Colombia ante De la Espriella: seguridad, soberanía y recursos naturales

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia representa un giro político profundo para el país y América Latina. Más que una alternancia entre izquierda y derecha, expresa el avance de un proyecto basado en autoridad, seguridad, liberalización económica y mayor acercamiento a Estados Unidos. Colombia, después de años como referente regional de la política de paz y de los gobiernos progresistas, se convierte ahora en uno de los nuevos polos de la derecha latinoamericana.

El proyecto de De la Espriella recuerda inevitablemente al gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su política de “Seguridad Democrática”. No se trata solo de una semejanza ideológica: existen elementos comunes, como la centralidad de la ofensiva militar y la recuperación del control territorial mediante la fuerza. Las primeras semanas del nuevo Gobierno ya generan preocupación por los asesinatos de líderes sociales, indígenas y campesinos, así como por operaciones militares y bombardeos que han provocado denuncias de afectaciones a población civil.

La comparación con el uribismo debe hacerse desde la memoria histórica. La “Seguridad Democrática” estuvo acompañada de graves violaciones de Derechos Humanos, entre ellas los llamados “falsos positivos”: ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate, masacres y desapariciones. Por ello, la pregunta no es solamente si el nuevo Gobierno recuperará el control territorial, sino qué precio humano tendrá esa estrategia y qué mecanismos impedirán que la seguridad vuelva a situarse por encima de la vida y la dignidad de las personas.

Colombia necesita un Estado capaz de enfrentar a las organizaciones armadas, el narcotráfico y el crimen organizado. Pero la autoridad debe estar sometida a la Constitución, la justicia y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Seguridad no puede significar represión, ni autoridad impunidad.

El debate no debería limitarse a decidir si Colombia necesita petróleo, gas o minerales. La verdadera pregunta es: ¿quién controla esos recursos, quién obtiene los beneficios y quién asume los costes ambientales y sociales?

Este modelo se relaciona directamente con otro aspecto fundamental: la explotación de los recursos naturales. De la Espriella apuesta por recuperar el petróleo, el gas y la minería como motores del crecimiento, incluyendo el fracking y una mayor explotación de minerales estratégicos.

Colombia posee una enorme riqueza en petróleo, carbón, oro, cobre y níquel, además de una biodiversidad excepcional. Esta riqueza podría financiar empleo, derechos sociales y desarrollo, pero también profundizar un modelo histórico en el que América Latina exporta materias primas mientras las grandes economías controlan capital, tecnología y mercados.

Por eso, el debate no debería limitarse a decidir si Colombia necesita petróleo, gas o minerales. La verdadera pregunta es: ¿quién controla esos recursos, quién obtiene los beneficios y quién asume los costes ambientales y sociales?

En este contexto adquiere especial importancia el acercamiento a Estados Unidos. El riesgo no está en la inversión extranjera en sí misma, sino en que Colombia termine convertida principalmente en proveedora de materias primas y reciba a cambio productos y tecnologías de mayor valor añadido.

En el escenario internacional actual, petróleo, gas y minerales estratégicos son también instrumentos de poder geopolítico. La soberanía del siglo XXI no consiste solamente en defender las fronteras: significa tener capacidad para decidir sobre el agua, la energía, los minerales, la biodiversidad y el territorio.

Por ello será fundamental observar qué ocurre con Ecopetrol y el cambio producido en su Junta Directiva. La cuestión será determinar si continuará siendo un instrumento de soberanía energética y generación de recursos públicos o avanzará hacia un modelo cada vez más orientado a la rentabilidad y al capital privado y extranjero.

La dimensión ambiental es especialmente preocupante. El fracking plantea interrogantes sobre el consumo de agua y los ecosistemas, mientras la posible reactivación de la aspersión aérea con glifosato vuelve a enfrentar la lucha contra el narcotráfico con la protección de la salud, la biodiversidad y los derechos de las poblaciones rurales.

La decisión sobre el futuro de Colombia debe ser democrática, soberana y profundamente comprometida con los Derechos Humanos, la justicia ambiental, la defensa del territorio y las generaciones que todavía no han nacido

Muchos territorios donde se encuentran estos recursos están habitados por comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Su explotación exige participación efectiva, consulta previa y garantías ambientales y sociales. La recuperación militar de un territorio no debería convertirse automáticamente en la apertura de ese territorio a la explotación económica.

Colombia necesita inversión, empleo y crecimiento, pero también proteger el agua, los páramos, la Amazonía y los bosques. Necesita seguridad, pero no militarización permanente; cooperación internacional, pero no subordinación; relaciones con Estados Unidos y otros Estados, pero también autonomía y vínculos sólidos con América Latina.

Los recursos naturales no renovables pertenecen al presente, pero comprometen el futuro. El petróleo que se extrae hoy no volverá a existir; el mineral que se exporta no podrá recuperarse; un ecosistema destruido puede tardar siglos en regenerarse.

Por eso, la pregunta que Colombia debe hacerse no es solamente cuánto crecerá su economía, sino qué país quedará cuando sus recursos hayan sido explotados.

El verdadero desafío será construir un Estado fuerte sin convertir la autoridad en autoritarismo y una economía abierta sin convertir la soberanía nacional en una mercancía.

La decisión sobre el futuro de Colombia debe ser democrática, soberana y profundamente comprometida con los Derechos Humanos, la justicia ambiental, la defensa del territorio y las generaciones que todavía no han nacido.

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