A juicio la “expropiación de alimentos” de 2012: varios sindicalistas afrontan penas de año y medio por asaltar un Mercadona
Verano de 2012. La prima de riesgo y aquel “préstamo en condiciones muy ventajosas” del ministro De Guindos invaden los informativos. Mientras, otro“rescate” sacude los supermercados. La autodenominada “expropiación de alimentos” de primera necesidad de un Mercadona en Écija llega ahora a juicio, más de siete años después.
El 7 de agosto de 2012, un numeroso grupo de miembros y simpatizantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) entró en un establecimiento de la conocida cadena de supermercados. Cientos de productos engordaron una veintena de carros con la intención de “repartirlos” en la Corrala Utopía de Sevilla a gente que “lo necesitaba”, señalan fuentes de la organización, que recuerdan que aquel día también se llevaron decenas de alimentos de un Carrefour en Arcos de la Frontera (Cádiz). Fueron acciones simultáneas: Sánchez Gordillo lideraba la de Écija, Diego Cañamero estuvo en el supermercado de Arcos. Tanto Mercadona, que ejerce la acusación particular, como la Fiscalía de Sevilla acusan a un total de 20 personas de robo con violencia y piden un total de 32 años de cárcel (un año y seis meses para cada uno de ellos).
El juicio por el caso de Écija empieza a celebrarse este jueves en un juzgado de Sevilla. Carrefour decidió no denunciar y asumir la “entrega” de los alimentos. “Se acordó la expropiación de alimentos básicos para llamar la atención pública sobre la situación crítica que sufrían miles de familias que estaban literalmente pasando hambre en Andalucía”, explica el SAT.
De lo sucedido en Écija fue absuelto Juan Manuel Sánchez Gordillo, histórico líder jornalero y alcalde de Marinaleda (Sevilla) desde 1979, por no existir indicios de su participación material en los mismos, según acordó en enero de 2104 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). A este juicio deberán comparecer, entre otros, el actual secretario general del SAT, Óscar Reina, o el exconcejal de Jaén en Común Andrés Bodalo. También se sientan en el banquillo de los acusados el alcalde de Pedrera, Antonio Nogales (IU), o el exdiputado provincial de Sevilla por IU Manuel Rodríguez Guillén.
“Intención de sustraer mercancía”
“La ilegalidad no es sacar carros del Carrefour, es no cumplir las promesas electorales”, dijo Diego Cañamero cuando, un año después, se volvieron a repetir estas acciones “protesta”. “Se nos acusa de robo. Cuando se roba se pretende obtener un beneficio o un lucro de ese robo. Los alimentos de primera necesidad, con un valor monetario mínimo, fueron entregados con luz y taquígrafo, con los medios de comunicación delante, en la Corrala Utopía, un bloque de viviendas que fue ocupado durante meses por familias sin hogar y sin recursos”, argumentan ahora desde el SAT.
La Fiscalía, según el relato de los hechos que expondrá en la primera sesión del juicio antes de los interrogatorios, entiende que la veintena de acusados “puestos de común acuerdo” entraron en el Mercadona “con la intención de sustraer mercancía del establecimiento no abonando su importe”. “Tras cargar una veintena de carros de la compra se dispusieron a salir por la línea de caja sin pagar”, dice la Fiscalía, pese a que “se interpusieron en la salida distintos empleados del supermercado requiriendo a los acusados el abono de la compra”.
Siempre según el relato del fiscal, los ahora acusados estaban “determinados en la voluntad de apropiarse de los efectos y de forma tumultuaria acometieron a los empleados, consiguiendo huir con el género”, cuyo importe ascendió a 1.400 euros. El Ministerio Público argumenta que algunos activistas incluso agredieron a empleados del supermercado, añadiendo tres faltas de lesiones a los robos con violencia que se les imputa a cada uno de ellos. A la calificación de la Fiscalía se adhirió en su momento la acusación particular, ejercida por Mercadona, que pide las mismas penas.
“Ahora se disfraza el paro con un empleo precario”
Las mismas fuentes apuntan que un despacho de abogados representa a una mayoría de los sindicalistas acusados, para quienes piden su libre absolución. En el escrito de defensa, al que tuvo acceso Europa Press, el bufete está “disconforme” con la descripción de los hechos relatados por las acusaciones y niega la calificación de los hechos ya que estos “no son constitutivos de infracción penal alguna”. Recalcan los abogados que los acusados “no son responsables en ningún concepto de delito o falta alguna” y que por ello no puede derivarse responsabilidad civil, señalando que, en el caso de que fueran declarados culpables, concurriría la atenuante de dilaciones indebidas.
El SAT considera que incluso siguen en vigor los motivos que les llevaron a aquellas movilizaciones. “La situación no ha cambiado mucho, ahora simplemente se disfraza el paro con un empleo precario que se traduce en que miles de familias trabajadoras andaluzas son pobres aunque tengan un contrato de trabajo por el incumplimiento generalizado de los convenios y de los derechos laborales más básicos”, apuntan.
Pero presumen de aquello, pese a las acusaciones. “Aquellas acciones pusieron en el punto de mira la realidad que se estaba ocultando durante años y que padecían en silencio millones de personas”. El sindicato ha convocado una concentración en el Edificio Noga de los juzgados de Sevilla, de “dignidad y solidaridad” para “arropar a quienes nos enfrentamos de nuevo a su justicia, esa justicia tuerta que encarcela a jornaleros y reprime a quien se rebela mientras deja libres a corruptos, banqueros y familiares de borbones”.
