Iniciativa del Pueblo Andaluz ante las próximas Elecciones Municipales

La crisis de la globalización está siendo sacudida con una sucesión de acontecimientos como la emergencia climática, la pandemia, la invasión de Ucrania, una inflación disparada, que en países como Argentina llega al 70%, o la hambruna en muchos países pobres.

Al mismo tiempo, la democracia está amenazada por dictadores militaristas como Putin que invade impunemente un estado cono Ucrania burlándose del derecho internacional; por la ultraderecha que crece en Europa, como en Suecia, y gobierna ya en países como Italia, Hungría o Polonia; por los regímenes dictatoriales islámicos que están asesinando a las mujeres como en Irán, o el avance de las dictaduras en Asía y África; incluso por la amenaza de un victoria de los republicanos de Trump en EE.UU. después de un intento de golpe de estado con el asalto al Capitolio.

La crisis de la globalización y el avance de los enemigos de la democracia configuran un contexto de emergencia social.

Las personas necesitamos ahora más apoyo que nunca de los gobiernos, tanto para nuestro día a día, compensando la inflación para las economías más vulnerables y asegurando nuestros derechos sociales, como para tomar medidas que transformen la economía

Andalucía, a pesar de sus grandes fortalezas, sigue estando en una posición de debilidad estructural que se manifiesta en la brecha en el porcentaje de paro, un 18,58%, seis puntos por encima de la media nacional (13,65%); en la población en riesgo de exclusión, un 38,7% en Andalucía (en España el 27,8%) o en el diferencial de renta por habitante, la penúltima de España, con 19.658 euros alejada de la media española (26.438 euros); en nuestra mayor dependencia de los combustibles fósiles o en nuestro escaso y fragmentado tejido industrial.

En este contexto, tras más de dos años de pandemia, estamos padeciendo además la aceleración de las consecuencias del cambio climático: una tremenda sequía, incendios que han calcinado una superficie tres veces mayor que la media de la última década, y oleadas de calor que baten todos los records desde que hay registros.

La subida de precios afecta a todos los productos y servicios, pero sobre todo se han encarecido los que más impactan en los presupuestos de las familias de las clases populares y en la actividad de los autónomos y las pequeñas empresas, como la electricidad, los combustibles, el transporte, la vivienda o la alimentación, todos por encima de la media de inflación (9% en septiembre).

Las personas necesitamos ahora más apoyo que nunca de los gobiernos, tanto para nuestro día a día, compensando la inflación para las economías más vulnerables y asegurando nuestros derechos sociales, como para tomar medidas que transformen la economía y la adapten a esta crisis de la globalización, comenzando por la lucha contra la emergencia climática con el objetivo de cero emisiones netas y la transición hacia una economía digital. Avanzar en estos objetivos implica una transformación de nuestras estructuras sociales y productivas y, por lo tanto, de las relaciones de poder.

Para poner en práctica estas medidas que nos protejan frente a la emergencia social y climática, es imprescindible tener recursos económicos públicos

Desde Iniciativa valoramos de forma positiva las medidas que ha ido aprobando el Gobierno de coalición en España en favor de las personas trabajadoras y de las clases populares durante este tiempo lleno de acontecimientos imprevisibles, a pesar de no tener mayoría parlamentaria y de tener la oposición negacionista de los tres partidos de la derecha que se han opuesto a todo y que, hasta ahora, han conseguido controlar a los jueces, tratando de desmantelar las leyes progresistas.

Han sido tantas las medidas y las leyes aprobadas que es imposible enumerarlas, pero a título de ejemplo recordamos la vacunación gratuita a toda la población, los ERTES, las subvenciones a los autónomos y a los transportistas, el Ingreso Mínimo Vital, la bajada los viajes ferroviarios de cercanía, subvenciones al autoconsumo eléctrico, el tope al precio del gas, la limitación en el precio de alquileres, las nuevas leyes de Formación Profesional, de Educación, de la Ciencia, etc.

Entre todas esas iniciativas destacamos los avances en materia laboral, con las subidas de SMI hasta los 1000€ y la reforma pactada del Estatuto de los Trabajadores que ha tenido unas consecuencias inmediatas en la disminución de la contratación temporal y el aumento del empleo, a pesar de las actuales circunstancias de crisis económica, así como las iniciativas que ha ido liderando en la Unión Europea (UE), con los nuevos Fondos, la deuda conjunta, la intervención del mercado eléctrico e impuestos a las empresas energéticas, en los que la UE ha ido asumiendo las posiciones del Gobierno de España, mientras el PP ponía zancadillas también en Europa.

Para poner en práctica estas medidas que nos protejan frente a la emergencia social y climática, es imprescindible tener recursos económicos públicos.

Hoy ya no se puede seguir basando la financiación en la deuda y el déficit público, porque la subida de los tipos de interés encarece mucho el coste de la deuda, por eso es el momento de las políticas fiscales, es decir, de recaudar por las ganancias extraordinarias de grandes empresas como las eléctricas, los bancos o las grandes superficies comerciales, así como exigirles más solidaridad fiscal a las grandes fortunas para poder ayudar a las familias, a los autónomos y las pequeñas empresas, para financiar servicios públicos de calidad e invertir en la transformación del modelo productivo. En los tiempos en los que vivimos no puede ser que algunos obtengan unos beneficios extraordinarios sin precedentes gracias a la inflación y a costa de los consumidores, mientras que una parte de la población no puede pagar las necesidades básicas.

La aprobación de este proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 (PGE-23) cumple con estas expectativas basado en la justicia fiscal y la expansión del gasto para compensar la subida de tipos de interés del BCE, arrastrado por la subida de tipos de la FED y en última instancia por la inflación.

En este escenario, el Gobierno de Moreno Bonilla suprime el impuesto de Patrimonio en Andalucía que ahora solo afecta a los contribuyentes que declaren más de 700.000 euros, sin tener en cuenta la vivienda habitual, cuando vemos que hay graves carencia de financiación en servicios esenciales como la asistencia sanitaria y en la enseñanza. No se había atrevido a hacerlo antes pero ahora, con mayoría absoluta, actúa como un adicto al neoliberalismo que se pone, sin tapujos, al servicio de las minorías a las que de verdad representa. Además, aquí en Andalucía, Moreno Bonilla está dedicando todo el poder de la Junta para hacer oposición al Gobierno central.

Los meses que se avecinan no serán fáciles. Ni para las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes, ni para los autónomos y pequeñas empresas que han de tomar decisiones críticas sobre su futuro, abandonadas por el Gobierno de la Junta. Llegar a fin de mes se está convirtiendo en una fuente de ansiedad para millones de hogares y de empresas y sabemos que va a ser imprescindible seguir tomando medidas de ahorro energético y de agua.

La cuestión es que, si en estas circunstancias de riesgos extraordinarios, queremos gobiernos que defiendan los intereses de las clases trabajadoras o vamos a permitir que gobiernen los que van a poner los recursos públicos al servicio de las grandes empresas y que, además, la extrema derecha aproveche el descontento social para tensionar la convivencia ciudadana.

Ellos tienen el poder del dinero, con los que compran medios de comunicación e influencia en las redes y tienen el apoyo de una parte importante de los poderes tradicionales, de los jueces, de la iglesia, del ejército y, sobre todo, de las grandes empresas que quieren pagar menos impuestos, pagar menos salarios, poder despedir libremente o privatizar servicios públicos para convertirlos en negocios.

Nosotros en cambio lo que tenemos es el sentido común de defender los intereses de la mayoría, pero para que ese sentido común se convierta en mayorías sociales y electorales necesitamos unidad, organización y movilización.

Desde Iniciativa del Pueblo Andaluz apoyamos el proyecto SUMAR que abre un marco político para una confluencia política que ha despertado mucho interés en amplios sectores sociales

El próximo año se van a celebrar las elecciones municipales el 28 de mayo. Es vital decidir quiénes van a gobernar en los Ayuntamientos y en las Diputaciones andaluzas. En Iniciativa tenemos dos objetivos: que haya un Gobierno progresista en nuestras ciudades y que en ese Gobierno tenga un peso determinante la izquierda transformadora para poder llevar a cabo políticas que respondan a la situación actual de emergencia social y climática.

El proyecto SUMAR de Yolanda Díaz representa un avance de la izquierda transformadora hacia posiciones plenamente democráticas que busca configurar un bloque social de mayorías. Por ello, desde Iniciativa del Pueblo Andaluz apoyamos el proyecto SUMAR que abre un marco político para una confluencia política que ha despertado mucho interés en amplios sectores sociales.

En sintonía con ese marco, la coalición “Por Andalucía” se está proyectando para adaptarse a los requerimientos de las próximas elecciones municipales. La coalición ha supuesto un salto cualitativo que valoramos de forma positiva las personas, asociaciones y partidos de la izquierda que reclamábamos la unidad y que defendemos la necesidad de un sujeto andaluz político con un andalucismo democrático de izquierdas, que no sea ni chovinista ni excluyente.

Hoy debemos dar un paso adelante proyectando la coalición en cada localidad en una convergencia social abierta a todas las fuerzas de izquierda y a todas las asociaciones y personas progresistas comprometidas con su municipio. Por ello, proponemos, como pieza clave para las elecciones municipales, impulsar procesos transparentes, participativos y democráticos que construyan la unidad desde abajo, apoyándose en las plataformas donde ya haya experiencias de confluencia, que elijan candidatas y candidatos por primarias que sean inclusivas y ampliamente representativas, antes de que finalice el año y donde se elabore de forma colectiva programas que recojan las necesidades reales de la gente, sabiendo la situación tan difícil por la inseguridad, la desconfianza, la incertidumbre y el desasosiego que vivimos, incentivando el compromiso político como la mejor forma de defender y avanzar en la profundización de nuestra democracia.

Los movimientos sociales y los sindicatos pueden jugar un papel muy importante en este proceso por cuanto canalizan las reivindicaciones más concretas y sentidas de la población hacia el ámbito político. Con su ayuda, podemos proponer soluciones estructurales para construir las poblaciones verdes y de la igualdad, empezando por alternativas al paro y al empleo precario, a la carestía de la vida, a la falta de acceso a la vivienda y a los servicios básicos, a la desigualdad y la violencia de género, a las carencias en el transporte público, a la contaminación del aire, a la lucha contra el cambio climático o a la mala distribución del espacio público.

Se trata de poner en pie, entre todas y todos, un proyecto que aporte una esperanza colectiva y aumente la confianza porque solo a través de la política y la participación democrática ciudadana, podemos hacer frente a esta situación de emergencia social, con hechos y con mensajes basados en una expectativa de cambio y en la justicia social y ambiental.