de la moción del PSOE sobre la Ley de Memoria. A sus socios no les parece bien, y el único argumento tranquilizador es que el Gobierno de Moreno se compromete a derogar la norma y a sustituirla por otra.

Pero eso tardará en llegar. Del Pozo aplicará estrictamente la Ley de Memoria, cumplirá los plazos y los compromisos que dejó pendientes el anterior Gobierno socialista: la consejera tiene intención de continuar con el plan de exhumaciones de víctimas del franquismo, ya suscrito con varios ayuntamientos, prevé sacar adelante el decreto que regula la retirada de los símbolos del franquismo de los espacios públicos -pendiente de aprobar-, y convocará cada tres meses al Consejo andaluz de la Memoria Histórica, donde se debatirá qué aspectos de la ley pendientes de desarrollar son prioritarios.

Del Pozo quiere que la futura Ley de Concordia se geste en el Parlamento, como una proposición de ley pactada por todos los grupos, y eso anticipa un debate largo, de al menos dos años, y complicado, porque requerirá poner de acuerdo a los grupos de derechas y a los de izquierda. La duda ahora es cuándo se rebasará la paciencia de Vox, que tendrá que ver en todos esos años cómo el Ejecutivo andaluz que ellos sostienen desarrolla la Ley de Memoria, ordena la retirada de símbolos franquistas, costea las exhumaciones de víctimas de la Dictadura, regula el bando de ADN de los fusilados, asesinados y torturados por los fascistas... El PSOE cree que la clave está en los plazos de ejecución, por eso en su moción quiso comprometer a la Junta con un calendario muy ambicioso, que ni ellos mismos cumplieron cuando gobernaban.

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