Desde que Podemos Andalucía constituyó sus órganos de dirección ha transcurrido más de año y medio. Durante todo este tiempo el partido ha estado inmerso en infinidad de iniciativas relacionadas con la sanidad, la educación, la cultura, la justicia, los servicios sociales, los recortes en derechos o con las políticas anticorrupción, desarrollando un trabajo constante, participativo y ejemplar. Ahora, que comienza una nueva etapa para esta formación con la reciente anunciada II Asamblea Ciudadana y que se abre un proceso de debate para encauzar qué Andalucía queremos para vivir y desarrollarnos, es el momento de poner sobre la mesa y concederle el valor que se merece al derecho a la comunicación de todas y todos los andaluces y de definir qué modelo audiovisual queremos para nuestra tierra.
Los principios de política audiovisual recogidos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía no han conseguido plasmarse en las progresivas leyes que se han ido presentando durante años. El desarrollo y concreción de algunos de estos principios dista bastante del artículo 20 de la Constitución en lo referido al derecho a una información independiente, veraz y plural y conviene recordar que el espectro radioeléctrico es público y, por ende, pertenece a la ciudadanía. Tanto los medios privados como los públicos que ocupan dicho espacio deben cumplir con unas condiciones de prestadores de un servicio público y tienen que existir mecanismos eficaces que garanticen que así sea.
Por lo tanto, son necesarias unas políticas públicas de comunicación, cuyo eje central sea dicha garantía de servicio público y bajo cuatro premisas fundamentales: transparencia, participación, pluralismo e independencia. Estas políticas no solo deben contar con el consenso político sino que además tienen que ser participativas que avalen la pluralidad informativa e integren a la ciudadanía y a otros representantes sociales y que aseguren la construcción de un territorio más plural y democrático, donde prevalezca el interés general y el equilibrio de los tres sectores, privado, público y comunitario, para construir una Andalucía para todas y todos.
Este servicio público debe ser universal con independencia del lugar donde vivan las personas y de su nivel socioeconómico. Todos los territorios tienen el mismo derecho a participar en igualdad de condiciones y no solo en recibir la información sino también en emitirla, es decir, si la licencia que se otorga es de ámbito autonómico todos los territorios tienen que poder emitir o aportar contenidos que son de interés para ellos. Garantizar el derecho al acceso es de suma importancia si queremos alcanzar una verdadera pluralidad informativa y no es suficiente solo con hacer llegar la información a los receptores sino que tienen que entenderla y comprenderla para que puedanhacer un análisis crítico de lo que les llega. Por esta razón es fundamental poner en marcha un plan de alfabetización mediática en las escuelas dirigido e impartido por profesionales de la comunicación que sirva para que los contenidos que se consumen en medios sean comprensibles y puedan asumirse de manera crítica.
En este sentido, las políticas públicas de comunicación deben centrar el foco en la ciudadanía y crear un sistema de comunicación horizontal y participativo, que no solo se facilite la información sino que se proporcionen las herramientas necesarias para que la ciudanía pueda participar del derecho a la comunicación y sirva para una verdadera cohesión y vertebración del territorio andaluz. Unas políticas que estén a la altura del papel encomendado por nuestro Estatuto de Autonomía y ayuden a construir un territorio andaluz más justo, inclusivo, igualitario y más democrático, donde no haya vacíos ni silencios y todas y todos los andaluces seamos visibles.Necesitamos medios que generen territorio desde la cohesión social, indaguen la realidad y fomenten la opinión pública, solo de esta manera se conseguiremos contar con el respaldo de la ciudadanía, que podrá ver así razonada la existencia de estos medios en el futuro.
Andalucía tiene que estar orgullosa de iniciativas pioneras en España como el Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía como ejemplo de empoderamiento ciudadano ante la futura Ley Audiovisual andaluza y Podemos, como herramienta útil para la ciudadanía que debe de ser, tiene que estar a la vanguardia de estos debatesy no limitarse solo a pedir las plazas que le corresponde en el Consejo de Administración de RTVA o Consejo Audiovisual. Al mismo tiempo, hay que abrir espacios de diálogo con la sociedad civil y con la ciudadanía y consensuar el marco donde desarrollar el modelo audiovisual que queremos para nuestra tierra. Lo que garantiza la verdadera diversidad territorial e informativa no es el pluralismo político, sino la existencia de un pluralismo social que construya una agenda ciudadana sobre los derechos humanos como son la educación, la vivienda o la sanidad y esto se cimenta a través de los medios de proximidad, barrio a barrio. En esta nueva etapa, Podemos Andalucía tiene la oportunidad de colocar el derecho a la comunicación de los andaluces y andaluzas en el lugar que le corresponde y sólo de esta manera lograremos que Andalucía sea realmente como la que más.
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