No es abolicionismo: es clasismo
La semana pasada se desvelaba que el Ministerio de Igualdad tiene intención de impedir que accedan a ayudas contra la violencia machista las entidades que no se declaren abolicionistas de la prostitución. En otras palabras, pretende dejar fuera a una miríada de organizaciones que combate, con labor abnegada, la trata y explotación de mujeres, que no siempre es lo mismo que la prostitución, por mucho que, de forma interesada, el Ministerio quiera confundir.
Difícilmente saldrá adelante esa medida, por fortuna. Es contrario a derecho que el acceso a fondos públicos venga condicionado por una posición ideológica. El abolicionismo del Ministerio de Igualdad lo es, evidentemente, desde el momento en que el Convenio de Estambul, al que se adhiere España, así como las propias recomendaciones de la ONU, no hablan de la prostitución como una forma de violencia en sí misma, sino justamente de la trata y la explotación. Instan a eliminarlas desde el prisma de los derechos humanos para así evitar la discriminación y la estigmatizan, que es, precisamente, lo que medidas como la del Ministerio conseguirían.
De hecho, el Ministerio de Igualdad no ha dictado hasta la fecha ninguna resolución para abolir la prostitución, sino en todo caso para prohibirla. Es como si creyera que por arte de magia una ley pudiera acabar con una realidad que exige un enfoque mucho más complejo que el mero legislativo y punitivista. En realidad, la ministra, Ana Redondo, suele esquivar cualquier debate al respecto, igual que esquiva su presencia cuando el machismo más repugnante, como el que se destapó con el caso de Salazar y otros, infecta a su propio partido.
El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) ha presentado un escrito de alegaciones respaldado por 35 entidades, asociaciones, partidos políticos, sindicatos y grupos de investigación. Se puede consultar y firmar de forma individual en este enlace.
No se le conoce al gobierno más progresista de la historia acciones concretas para mejorar la vida de quienes querrían abandonar el trabajo sexual y acceder, por ejemplo, a una vivienda digna, ese unicornio patrio.
El disparate que propone el Ministerio, dicen con toda lógica, menoscabaría la atención integral a víctimas de trata de seres humanos y a la labor de acompañamiento a personas que ejercen trabajo sexual. En suma, no parece que la situación de las trabajadores sexuales le importe demasiado a la ministra. No se le conoce al gobierno más progresista de la historia acciones concretas para mejorar la vida de quienes querrían abandonar el trabajo sexual y acceder, por ejemplo, a una vivienda digna, ese unicornio patrio.
Y es que intuyo que la motivación de este ataque —uno entre tantos— tiene más que ver con prejuicios de clase que con una auténtica convicción ética. El debate sobre la prostitución, ese que Redondo pretende zanjar a golpe de decreto, pasa por analizar la violencia existente, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, la frontera entre una elección libre y una condicionada, la educación, la normativa laboral y de extranjería y cuánto de moralismo atraviesa la posición del Ministerio. Mucho, como sabemos, de otro modo no se entiende que sistemáticamente se excluya a las trabajadoras sexuales del debate sobre su propia vida. Se las trata de manera paternalista, es decir, machista, se da por sentado que carecen de voz y capacidad para pensar y argumentar por sí mismas. En resumen, anuncios como el del Ministerio rezuman clasismo, xenofobia y racismo.
Estoy convencido de que el veto que propone Redondo no saldrá adelante, y que ella misma lo sabe. Quizás por eso resulta incluso más hiriente: porque solo pretende evidenciar su odio.