La Asociación Análisis y Diagnóstico de Andalucía (NDA) celebró el 12 de enero un Foro sobre “Cambio climático y Agua en Andalucía” en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla, el que intervinieron Elías Fereres Castiel, Eduardo López Vargas y Joan Corominas Masip. Unos días antes del Foro, el 9 de enero, publicamos en este mismo periódico un artículo titulado Llevar el agua a su molino que recogía el marco de referencia del contenido del Foro. Aunque este acto se puede ver de forma completa en el canal YouTube de la Fundación Cajasol, recogemos aquí las conclusiones del debate.
Las previsiones de cambio climático son una realidad contrastable y afectarán a todas las características de nuestro clima. La dureza de los efectos derivados de la sequía de 2022 ha sido dramática, siendo muestra de lo que nos espera en el futuro. En el contexto andaluz, la disminución de las precipitaciones y el incremento de la temperatura es una tendencia consolidada (en toda el área mediterránea), cuyos efectos se agravan en el contexto de mayor frecuencia de los ciclos de sequía y su alternancia con episodios de inundaciones por exceso de lluvia. El descenso medio de precipitación, y el aumento de la evapotranspiración por el aumento de la temperatura, producirán una reducción de la escorrentía y en consecuencia de las disponibilidades de agua.
El regadío consume tres cuartas partes de la disponibilidad de agua y desde principios del siglo pasado la superficie de regadío en España se ha duplicado cada cuarenta años
Sin embargo, no sería razonable señalar al cambio climático como único responsable de los “males hídricos”. La demanda de agua ha crecido descontroladamente en todos los sectores como si se tratara de un recurso inagotable. El regadío consume tres cuartas partes de la disponibilidad de agua y desde principios del siglo pasado la superficie de regadío en España se ha duplicado cada cuarenta años. Como ejemplo, la extracción de agua en el Guadalquivir en los últimos 20 años ha superado en un 11% anual a la que ha entrado en los embalses. La consecuencia es que los ríos y acuíferos están degradados por la reducción de sus recursos y los efectos contaminantes de determinados usos. Son ya más de dos décadas de vigencia de la Directiva Marco Europea del Agua con escaso avance en la consecución del buen estado ecológico de las masas de agua.
La solución clásica de recurrir a la inversión pública para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua tiene ya poco recorrido. La posibilidad de construcción de nuevos embalses es muy residual, sin olvidar que es una estrategia a medio y largo plazo y que no sirve para superar la actual sequía. La desalación de agua en España es una realidad desde hace casi veinte años, pero como consecuencia del elevado coste energético apenas se consume un tercio de la capacidad instalada, al seguir sobrexplotando las aguas subterráneas que resultan más baratas para el usuario. La utilización del agua residual regenerada, auspiciada por la Junta de Andalucía, únicamente es un nuevo recurso en los municipios que vierten directamente al mar, y en estos casos deberían servir para substituir captaciones de acuíferos sobrexplotados. La recarga de aguas subterráneas con los excesos de precipitación de años húmedos apenas puede aliviar la presión en los acuíferos sobreexplotados.
El modelo de agricultura intensiva en manos de sociedades mercantiles y fondos de inversión -por lo general foráneos y ajenos a los intereses andaluces- ha crecido mucho en los últimos años
A pesar de tratarse de un recurso cada vez más escaso, el coste de los servicios del agua para el regante es por lo general bajo, y no refleja su valor real. Cualquier subida por ínfima que sea es percibida por el sector agrario como inadmisible, desencadenando en muchos casos protestas que son vistas con simpatía por la sociedad. El lema de Agua Para Todos como generadora de riqueza lleva un siglo vigente aunque, paradójicamente, algunos estudios indican que los municipios con alta especialización productiva en el regadío o el turismo tienen menores rentas por habitante que otros municipios andaluces. La especialización productiva en agricultura intensiva y turismo estival en buena parte de los municipios costeros ha producido un fuerte incremento de la actividad económica de baja productividad junto con un elevado crecimiento de la población con baja renta por habitante. El empleo es poco cualificado, temporal y precario, sustentado en gran medida sobre mano de obra extranjera. Además, el modelo de agricultura intensiva en manos de sociedades mercantiles y fondos de inversión -por lo general foráneos y ajenos a los intereses andaluces- ha crecido mucho en los últimos años, acentuando esta tendencia en detrimento del modelo de explotación familiar y profesional, más resiliente y ligado al territorio.
Andalucía no puede renunciar a continuar generando riqueza derivada de la proximidad de los mercados europeos y benignidad de su clima en sectores tan reconocidos mundialmente como la agricultura y el turismo. Es urgente un cambio del modelo de desarrollo que prime el mayor valor añadido, la calidad de productos y servicios, el respeto al medio natural, una mejor cualificación de los trabajadores y su distribución a la mayor parte del año, lo que disminuirá temporalidad y precariedad, favoreciendo la integración de la mano de obra extranjera y evitando los problemas sociales en municipios de Almería y Huelva. Es hora de cualificar estas actividades en las que está especializado el litoral y diversificar su economía, fomentando la industrialización agroalimentaria y los servicios avanzados.
El desarrollo tecnológico en el sector del agua permite conocer con detalle qué ocurre en cada momento, y los avances en el conocimiento, como es el caso del riego deficitario controlado, posibilitan incrementar notablemente la eficiencia en el consumo, pero son inoperantes cuando la garantía del suministro de agua es muy baja, tal y como se ha hecho patente en los tres últimos años y posiblemente en el actual.
Coexisten consenso generalizado de que el objetivo es la consolidación de los usos actuales y a la vez, los mensajes favorecedores del crecimiento continuado del consumo de agua. Con voluntad política, sería una tarea fácil clausurar los usos irregulares y eliminar los resquicios legales al crecimiento, favoreciendo una transición adecuada hacia la reducción del consumo adaptada a la disponibilidad de recursos en los próximos años.
El insuficiente precio que se paga por los servicios asociados al uso del agua en muchos municipios es también la causa de la baja calidad del servicio y de las deficiencias en la depuración de las aguas residuales
Los usuarios tienen que contribuir, en la medida de sus posibilidades, a hacer sostenible un régimen económico y financiero del agua, por ejemplo, implantando de forma generalizada contadores de agua que hagan posible la facturación y ajuste del pago a su coste real, sin menoscabo de que puedan de forma excepcional subvencionarse determinados usos o pequeños grupos de usuarios. El insuficiente precio que se paga por los servicios asociados al uso del agua en muchos municipios es también la causa de la baja calidad del servicio y de las deficiencias en la depuración de las aguas residuales.
Por evidentes razones, en la disponibilidad de agua es necesaria una nueva gestión del agua que prime políticas de demanda frente a las de oferta, reforzando de manera decidida la gobernanza y policía del recurso y la aplicación del principio de recuperación de los costes financieros, ambientales y de oportunidad, y a su vez, establezca mecanismos excepcionales de deducciones compensatorias individualizadas en función del tipo y modelo de actividad y territorios más desfavorecidos. No puede seguir manteniéndose la paradoja de que el agua es de todos y la gestión esté en manos de los usuarios del riego o de las hidroeléctricas. El problema de la gobernanza actual es que trata de dar respuesta a necesidades particulares frente a las colectivas. Las decisiones deben ser participadas por toda la sociedad.
Desde esta realidad, debemos asumir un nuevo paradigma sobre la gestión del agua (y de todos los recursos naturales), que disminuya los desequilibrios que hemos producido en su ciclo hidrológico en el último siglo y plantee una nueva manera de convivir en la naturaleza. No será una tarea fácil, que habrá que hacer de una manera lo más consensuada y justa posible para todos los agentes afectados.
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