Se busca: juez que proteja a los escolares

Última semana de julio. Todo debería estar listo para reabrir colegios el 1 de septiembre y que, la segunda semana, los alumnos vuelvan a esas clases que por culpa de la Covid dejaron, a todo correr, en marzo. Pero asociaciones de directores de colegios e institutos de Madrid y Andalucía dan la voz de alarma: no pueden garantizar la seguridad sanitaria.

Esta es la historia de un desastre anunciado. Que aún puede pararse. Hay que pararlo. Porque gobiernos, central y autonómicos, de izquierdas y derechas, echan balones fuera. No basta escribir la lista de recomendaciones y responsabilizar a los colegios e institutos de que no haya rebrotes, las clases no paren y, si lo hacen, se vuelvan telemáticas. Sin aumentar presupuesto, ni plantillas. Sin bajar la ratio. Sin dotar de medios informáticos. O sea, por magia.

“Someten a las familias al chantaje moral de elegir entre educación y salud, entre mandar a sus hijos a institutos sin mínimas medidas de seguridad o dejarlos en casa y renunciar a trabajar”, ha denunciado Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid (Adimad), que integra al 80% de la comunidad.

¿Pero somos una sociedad avanzada? ¿Cómo van a elegir las familias salud o educación de sus hijos? ¿No basta la denuncia de directores escolares de que “no hay mínimas garantías de seguridad” para que, de oficio, un juez o fiscal investigue la negligencia de autoridades que deberían garantizar derechos básicos de menores de edad?

Aulas masificadas y falta de profesorado, personal de limpieza y material higiénico

Los equipos directivos de colegios e institutos dejan claro que ni son expertos en seguridad sanitaria ni quieren ser chivos expiatorios si en otoño la pandemia arrecia. Los comunicados de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid, de la de Directores Escolares de Sevilla y Jaén (Asadipre), las cartas de directores de 150 colegios e institutos sevillanos que se van encadenando, señalan que es imposible cumplir los protocolos que han dictado el Ministerio, consejerías como la madrileña y la andaluza y entidades como la Federación Andaluza de Medicina Escolar. Ponen ejemplos concretos:

La más básica sensatez indica que no hay razón por la que el aforo de restaurantes, cines, teatros, salas de conciertos, comercios tenga que ser reducido pero, en cambio, las aulas, mantengan la cantidad de escolares de cursos previos durante cinco o seis horas diarias.

“Insulto a la inteligencia”, “Desconocimiento total del funcionamiento escolar”, “Plan inviable”, consideran las propuestas madrileña, andaluza y gallega, las citadas asociaciones de directores y los sindicatos docentes de Galicia. La comunidad valenciana, por su parte, prevé que aquellos grupos con una cantidad de alumnos que impida la distancia de metro y medio, se dividan y vayan a clase en días alternos. Es la práctica post-covid en Francia que requiere reestructurar vida laboral y familiar.

El desafío hay que afrontarlo, no mirar para otro lado. Aunque gestionado desde las autonomías, este reto hay que coordinarlo. Asombra que en el país que se rasga las vestiduras por la enseñanza de lenguas autóctonas no alarme que los críos vayan a tener más derecho a la salud y la educación según donde vivan.

El argumento que subyace a la inacción para proteger a escolares y maestros del Covid-19, la falta de dinero, es inadmisible en un estado de derecho.

Asociaciones de Madres y Padres como Escuelas de Calor en Andalucía, defensores de la vuelta presencial por su valor educativo y garante de la igualdad, promueven ya #SinSeguridadNoVolvemos. El equipo directivo del colegio Clara Campoamor de Bormujos ha dimitido en bloque y quizá abra camino.

No quiero pensar que todas las instituciones vayan a hacer dejación de funciones para irse de veraneo y, si acaso, en septiembre se afronte lo de los escolares. Mal y tarde.