Jean Claude Juncker, nuevo presidente de la Comisión europea (órgano de la UE que equivale en cierta manera al poder ejecutivo en un Estado nacional), ha presentando en estos días su equipo de comisarios. Aunque podría considerarse prejuicioso valorar a priori las políticas de la flamante Comisión por la simple identidad de sus miembros, en ocasiones un nombramiento representa una verdadera declaración de intenciones.
Como comisario de Interior y Migraciones ha sido nombrado Dimitris Avramopoulos, antiguo ministro de Defensa griego y miembro del partido conservador Nueva Democracia, que sostiene al actual gobierno de Grecia. El país heleno ha tenido el triste honor de ser uno de los Estados miembro de la UE con un peor sistema de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de migrantes y refugiados, habiendo sido incluso objeto de condenas en esta materia por parte del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Y a mayor abundamiento, el ejecutivo griego liderado por Nueva Democracia está siendo especialmente radical en estas políticas migratorias restrictivas.
Por lo tanto, la designación del sr. Avramopoulos, unido a que desde la Comisión se señala que esta cartera de nueva creación tendrá entre sus objetivos “priorizar la nueva política de migración que abordará de manera firme la inmigración irregular, mientras que al mismo tiempo hará de Europa un destino atractivo para los mejores talentos”, no hace abrigar demasiadas esperanzas respecto a que el estricto respeto de los Derechos Humanos en la políticas migratorias y de fronteras se vayan a convertir en una prioridad para este organismo europeo en el mandato que comienza.
Y ello a pesar de que un cambio en esas políticas a nivel estatal y europeo se revela como imprescindible e inaplazable. Durante los últimos meses se han sucedido numerosas situaciones de clara vulneración de los Derechos Humanos en la frontera Sur de Europa, teniendo una significada relevancia las que se han producido en Ceuta y Melilla, el Norte de Marruecos y en las costas andaluzas. Desde la pérdida de vidas (las 15 personas que perecieron en el Tarajal, el goteo de muertes en la valla de Melilla, el fallecimiento de un migrante subsahariano en Tánger en un ataque racista…) hasta el quebrantamiento de las bases del Estado de Derecho (las “devoluciones en caliente” de Ceuta y Melilla, las detenciones ilegales en masa en pabellones deportivos en Tarifa…) se dibuja un panorama en materia de fronteras, migraciones y asilo incompatible con los principios esenciales que, en teoría, informan el proyecto de integración política de la UE y al propio Estado español (justicia, libertad, respeto a los derechos humanos, imperio de la ley…).
En este contexto, los colectivos españoles de la red euroafricana Migreurop (APDHA, CEAR, SOS Racismo, Andalucía Acoge y Elin) presentamos los días 9 y 10 de septiembre en el Parlamento europeo una iniciativa que pretende poner las bases de un cambio de dirección en esas políticas europeas de migraciones y fronteras. Desde el pasado mes de junio, las entidades miembro de Migreurop España venimos reivindicando unas medidas en materia de asilo, de visados o de reagrupación familiar asumibles y realizables que podrían empezar a transformar la visión exclusivamente policial de las migraciones por otra que priorice el respeto de los derechos humanos como mínimo infranqueable. Esta iniciativa tuvo una muy buena acogida entre los diputados europeos asistentes a las jornadas (pertenecientes a los grupos parlamentarios de Izquierda Unitaria y Verdes), que se comprometieron a promoverla, junto a otras propuestas que sobre estas mismas cuestiones surgieron durante las jornadas, en su actuación parlamentaria durante esta legislatura.
Desde la sociedad civil europea seguiremos incidiendo políticamente para que la situación de los Derechos Humanos en las fronteras de la Unión se sitúe en la agenda de la nueva Comisión europea, sea quien sea el comisario competente en la materia. Y en esa labor esperamos contar con el apoyo de, al menos, parte de nuestros representantes en el Parlamento UE.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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