¿Por qué aún no se ha declarado la Emergencia Climática en Andalucía?

Estimado Presidente:

El informe publicado por Naciones Unidas el 26 de febrero es contundente y preocupante, en la práctica seguimos sin asumir nuestras responsabilidades para frenar el Cambio Climático producido por la actividad humana.

Andalucía es un territorio que va a ser, que ya está siendo especialmente afectado por estos aumentos de la temperatura media, descenso de las precipitaciones, desertización, fenómenos atmosféricos adversos. Sabemos que es consciente de ello, usted mismo lo ha expresado en múltiples ocasiones, la última vez durante la ceremonia de entrega de las Medallas de Andalucía. A menudo se refiere a ello como “la revolución verde” de su gobierno, una expresión que no consideramos especialmente acertada si recordamos que la última llamada revolución verde, en la mitad del siglo XX supuso la implantación de un sistema netamente productivista basado en la aplicación de químicos que ha causado unos daños al territorio del que aún estamos pagando las consecuencias.

Le hemos solicitado en varias ocasiones, volvemos ahora a hacerlo, que tenemos que pasar de las palabras a los hechos. No podemos alegar procedimientos, burocracias o requisitos necesarios para poner en marcha estas medidas. La petición de diligencia y simplificación administrativa forma parte desde siempre del trabajo de la Fundación Savia, y así hemos participado en las diversas normas que en los últimos años se han puesto en Andalucía para simplificar y agilizar la administración andaluza.

Seguimos sin entender por ello por qué aún no se ha declarado la Emergencia Climática en Andalucía y se ponen en marcha programas claros que reflejen que el gobierno andaluz, que Andalucía, se pone en marcha para mitigar, en todo lo que esté en su mano el gran desastre que, de seguir así, vamos a dejar a las generaciones futuras.

Muy al contrario, se están adoptando decisiones que nos preocupan de forma mayúscula, como la aprobación, el 16 de Febrero del Decreto-Ley 3/2021, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el que en su disposición adicional tercera, disposición final tercera y disposición final octava establece:

Disposición adicional tercera. Especialidades en materia de evaluación ambiental en los proyectos financiados mediante fondos europeos.

A los efectos de lo previsto en el artículo 16.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se entenderá que concurren circunstancias excepcionales, sin necesidad de que el Consejo de Gobierno dicte acto motivado al efecto, en el caso de los proyectos financiados total o parcialmente mediante los fondos europeos regulados en este Decreto-ley, cuando se trate de meras modernizaciones o mejoras de instalaciones ya existentes, que no supongan construcción de nueva planta, aumento de la superficie afectada o adición de nuevas construcciones ni afección sobre recursos hídricos y entre cuyos requisitos se incorporen para su financiación y aprobación la mejora de las condiciones ambientales, tales como la eficiencia energética o del empleo de recursos naturales, la reducción de su impacto ambiental o la mejora de la sostenibilidad de la instalación ya existente. El órgano sustantivo deberá motivar la concurrencia de dichas circunstancias en el correspondiente acuerdo de inicio.

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Se añade un apartado 3 al artículo 16 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, con la siguiente redacción:

«3. El Consejo de Gobierno, a propuesta del órgano sustantivo, en circunstancias excepcionales y mediante acuerdo motivado, podrá excluir un proyecto determinado de la evaluación de impacto ambiental, cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto.»

Disposición final octava. Modificación del artículo 53 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.

El apartado 2 del artículo 53 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, queda redactado en los siguientes términos:

«2. Lo establecido en el apartado anterior tendrá carácter obligatorio una vez transcurridos seis meses a contar desde la entrada en vigor del desarrollo reglamentario por el que se apruebe la organización y funcionamiento del Registro de la huella de carbono de productos y servicios previsto en el apartado 3 del artículo 52 de esta Ley.»

En nuestra opinión resulta muy preocupante que, en base al juicio del Consejo de Gobierno, los posibles “efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto” puedan dar lugar a obviar el análisis de la Evaluación del Impacto Ambiental, esto es, que los intereses particulares de la ejecución de un proyecto privado puedan estar por encima del interés público general y la defensa de nuestro territorio y su patrimonio histórico y natural. De llevarse a término esta posibilidad, estaríamos retrocediendo más de treinta años en el modelo de nuestro marco normativo y nos devuelve a unas políticas y formas de proceder que no son de recibo en la tercera década del siglo XXI y, que, desde luego no se corresponde con el tipo de políticas y formas de gobernar que dice en sus discursos quiere llevar a cabo.

Su gobierno, además, está impulsando unas iniciativas que nos producen bastante desconcierto. La Consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Rural está firmando con diversos ayuntamientos unos acuerdos, denominados Protocolos Generales de Actuación en materia de Planificación Municipal de Cambio Climático cuya finalidad y utilidad no alcanzamos a entender dado que se trata de unos documentos con una terminología bastante difusa, que no concretan acciones, que no tienen presupuesto, si nos permite la expresión, vacíos de efecto. No entendemos con ello, cómo estos documentos van a lograr cambiar la realidad de estos municipios, de nuestro territorio. Estos documentos ya han sido firmados en varios municipios de Los Pedroches en Córdoba y del Andévalo en Huelva, al parecer van a formalizarse también en la Vega del Guadalquivir.

¿Cuál es el fin de estos acuerdos? La lectura de su contenido no nos aclara estas dudas. Así, por ejemplo, la cláusula tercera, del alcance económico, dice textualmente: “el presente protocolo general de actuación, como mera expresión de voluntad de las partes en orden a establecer una línea de colaboración, no implica gasto y carece de compromisos económicos exigibles”. Creemos que sin la dotación de recursos necesarios para emprender acciones, el compromiso sigue siendo vago, indefinido.

Hace ahora un año, un grupo de andaluzas y andaluces pusimos en marcha lo que se ha denominado el Parlamento Climático Andaluz. Pudimos realizar varios encuentros a las puertas del Parlamento de Andalucía coincidiendo con sus plenos. Lamentablemente tuvimos que suspender su desarrollo debido a la pandemia, pero si dio lugar a varios debates en los que participaron ciudadanos anónimos y también expertos en diversas materias. Esos debates fueron resumidos en varios documentos de los que le dimos traslado, volvemos a adjuntarlos. Son la prueba manifiesta de la enorme preocupación, la compleja problemática de gestionar un territorio tan amplio y diverso como es Andalucia, el que requiere toda una serie de políticas y medidas transversales que propicien mirar al futuro con optimismo.

En dichos documentos se exponen, suficientemente razonadas y argumentadas toda una serie de propuestas que, en opinión de los más cualificados expertos resultarían altamente beneficiosas para Andalucía, para frenar esta amenaza real que es el Cambio Climático, están a su disposición y la de su equipo para llevarlas a la práctica. Nosotros a su disposición para ayudar en lo que pueda estar en nuestra mano.

La situación es grave, los datos que recibimos a diario así lo reflejan. No podemos eludir nuestra responsabilidad, mucho menos dar pasos atrás o generar artificios que no generan la transición ecológica justa que necesitamos. En nuestra opinión, Usted y su gobierno deben impulsar un gran acuerdo parlamentario y ciudadano en Andalucia que se convierta en ese punto de inflexión que tanto necesitamos para frenar los efectos del cambio climático en Andalucía.

Un cordial saludo,

Francisco Casero Rodríguez

Presidente Fundación Savia