Unidos Podemos exige a Rajoy el cumplimiento 'retroactivo' del Estatuto andaluz
Unidos Podemos ha presentado enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado para 2018 con un impacto directo en Andalucía de 4.100 millones de euros. En realidad, desglosando todas las medidas -2.500 millones de enmiendas sobre el gasto general y 1.600 millones en medidas específicas para la región- se trata más bien de un presupuesto alternativo. Los grupos de izquierda dibujan las cuentas del Estado con un orden de prioridad muy distinto al del Gobierno de Mariano Rajoy.
Es algo habitual cada ejercicio presupuestario, aunque este año llama la atención otro tipo de enmienda, descolgada del resto, que reclama el cumplimiento retroactivo de la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía Andaluza. Dicho artículo obliga por ley al Gobierno a destinar a infraestructuras “el equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado”, esto es, en torno al 18% del cómputo global de inversión pública. La enmienda tendrá, por fuerza, un carácter retroactivo, dado que este apartado del Estatuto tenía un periodo de vigencia de siete años. La norma andaluza de mayor rango entró en vigor el 20 de marzo de 2007, de modo que la DAT expiró técnicamente en el ejercicio presupuestario 2014.
La enmienda de adición de Unidos Podemos tiene dos puntos: el primero pide convocar la Comisión mixta Junta-Estado, integrada por representantes de ambas administraciones, para hacer un seguimiento del cumplimiento de las inversiones del Gobierno en Andalucía. En segundo lugar, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos para 2018, la Intervención General del Estado deberá remitir “los datos concretos de las inversiones reales efectuadas en Andalucía los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014”. En 2013, bajo la presidencia de José Antonio Griñán, la Junta ya emprendió acciones legales contra el Estado por incumplir “su obligación de informar sobre la inversión totalmente ejecutada en los ejercicios 2010 y 2011”, pero el caso no llegó a mayores.
De todas maneras, la obligación del Estado de destinar a Andalucía un volumen de inversiones acorde con su peso poblacional nunca llegó a cumplirse. La crisis económica se interpuso, de modo que ni los últimos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero ni los subsiguientes de Rajoy cumplieron esa parte del Estatuto andaluza, que tiene rango de Ley Orgánica, fue aprobada en el Congreso y en el Senado, y previamente ratificada por los andaluces en un referéndum. La Junta de Andalucía tiene calculado el déficit inversor del Estado en Andalucía entre 2008 y 2014 en más de 5.000 millones de euros.
Después de 2014 ha seguido denunciando cada año, machaconamente, que el Gobierno de Rajoy continuaba incumpliendo el Estatuto andaluz, convirtiéndose en motivo de confrontación con el PP. Los populares siempre han afeado al Ejecutivo de Susana Díaz que reclame el dinero a Rajoy y no lo hiciera con Zapatero (que tampoco pagó lo que debía, aunque sí calculó la deuda de los dos primeros años -2008 y 2009- poco antes de abandonar la Moncloa). En los últimos días de aquella legislatura, Gobierno y Junta acordaron en una comisión bilateral que la deuda estatal por el déficit inversor en Andalucía en los ejercicios de 2008 y 2009 alcanzaba los 1.504 millones. Tras las elecciones, el Gobierno de Rajoy no sólo se negó a hacerse cargo de esa deuda. También se sintió liberado de cualquier compromiso de pago que emanase del Estatuto. El secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, envió una carta al Gobierno andaluz para zanjar el asunto. La misiva se acogía a una sentencia del Tribunal Constitucional, que sostiene que el Estatuto de Autonomía “no puede tener en modo alguno (...) efectos directamente vinculantes para el Estado, y deja claro que las comunidades no pueden dirigir las inversiones estatales”
Ese argumento se aplicó en 2012 y siguió vigente hasta 2014, permitiendo al Gobierno hacer oídos sordos cada año durante el debate de Presupuestos Generales. Tampoco el resto de comunidades cuyos Estatutos incluían cláusulas parecidas a la andaluza recibieron el dinero previsto. Cataluña, cuyo porcentaje de inversión depende del PIB que aporta al conjunto (en torno al 19%), según su Estatut, recibió un 11,9% del total aquel año.
A pesar de los pulsos dialécticos en el Parlamento cada vez que volvía el debate sobre los Presupuestos Generales, el Ejecutivo andaluz nunca llegó a presentar ante el Tribunal Supremo un recurso contra el Gobierno por incumplir el Estatuto andaluz. El gabinete jurídico lo desaconsejó y, a lo sumo, el ex consejero de Economía Antonio Ávila denunció por la vía Contencioso Administrativa que Rajoy había incumplido su obligación de informar sobre la inversión ejecutada en 2010 y 2011.
El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, y la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, han emulado este lunes a la Junta y han seguido denunciando que el Gobierno, a día de hoy, sigue incumpliendo con el compromiso inversor que marca el Estatuto andaluz. Lo han hecho en la presentación de las enmiendas de Unidos Podemos a los Presupuestos Generales de 2018: “Existe un doble déficit con Andalucía: el acumulado y la deuda. La inversión que no se ejecutó cuando se debía, y el compromiso político que se presupone a partir de entonces, para no volver otra vez a las andadas”, dice Maíllo.
De los 4.100 millones que movilizan las enmiendas de Unidos Podemos, 1.600 millones son específicas para el territorio andaluz, bien con infraestructuras (920 millones), planes de empleo (220 millones) y transformación del modelo productivo (500 millones), entre otras.
