La discriminación sistémica respecto a las personas de origen migrante en España

Cualquier política antidiscriminatoria dirigida a las personas de origen migrante que pretenda tener efectos transversales debe poner el foco en la erradicación de dos exclusiones: la que les impide el acceso a la ciudadanía plena y aquella que tiene una dimensión más social y material.

Respecto a la primera, habría que romper con la “racialización” de la ciudadanía. Dado que la nacionalidad continúa siendo la llave de acceso a la ciudadanía plena, la medida más inmediata sería democratizar el acceso a la nacionalidad española, a través de la rebaja del alto nivel de exigencia existente en materia de requisitos (plazo de 10 años y las “pruebas de integración”) y una racionalización del muy farragoso procedimiento burocrático. Sin perjuicio de lo anterior, a nuestro juicio en esta materia el paso definitivo sería avanzar en la desvinculación entre nacionalidad y ciudadanía, abriendo la titularidad y ejercicio normalizado de los derechos fundamentales a las personas residentes extranjeras.

Es innegable que el pluralismo derivado de los flujos migratorios contemporáneos tiene una dimensión colectiva. Arraigan en las sociedades de acogida comunidades nacionales con unas características étnicas, culturales o religiosas en parte homogéneas y en muchas ocasiones diferenciadas del perfil social mayoritario. En las situaciones discriminatorias que afectan a la población migrante subyacen, en muchas ocasiones, razones étnicas o religiosas, causas en teoría vetadas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para justificar un tratamiento jurídico diferenciado. Ya han demostrado su fracaso las políticas de asimilación pura en la cultura del país de destino, siendo imprescindible asegurar el respeto a la identidad de origen de las personas migrantes. Sin embargo, la “ciudadanía multicultural” que defiende dar una dimensión política y representatividad colectiva a esas identidades también plantea dudas respecto a su eficacia a la hora de romper con los estereotipos negativos y uniformizadores sobre las personas inmigrantes, además de, paradójicamente, poder representar un riesgo para la propia diversidad interna de estas comunidades.

En este sentido, optamos por poner el acento en acciones de discriminación positiva más dirigidas específicamente a erradicar prejuicios colectivos que a reforzar identidades comunitarias. Una herramienta útil para ello es la consideración de las personas de origen migrante como “grupo vulnerabilizado”, lo que podría abrirles la puerta a dichas acciones positivas y también blindarles contra el trato desigual.

A caballo entre la apertura de la ciudadanía plena y la lucha contra la dimensión social y material de las situaciones discriminatorias de base étnica/nacional, se encuentra el acceso de las personas migrantes a los derechos sociales y a los recursos del Estado del bienestar. El ordenamiento jurídico español estratifica a las personas según su nacionalidad y estatus migratorio en materia de derechos sociales, restringiendo el acceso a los mismos especialmente a las personas extranjeras en situación irregular, que son objetivo prioritario en las restricciones de acceso a recursos sociales justificadas en limitaciones presupuestarias. Este es uno de los colectivos más vulnerables por sus circunstancias sociales, económicas y legales, por lo que excluir a estas personas de las herramientas esenciales para la inclusión tan solo ahondará la discriminación estructural que padecen.

Otro de los ámbitos clave en la lucha contra la discriminación transversal que sufren las personas de origen migrante en España es la percepción negativa que sobre ellas tiene la mayoría social. Para ello sería necesario reforzar la labor educativa y de sensibilización que muestre que en cada individuo hay una confluencia de características diversas que constituye una “identidad compleja”. Consideramos que los estereotipos desfavorables sobre los que se asientan las situaciones discriminatorias que afectan a las personas migrantes están generados por tomar “la parte por el todo”, es decir, por hacer depender de una o varias características concretas (nacionalidad, etnia o religión principalmente) la categorización general y uniformizadora del colectivo. Es un eficaz antídoto contra el prejuicio poner de relieve que las personas migrantes tienen una pluralidad de dimensiones más allá de su origen (cultural, ideológica, familiar, profesional…) que hacen prácticamente imposible definirlas de una forma simple y homogénea.

Conectada con la anterior está la responsabilidad de las formaciones políticas y de los medios de comunicación a la hora de tratar las migraciones. La sociedad española tiene una imagen totalmente distorsionada de la realidad migratoria en nuestro país, tanto desde la perspectiva cuantitativa como desde la cualitativa. Entendemos que la ausencia de rigor y la manipulación presiden el tratamiento mediático y el debate partidario en esta materia. Como consecuencia de esta situación, cualquier iniciativa “pro derechos” de las personas migrantes puede conllevar un coste electoral que pocos representantes institucionales parecen dispuestos a asumir y se ha generado un estado de opinión ideal para el crecimiento de los postulados xenófobos de la ultraderecha.

La discriminación estructural que sufren las personas de origen migrante en España tan solo se puede afrontar con políticas transversales que atiendan a las diferentes dimensiones de la misma: jurídica, social, económica… Este reto incumbe a toda la sociedad, ya que mantener en el tiempo situaciones discriminatorias que afectan a alrededor del 10% de la población acaba socavando la convivencia general, y cuestiona la propia configuración de nuestro Estado como social, democrático y de derecho.

Carlos Arce, coordinador del área de Migraciones de la APDHA.