APDH-A pide a Fiscalía que “persiga” a ayuntamientos que “impiden” el empadronamiento de migrantes en chabolas

La Delegación de Huelva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha pedido este jueves a la Fiscalía que “persiga” a los ayuntamientos “que obstaculizan e impiden el empadronamiento de las personas migrantes que viven en asentamientos chabolistas”.

De esta manera, APDH-A considera que esto “contraviene lo especificado en el BOE --en el apartado de casos especiales de empadronamiento-, que determina que las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etcétera, e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón”.

A este respecto, la asociación ha incidido en que en este artículo, las especificaciones de tratarse de monte público o privado a las que Mora alude, “quedan claramente exentas en el BOE, que aclara que el empadronamiento es totalmente independiente de la titularidad jurídico-privada”.

Asimismo, el colectivo ha asegurado que “se han venido imponiendo impedimentos y dificultades para que las personas puedan ejercer su derecho a empadronarse en varios pueblos de la provincia onubense, tales como Lucena del Puerto, Lepe, Moguer o Palos de la Frontera”.

Estos obstáculos, ha reseñado la organización, “no solo se han producido en el caso de personas migrantes que residen en infraviviendas, sino también en el de personas que viven en situación de alquiler”.

Por ello, desde la delegación onubense han realizado numerosas intervenciones y peticiones al personal responsable del padrón de los municipios agrícolas, “sin obtener resultados positivos” y al considerar que “no poder empadronarse obstaculiza el ejercicio y el acceso a otros derechos”.

Así, desde APDH-A Huelva han solicitado mecanismos de verificación “para que el derecho al empadronamiento sin obstáculos sea garantizado a las personas que lo soliciten, vivan donde vivan”, y en particular, a la Fiscalía, que “persiga e impida declaraciones y actuaciones, manifiestamente fuera de la ley, que entorpecen el desarrollo de derechos fundamentales de un gran número de personas en la provincia”.

Por último, la asociación ha reclamado “viviendas dignas” para las personas que viven en chabolas, solución “al déficit” habitacional de la provincia, “que recibe un gran número de trabajadores y trabajadoras temporeras para las campañas agrícolas”, y “el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras en los pueblos de la provincia”.