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La PAC: el pasado y el futuro que llega

Un tractor en una explotación agraria, en una imagen de archivo. EFE/Gloria Casares

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La Política Agraria Común (PAC) nació en 1962, cinco años después de los Tratados de Roma, y su creación se atribuye al presidente francés Charles de Gaulle. Por aquel entonces las carestías de alimentos de la postguerra persistían todavía en la memoria de los ciudadanos y el objetivo de la PAC fue garantizar un suministro suficiente de alimentos y asegurar unos ingresos decentes para los productores. No hay que olvidar que el precio de las materias primas sufre gran volatilidad debido a factores climáticos y por el hecho de ser productos muy homogéneos a escala global. Por ello se estableció un sistema de precios garantizados para los agricultores, sin elevar el precio final que pagaban los consumidores. Esto es, los agricultores recibían una subvención que incentivaba la producción (primer pilar de la PAC).

La política consiguió un objetivo: la producción agraria y ganadera se incrementó en los años 60 y 70 de modo que la sobreproducción se convirtió en un problema en los 80. Los excedentes fueron exportados, deprimiendo los precios de las exportaciones de materias primas de los países más pobres, donados o directamente destruidos. La PAC necesitaba reformas urgentes.

En 1992 se cambió el sistema de precios garantizados por pagos directos a los agricultores y se fijaron cuotas para acabar con los excedentes permanentes.

Pero fue entre 2000 y 2003 cuando se llevó a cabo una reforma aún más significativa: los pagos se desvincularon del nivel de producción y pasaron a ser un pago único en función del área de explotación y del mantenimiento de ecosistemas.

En los años 70, la PAC representó un 75% de los presupuestos comunitarios pero su peso ha ido descendiendo a lo largo de las décadas hasta representar un 36,3% en 2018 con 58.820 millones de euros.

También se introdujo el segundo pilar de la PAC, la política de desarrollo rural, centrada en el uso eficiente de los recursos, el cuidado del medio ambiente y el impulso a las zonas rurales para evitar su despoblación.

En los años 70, la PAC representó un 75% de los presupuestos comunitarios pero su peso ha ido descendiendo a lo largo de las décadas hasta representar un 36,3% en 2018 con 58.820 millones de euros.

Las subvenciones directas (primer pilar) siguen constituyendo casi 70% de los fondos de la PAC y son tildadas como distorsionadoras del libre mercado, artificialmente mejorando la competitividad de los alimentos europeos en los mercados internacionales. No obstante, otros países desarrollados como Japón, Corea del Sur o EE UU también ofrecen copiosos subsidios al campo y no están dispuestos a reducirlos pese a las demandas de los países en desarrollo en la OMC.

Los principales receptores de fondos de la PAC en 2018 fueron Francia (17 %), España (11,3 %), Alemania (11,1 %), Italia (8,9 %) y Polonia (7,9 %). No obstante, si consideramos los receptores netos (ingresos de la PAC menos contribuciones). Los países más beneficiados son Polonia, España y otros países del Este de Europa y Bálticos, mientras que Alemania, Holanda e Italia fueron contribuyentes netos.

Con la salida del Reino Unido de la UE se perderán 75.000 millones de euros (10.714 millones anuales) para la PAC en el periodo 2021-2027, lo que ha llevado a la UE a proponer una reducción de los fondos disponibles para la PAC y la política de cohesión, dos de las políticas que han favorecido a España.    

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a una PAC más ambiciosa, más exigente y más ligada a la lucha climática. La nueva PAC no supone un cambio radical respecto a la política nacida en 1962 y que desde entonces ha contribuido al mantenimiento de un sector agropecuario solvente con una contribución anual que ronda los 58.000 millones de euros. Pero según Bruselas, será más justa, más verde y más competitiva, tres rasgos que suscitan tanto apoyo como escepticismo. Las reformas anteriores (la última data de 2013) también se marcaron objetivos similares. Pero todavía hoy, según reconoce la Comisión Europea, el 80% de los fondos agrícolas se los llevan el 20% de los beneficiarios; el 25% de los fondos se supone que están supeditados a prácticas que mitiguen el impacto del sector agropecuario en el cambio climático, pero sus emisiones de CO2 no se han reducido desde 2010, según señala el Tribunal de Cuentas Europeo, y la supervivencia de la producción europea sigue necesitando o reclamando protección en ciertos productos para resistir la competencia exterior.

Todavía hoy el 80% de los fondos agrícolas se los llevan el 20% de los beneficiarios; el 25% de los fondos se supone que están supeditados a prácticas que mitiguen el impacto en el cambio climático, pero sus emisiones de CO2 no se han reducido desde 2010

Los cambios aumentarán al 40 % las partidas sujetas al cumplimiento de criterios medioambientales en un intento de acelerar la adaptación de los sistemas de producción a los ambiciosos objetivos que la UE se ha fijado en materia de clima para 2050, cuando se espera alcanzar un nivel de emisiones cero. La principal novedad, y unas de las más temidas por parte del sector, son los llamados ecoesquemas, que llegarán a absorber el 25 % de las ayudas para fomentar los cultivos orgánicos.

Antes del 31 de diciembre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentará ante la Comisión Europea el plan estratégico de la Política Agraria Común, es decir, la nueva PAC 2023. Planteándose importantes cambios y retos en el nuevo marco. El objetivo principal pretende que los agricultores y ganaderos se orienten en una producción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente y que puedan adaptarse al cambio climático manteniendo la rentabilidad de sus explotaciones agrícolas. Para hacer frente a este reto, se pretende destinar un 40 % de su presupuesto, más de 47 mil millones de euros durante el período en mejorar las explotaciones.

Los ecoesquemas son prácticas que favorecen una producción más sostenible en las explotaciones agrícolas. En la nueva PAC estarán dotados de una partida presupuestaria de más de mil millones de euros para promocionar estas prácticas. Habrá dos grandes grupos, el balance de carbono y la agroecología.

El segundo reto que presenta la nueva PAC 2023 es la incorporación de jóvenes y mujeres para asegurar el relevo generacional y evitar la despoblación en las zonas rurales. Se prevé destinar más de 100 millones anuales a las incorporaciones de jóvenes agricultores de menos de 40 años. El plan quiere proponer que se establezcan importes adicionales para impulsar el papel de las agricultoras en el sector agrario.

Las ayudas a partir de la entrada en vigor de la nueva PAC, sufrirán cambios:

Ayudas directas vinculadas a la producción, estas ayudas se recibirán en función del tipo de producción que se haga en las explotaciones agrícolas. La nueva PAC quiere aplicarlas en los sectores más vulnerables del sector.

Ayudas directas desvinculadas a la producción, se recibirán desvinculadas a la producción, irán de forma mayoritaria a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, a la incorporación de jóvenes y a la práctica de los ecoesquemas.

La reforma de la PAC no va a cambiar respecto a la actual en cuanto a que se deberá cumplir con la condición de agricultor o agricultora activa.

Para optar a las ayudas se tienen que cumplir las medidas y prácticas que se aceptan llevar a cabo a cambio de recibir las ayudas.

La nueva PAC corre el riesgo de que se quede vieja enseguida para una realidad socioeconómica en plena transformación y con coletazos disruptivos de una pandemia de por medio. La Comisión Europea insta a una PAC más justa y más verde y los agricultores avisan que esta estrategia aumentará sus costes de producción sin que reciban ayudas complementarias debido al recorte de la PAC.  

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