Desde APDHA venimos denunciando de forma reiterada las condiciones de indignidad y falta de derechos en las que viven las personas sin hogar. Según Cáritas, sólo esa entidad, el pasado año, atendió a 5.600 personas. Se estima que en Andalucía hay 10.000 personas sin hogar. En Sevilla, antes de la pandemia, su número se situaba en torno a las 1.000.
Frente a esta realidad, las administraciones actúan, en el mejor de los casos, bajo demanda y sin ofrecer el servicio integral que requieren. La atención que se les presta es meramente asistencial, olvidando sus auténticas necesidades y derechos, incrementando la exclusión y dependencia, actuando desde la privatización de los servicios, con empresas que en la mayoría de los casos funcionan bajo criterios de rentabilidad económica. Recursos que se han demostrado ser caros, insuficientes e ineficaces para dar una atención integral a estas personas.
Lo ocurrido recientemente en Sevilla es un claro ejemplo. Teniendo presente el interés en reducir la concentración de servicios a las personas sin hogar existentes en el barrio de la Macarena, se pretendía instalar un centro de atención a personas sin hogar ubicándolo en un polígono industrial en el Cerro del Águila, manteniendo la privatización de su prestación y sin realizar por parte del Ayuntamiento un proceso de información previa que buscara la implicación y participación vecinal, la de las personas afectadas y la de las entidades que trabajan con ellas. Las actuaciones han venido marcadas por un sensacionalismo distorsionador en el tratamiento del problema por parte de algunos medios de comunicación, por una campaña aporofóbica plagada de falsedades intencionadas emprendida desde la ultraderecha, retorciendo la realidad, tensionando el barrio e incrementado con ello la estigmatización y rechazo de las personas sin hogar.
Ante esta situación, no podemos olvidar que el sinhogarismo es una de las formas más extremas de exclusión social. No se trata únicamente de un problema de pobreza material -carencia extrema de las necesidades más básicas-, sino que menoscaba profundamente la dignidad de la persona, provoca la ruptura con la universalidad de los derechos humanos, les despoja de su identidad y protección tanto en lo referente a vivienda, como a servicios sociales, salud, empleo, formación, etc.
Las políticas públicas que se llevan a cabo con las personas sin hogar, al no romper con el asistencialismo, en la mayoría de los casos perpetúan la exclusión, relegando sus derechos más básicos y sus itinerarios vitales de desarrollo y evolución. Los servicios suelen limitarse a atender las necesidades materiales inmediatas.
No podemos dejar de denunciar que es responsabilidad de los ayuntamientos que, una vez privatizados, estos servicios se convierten en meros “contenedores de personas”, con estrictas normas de funcionamiento ajenas a la realidad del sinhogarismo. Las administraciones no pueden renegar de sus propias obligaciones de control, seguimiento y evaluación que sobre este tipo de contratos deberían realizar. Todo ello ha llevado a situaciones límites donde las quejas de las personas sin hogar en muchos casos son desatendidas, cuando no reprimidas o excluidas. Olvidan que la esencia de este tipo de servicios debería ser la atención integral hacia estas personas, con itinerarios de actuación personalizados.
Es importante tener en cuenta que la responsabilidad de las administraciones públicas es velar y garantizar las condiciones de vida dignas para las PSH y erradicar las situaciones de aporofobia, el rechazo a las personas pobres, que se dan en nuestras ciudades.
La pandemia no ha hecho más que agudizar esta situación. La implantación por parte de las administraciones de la interacción telemática para la solicitud de la mayoría de prestaciones y servicios ha aumentado la brecha digital, convirtiéndose en un obstáculo, que aísla y excluye más a estas personas.
Por todo lo expuesto, APDHA demanda lo siguiente:
· Por ser un problema general de toda Andalucía, establecer un Plan general de atención a las personas sin hogar, con criterios y medidas claras y precisas para cada municipio, con un proceso participativo con todas las entidades y afectados, y elaborado para la detección temprana, emergencias y estabilización y reducción de daños, con un seguimiento y evaluación, y una financiación económica adecuada y suficiente, así como promulgar una legislación específica que reconozca sus derechos.
· Que se apueste por una red pública, estable y dotada suficientemente de servicios y equipamiento, lo que implica la remunicipalización de los servicios de atención a estas personas.
· Adaptación del sistema de atención a la realidad, necesidades, demandas y complejidad del sinhogarismo, de acuerdo a sus procesos vitales.
· Puesta en marcha de espacios de coordinación entre la Administración local y la autonómica, para el seguimiento y evaluación de los diferentes servicios existentes, por parte de técnicos municipales y un órgano independiente participado por las personas sin hogar.
· Distribución de los recursos para las personas sin hogar por los barrios de las grandes ciudades en unidades pequeñas, reduciendo la actual concentración, centrándose especialmente en aquellos barrios que cuentan con más recursos y equipamientos.
· Regular adecuadamente las estancias en cuanto a admisión, períodos y régimen de permanencia de forma que no impacte negativamente en la vida del barrio ni de las propias personas alojadas.
· Incremento de las plazas para convalecencia hospitalaria para las y los postquirúrgicos, dada la improcedencia de su vuelta a las calles hasta su total recuperación.
· Realización de un censo de personas sin hogar en aquellas localidades donde no se ha realizado, que son la mayoría, así como un estudio periódico a nivel cualitativo y cuantitativo del sinhogarismo en Andalucía.
· Puesta en uso y movilización de otros recursos que favorezcan los procesos vitales de integración social, y facilitación del acceso a los mismos.
En definitiva, devolver la dignidad a las personas más vulnerables de nuestras ciudades, las personas sin hogar.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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