Pocos elementos simbolizan mejor el proyecto de una vida que la vivienda. El hogar es el espacio donde almacenamos recuerdos y proyectos, logros y esperanzas. Por ello, cada desahucio que se produce hiere profundamente a familias que se ven afectadas, pero también nos hiere como sociedad que debe saber encontrar una solución justa y eficaz a este problema. Como parlamentaria, soy pues consciente de que una de las grandes tareas que me han asignado los ciudadanos es encontrar las herramientas que garanticen el derecho a una vivienda digna.
Ante el frentismo y los golpes de efectos que vemos en los últimos meses, tan efímeros como la luz de un flash, el Grupo socialista del que formo parte sigue buscando las soluciones legales más progresistas y eficaces destinadas a frenar los desahucios.
Lo hicimos en la pasada legislatura con la Ley de Función Social de la Vivienda, nacida del anterior gobierno en coalición de PSOE e IU. Con ella pretendimos, entre otros objetivos, evitar que las familias que se encontraran en situación de emergencia social perdieran su vivienda en un desahucio. La ley que salió del Parlamento estableció la posibilidad en último recurso de expropiar temporalmente a la banca, a cambio de una indemnización económica, el uso de viviendas sobre las que se había ejecutado la hipoteca. Nadie, en el momento de redactar y aprobar esa norma, pudo pensar que detrás de la compensación que recibía el sector financiero a cambio de la expropiación temporal había algún beneficio a particulares o que se trataba de un rescate a la banca.
Pero lamentablemente la Ley de Función Social se encuentra desde su nacimiento parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional como consecuencia del recurso presentado por el Gobierno de España. Lo cierto es que la expropiación temporal del uso de las viviendas se acerca cada vez más a una vía muerta. El Constitucional, en una sentencia del pasado mayo, ya falló en contra de una medida similar que preveía el Decreto-Ley de Medidas para Asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda que le antecedió.
El PP se empecina en frenar que avancemos en la construcción de una sociedad más justa y en la defensa de la igualdad de oportunidades. No nos agotamos en reclamar una y otra vez a los populares que retiren el recurso ante el Constitucional y permitan a los andaluces desarrollar en su totalidad una ley justa y necesaria.
En este escenario, no podemos permitir el inmovilismo y pensar que la solución al drama que hoy viven cientos de familias es loar las virtudes de una ley justa pero de difícil aplicación desde que la frenó el Gobierno del PP. Los últimos datos sobre ejecuciones hipotecarias en Andalucía nos confirman que debemos encontrar ya alternativas.
Tenemos que agotar todos los instrumentos en el marco de nuestras competencias para dar respuesta a quien se enfrenta a un desahucio. Eso es lo que nos demanda la sociedad. En esta idea se encuadran los dos anteproyectos que acaba de aprobar el Gobierno andaluz y que en breve enriqueceremos con el debate en el Parlamento andaluz. Se trata de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria de Vivienda y la Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas.
La primera de ellas da los instrumentos para prevenir los abusos en los contratos hipotecarios, intermediar entre las familias y las entidades financieras y protegerlas. Además de dar soporte cuando se enfrenten a una ejecución hipotecaria. El tribunal específico de arbitraje para facilitar soluciones extrajudiciales, previsto en la norma, colaborará de forma decisiva en buscar alternativas que no acaben en el desahucio. El fin es que las familias, en todo este proceso, se sientan acompañadas, asesoradas y arropadas por la administración de todos los andaluces.
Si, a pesar de todos los esfuerzos anteriores, llegamos a una ejecución hipotecaria, ahí es donde entraría en juego la Ley de Retracto con el único fin de facilitar la permanencia de las familias en sus viviendas. La norma otorga a la Junta de Andalucía y a los Ayuntamientos la capacidad de ejercer el derecho de compra preferente de los inmuebles incluidos en procesos de ejecución hipotecaria siempre que se cumplan unos requisitos socio-económicos. La administración adquirirá la vivienda al precio establecido por el juez, muy lejos del que alcanzaría si después saliera al mercado, y luego la destinará al alquiler social. Así se puede garantizar que las familias permanezcan en sus hogares, aliviando en parte el problema de endeudamiento de las familias. Además, ahuyentamos de nuestra región a los fondos buitre que sobrevuelan sobre este drama sin otro fin que seguir especulando alrededor de la vivienda.
Ambas normas se complementan pues en un mismo objetivo: dar solución al problema de la vivienda en nuestra región. Todos somos conscientes de que no hay una salida fácil técnica y jurídica al problema. Difícilmente lograremos dar una respuesta definitiva sin la colaboración de todas las administraciones. Nuestra responsabilidad como parlamentarias y parlamentarios nos obliga, a todos, a colaborar en las medidas más beneficiosas para el conjunto de la sociedad.
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