Normalizar la monstruosidad

La campaña electoral más polarizada y agresiva todo lo eclipsa. El boicot antidemocrático al PP en Cataluña y Ciudadanos en el País Vasco, que condeno, no deja de ser buscado por la derecha radicalizada que cuenta como puntal de su estrategia, ahora que el procés aburre, con la mentira de que batasunos y etarras sostienen a Pedro Sánchez. La desafección hacia la política crece. Uno de los consensos más transversales es el descrédito de dirigentes por tapar sus vergüenzas para lograr votos. Pero los ciudadanos no somos figurantes sin responsabilidad. Una sucesión de horrores estos días alerta sobre la normalización de la monstruosidad.

En el colegio María Auxiliadora de Jerez, los padres de un niño de 12 años, con Asperger, denuncian que un docente, según avisaron compañeros del chico, lo humillaba, ataba a la silla y amordazaba con cinta adhesiva. ¿Respuesta oficial? La Junta de Andalucía, la Inspección y Delegación de Educación de Cádiz afirman que, al ser un centro concertado, la Consejería no puede sancionar al profesor, ni aunque el juzgado considere los hechos probados. Y el colegio dice que abrió expediente, ¡todo ha prescrito al pasar 6 meses! y han quitado al profesor ¡de la clase del niño!

Otro alumno, este de 16 años, del instituto Ciudad de Jaén (Madrid), se suicidó el 6 de abril dejando una carta donde vincula su sufrimiento con el acoso de un compañero al que no se atreve a nombrar ni ante la muerte. En ese instituto ya hubo, en 2015, el suicidio por bullying de otra alumna, Arantxa. La madre del ahora malogrado Andrés anuncia acciones legales, pero el centro, la Consejería y Fiscalía reaccionan negando responsabilidad. Esgrimen (en 00.42.20 Telediario TVE1) que el protocolo anti-acoso no era procedente pues requiere: desequilibrio entre acosador/acosado, voluntariedad del daño y más de tres meses de suplicio. En paralelo la autoridad saca una norma para obligar a los alumnos que vean maltrato a denunciar.

Pero, cuando venciendo su miedo alguno denuncie, ¿servirá lo mismo que la denuncia de los escolares de Jerez antes citados? ¿O que las numerosas previas contra la residencia de ancianos Los Nogales, tres de cuyos empleados ahora son investigados gracias a los vídeos escalofriantes que el hijo de una interna ha grabado?

Ante el maltrato de estos psicópatas es inadmisible que autoridades afirmen que “lo que pasa dentro de las habitaciones al cerrar la puerta no se puede saber, igual que una familia no sabe qué hace la cuidadora de sus hijos al salir del piso”. En las casas, la responsabilidad de velar por los niños es de los padres; en una residencia, es de su dirección, sus dueños y, si es concertada, del Estado. Sobran los familiares que hoy recuerdan que tras los frecuentes ingresos hospitalarios donde se diagnosticaba deshidratación y desnutrición, ellos preguntaban “¿Casualidad o causalidad?” (testimonios en 00.41.42 Telediario TVE1)

Tampoco ha sido la Inspección de Trabajo quien ha amparado de oficio a la viuda e hijos del trabajador de 42 años que sufrió un accidente laboral mortal el 17 de julio de 2018, pero que fue considerado accidente común porque los dueños de MUSIEVENTOS CH 2014 S.L., (Chiclana, Cádiz), en vez de llevarlo enseguida a urgencias se pusieron a quitarle el uniforme porque ni estaba contratado, ni de alta, ni tenía formación para manejar la máquina que lo mató. La familia, que recibió pensiones “paupérrimas” según la Guardia Civil, ahora pleitea y logra que se investigue a cuatro empresarios por “homicidio imprudente”. “Todo se intentó tapar”.

Tapar, minimizar

Espanta imaginar al administrador de la empresa y al compañero trabajador del accidentado quitando ese uniforme. Escalofría ver los vídeos de los tres empleados de Los Nogales amenazando con arrancar la cabeza a ancianos en silla de ruedas a los que refriegan pañales sucios por la cara. Horroriza la violencia de un chaval de 17 años sobre otro de 16, y del profesor al niño autista de 12. Pero más hiela la sangre cuántos testigos, cuánto encubridor. De monstruosidades ahora públicas y tantas que seguirán ocultas.

Porque ¿acaso ignoramos que la tendencia de instituciones, públicas o privadas, religiosas o laicas, es a cubrir, tapar, minimizar? ¿Extraña que quien resulte represaliado sea el denunciante? ¿Nos han enseñado en la escuela “la banalidad del mal” por la que, según enunció la filósofa alemana Hannah Arendt tras el juicio a Adolf Eichmann, en 1961, por el genocidio judío del nazismo, el mal no es obra de monstruos, sino de humanos corrientes que aceptan, sin cuestionarlos, dictados infames del poder? ¿O se nos adiestra en que el poder, con razón o sin ella, manda y siempre hay que obedecer?

Desde las arbitrariedades de la macro-política (la detención en la Embajada de Ecuador en Londres de Julian Assange por orden del EEUU de Trump que, con Obama, perpetró la ejecución extrajudicial de Bin Laden, la derogación de la justicia universal española obligada por China para tapar sus crímenes en Tibet, que criticó en su día la hoy ministra de Justicia, y por la que ahora entregamos a 269 taiwaneses que aquí pagarían seis años de cárcel por estafa y allí pueden ser condenados a muerte) hasta encubrimientos cotidianos por los pequeños poderes cercanos, se nos va desactivando la reacción ante el dolor del otro, el instinto de protección, el principio de fraternidad.

Y acaba pasando que la llegada de migrantes, la mitad víctimas de violencia y abusos, en vez de unirnos a ellos en un abrazo de bienvenida, solidario, da votos a partidos neofascistas que quieren que se ahoguen y sigamos disfrutando de las procesiones y las playas. Como si nada.