“Denigras a EEUU y encubres a narcoterroristas”: así intenta silenciar la Administración Trump a quien se rebela contra sus políticas

Este martes ha fallecido el reverendo Jesse Jackson, histórico activista por los derechos civiles. Y al pensar en las luchas y movilizaciones en momentos difíciles de la historia reciente de EEUU, he recordado un titular de hace unos días que me llamó la atención en The New York Post. La noticia ilustraba, precisamente, la persecución del activismo por los derechos humanos en el país y apuntaba contra varias organizaciones, entre ellas CodePink, una de las agrupaciones pacifistas y antiimperialistas más veteranas y activas de Estados Unidos. The New York Post es un tabloide MAGA, aprendiz de los británicos, pero con buenas fuentes en la Administración Trump. La noticia era que “el Departamento de Estado identifica a CodePink y a otros grupos de extrema izquierda como vectores de operaciones de influencia china”. Y el periódico citaba una fuente del departamento de Marco Rubio.

Bajo la persecución política alentada por Trump, ya desde su primera presidencia, las luchas y los activismos se entrelazan, como muestra un hecho de 2019 que conecta directamente a Jackson con CodePink.

Hace seis años, en mayo de 2019, el reverendo Jesse Jackson acudió a la embajada de Venezuela en Washington DC para llevar alimentos a un grupo de activistas que había ocupado el edificio durante semanas con el fin de impedir que Estados Unidos entregara la legación diplomática al equipo del autoproclamado Juan Guaidó. La ocupación —autorizada por el gobierno de Nicolás Maduro tras la ruptura de relaciones con EEUU— buscaba preservar la sede como propiedad del Estado venezolano frente al reconocimiento de Guaidó por parte de Washington, una situación sin precedentes en la práctica diplomática moderna.

Fueras de la embajada, Jackson fue recibido y agradecido por activistas de CodePink, que habían apoyado la ocupación desde el inicio y defendían que la sede seguía perteneciendo al gobierno venezolano; también se concentraban allí simpatizantes de la oposición antichavista, en un clima de confrontación permanente.

Pero para la Administración Trump poco importa que se trate de organizaciones con décadas de trayectoria en la defensa del pacifismo y la oposición al intervencionismo estadounidense, incluso de la mano de referentes históricos del país como el reverendo Jesse Jackson. La justificación que a la que ha recurrido la Administración para perseguirlas es la acusación —sin pruebas— de recibir financiación desde China. En esa línea, la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública de EEUU, Sarah Rogers, declaraba en The New York Post: “Organizaciones como CodePink y The People’s Forum denigran a Estados Unidos, encubren la violencia de los regímenes marxistas y protegen a China, mientras disfrutan de una afluencia de dinero procedente de una red de donantes con conexiones con el Partido Comunista Chino. El Departamento de Estado buscará la total transparencia de las redes de donantes y ONG que presionan a favor de nuestros adversarios y tratan de debilitar la determinación de Estados Unidos”.

En todo caso, lo que no aportaban la fuente ni el periódico era ninguna prueba de que estas entidades defensoras de los derechos humanos tuvieran ninguna obediencia al Partido Comunista Chino. Y lo que ni el periódico ni el Departamento de Estado recogen son los múltiples piropos de Donald Trump al presidente chino, Xi Jinping, ni el hecho de que pospusiera el cierre de TikTok meses y meses hasta que llegó a un acuerdo con Pekín para crear una filial en EEUU con accionariado estadounidense.

La supuesta prueba de cargo definitiva de la obediencia al PCCh de estas entidades es que el esposo de una fundadora de CodePink y mecenas de ambas organizaciones, natural de Sri Lanka, vive en Shanghai. Se trata de un magnate tecnológico llamado Neville Roy Singham, lo que le da pie al medio y al Departamento de Estado para hablar de “red Singham”.

En 2023, el New York Times hizo una pieza en la que acusaba a Singham de colaborar “estrechamente con la maquinaria mediática del Gobierno chino y financiar su propaganda en todo el mundo”, pero en ese artículo no se establecía tampoco que las dos entidades ahora puestas en el disparadero tuvieran ningún tipo de vinculación con el PCCh.

Unos días después de la noticia de The New York Post, es el propio Departamento de Estado, a través de su cuenta de X, el que carga abiertamente contra CodePink y The People's Forum: “Denigran a Estados Unidos, lavan la violencia de los regímenes marxistas y encubren a narcoterroristas como Maduro, mientras disfrutan de una afluencia de dinero procedente de una red de donantes con vínculos con el Partido Comunista Chino”.

De nuevo, el Departamento de Estado no acompaña su publicación con un informe de esos supuestos vínculos con el PCCh. Le basta con un pantallazo del titular fabricado por ellos mismos en The New York Post.

Pero a esta Administración nunca le ha supuesto un problema no aportar pruebas de acusaciones gravísimas o incluso la comisión de asesinatos por sus agentes o soldados.

Por ejemplo, cuando llamaron a Alex Pretti y Renee Good “terroristas internos”. Nunca hubo una prueba de eso, pero lo hicieron para justificar sus asesinatos en operaciones de represión migratoria. Y no han pedido perdón por ello.

Tampoco han aportado nunca una sola prueba de los supuestos vínculos narcoterroristas de los 136 asesinados extrajudicialmente en 40 ataques en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental. Como tampoco nunca se aportaron pruebas de que las organizaciones de izquierdas estuvieran detrás del asesinato del comentarista ultra Charlie Kirk. Del mismo modo que jamás han explicado a qué se referían cuando designaban organización terrorista a Antifa, y en qué se ha traducido eso.

Entre otras cosas, porque Antifa no existe como organización. Pero eso a la Administración Trump no le importa, en realidad, le sirve para crear enemigos externos con los que mantener la tensión de su base, alimentada por los abundantes comentaristas MAGA.

Medea Benjamin, cofundadora de CodePink en 2002 y activista pacifista y contra el imperialismo estadounidense, ha sido nominada en varias ocasiones para el premio Nobel de la Paz. Y explica a elDiario.es: “No tiene ningún fundamento la acusación de que CodePink esté financiada, o incluso influenciada, por el Partido Comunista Chino. Y la acusación de que 'encubrimos a narcoterroristas' es igualmente absurda. Lo cierto es que nos persiguen porque nos oponemos al apoyo estadounidense a Israel, no creemos en el secuestro de líderes extranjeros y no queremos que la gente en Cuba muera de hambre como quiere Marco Rubio”.

En efecto, es muy habitual ver a Medea y sus compañeras de CodePink habitualmente en el Capitolio protestando contra altos dirigentes de la Administración Trump por la represión migratoria, el ataque a Venezuela, el bloqueo a Cuba o el genocidio israelí. Lleva décadas haciéndolo.

La persecución de la crítica y la disidencia es un hecho diario en los Estados Unidos de Trump. Hemos hablado a menudo de los ataques a los periodistas. Pero va mucho más allá.

Al calor del asesinato de Charlie Kirk, cuando Trump aprovechó para apretar las tuercas a los medios de comunicación, a donantes demócratas como George Soros y para acelerar en la criminalización hasta del humor, como la suspensión del programa de Jimmy Kimmel, el presidente de EEUU aprobó un llamado Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional (NSPM) en el que el presidente de EEUU establecía “una estrategia integral para investigar, desarticular y desmantelar todas las etapas de la violencia política organizada y el terrorismo interno. [...] Para investigar, enjuiciar y desarticular las entidades y personas que participan en actos de violencia política e intimidación destinados a impedir actividades legales u obstruir el estado de derecho. Este enfoque se centrará en todos los aspectos de la estrategia organizada que da lugar a la violencia política y la intimidación, incluyendo la radicalización, el reclutamiento, los mecanismos de financiación, la participación de organizaciones no gubernamentales, los delitos financieros relacionados y los actos definitivos de violencia política e intimidación en sí mismos, utilizando las autoridades de todo el Gobierno federal y un enfoque de investigación más amplio”.

El memorándum terminaba recordando que “el presidente Trump designó a Antifa como organización terrorista interna, ordenando al Gobierno federal que investigue, desarticule y desmantele todas las operaciones ilegales llevadas a cabo por Antifa o cualquier persona que afirme actuar en nombre de Antifa”.

A día de hoy, cinco meses después, no hay noticias de grandes redadas llevadas a cabo contra Antifa en EEUU.

El New York Post cita –sin enlace– un informe –que no pone a disposición del lector– del Departamento de Estado llamado Contrarrestar la manipulación y la interferencia de la información extranjera, en el que se alega que China “difunde propaganda a través de campañas llevadas a cabo por organizaciones sin ánimo de lucro como CodePink, People's Forum y grupos vinculados a la famosa red Singham”.

The People's Forum, organización con sede en Nueva York, también ha difundido un comunicado en respuesta a las acusaciones del Departamento de Estado: “Como parte de la guerra contra la libertad de expresión, el Departamento de Estado de EEUU ha publicado una declaración que ataca abiertamente a The People's Forum y otras organizaciones. Esta declaración, compartida por la Casa Blanca de Trump, está diseñada para silenciar las voces de quienes se atreven a criticar las políticas del gobierno estadounidense. Las acusaciones contra nosotros, que nos acusan de ser 'vectores de influencia extranjera', son tácticas recicladas de un capítulo no muy lejano del macartismo en la historia estadounidense. Al etiquetar a nuestras organizaciones como 'agentes' de 'manipulación extranjera', el gobierno estadounidense busca demonizar y reprimir las legítimas quejas de quienes están indignados por las violentas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la deportación de migrantes, el despliegue de fuerzas militares y agentes federales en ciudades y pueblos de Estados Unidos, la persecución de estudiantes que protestan contra el genocidio en Gaza y las interminables intervenciones militares y el uso de bloqueos y sanciones para generar hambrunas en el extranjero”.

El comunicado prosigue: “Las acusaciones infundadas de que 'encubrimos a narcoterroristas' y otras acusaciones igualmente absurdas son un esfuerzo descarado y transparente para intimidar a quienes nos apoyan y deslegitimar los movimientos de base. [...] Seguiremos defendiendo a los inmigrantes en nuestro país y dialogando con otros movimientos en el mundo, desafiando las políticas de guerra y agresión, y defendiendo el derecho a organizarse y expresar su disidencia. [Esto es] Un intento desesperado de generar consenso para una nueva ronda de represión. No nos silenciarán”.

Una de las últimas campañas de The People's Forum tiene que ver con la denuncia de la asfixia a la que está sometiendo la Administración Trump al pueblo cubano.

La práctica no es nueva: se usa una parte real –el esposo de una activista que reside en China por sus negocios y es donante de las organizaciones– para, de ahí, realizar sucesivas yuxtaposiciones ilegítimas hasta concluir, sin prueba alguna, que los comunistas chinos teledirigen los movimientos sociales contra las políticas de Trump. A partir de ahí, se busca deslegitimar esas causas, ensuciar los nombres de las organizaciones y sus integrantes y apretar las filas de la tropa en año de elecciones legislativas.