El pasado 13 de enero, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobaba de forma definitiva, con los votos a favor de PSOE y Adelante Sevilla, el Presupuesto Municipal para este año. Algo más de 1.000 millones de euros que el Ayuntamiento, los Organismos Autónomos y las Empresas Municipales tenían previsto emplear en inversiones, programas sociales y servicios públicos que “permitan una transformación de la realidad social y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía”, tal y como se especifica en su Memoria.
Después de que en 2019 (año electoral) se tuviera que prorrogar el presupuesto del año 2018, el alcalde Espadas conseguía aprobar a principios de año el primer presupuesto de su segundo (y quizás su último) mandato, lo que le proporcionaba un colchón de estabilidad para llevar a cabo sus políticas aún sin tener mayoría absoluta. A pesar de que este presupuesto fue diseñado en un escenario de incertidumbre, ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde el año 2018 y al mantenimiento de las limitaciones establecidas por el techo de gasto introducido por la Ley Estabilidad Presupuestaria (más conocida como Ley
Montoro) en 2012.
La crisis de la COVID-19 ha dado al traste todos los planes de Espadas y su equipo. Se ha encontrado, de buenas a primeras, con una crisis sin precedentes que le ha obligado, entre otras medidas, a plantear un ERTE en TUSSAM que afecta al 75 % de su plantilla, y previsiblemente en Contursa. O poner en marcha ayudas para el alquiler de las viviendas de EMVISESA y reforzar la prestación social para atender a miles de familias que viven ya una situación económica límite.
Muchas de ellas ya la vivían antes de esta crisis, porque no debemos olvidar que 7 de los 15 barrios más pobres de España se encuentran en Sevilla. Por el lado de los ingresos se hacía imprescindible el aplazamiento del periodo de cobro de algunos impuestos y tasas para aliviar las maltrechas economías de familias, empresas y autónomos. En resumen, un aumento de los gastos y una importante reducción de los ingresos, tanto en los impuestos directos e indirectos, como en las tasas
municipales y otros conceptos.
Los presupuestos para este año son ya papel mojado. No sólo en Sevilla, sino en la inmensa mayoría de los ayuntamientos y Comunidades Autónomas. En un Pleno Extraordinario se ha aprobado la creación, a propuesta del alcalde, de una Comisión de Reactivación social y económica y para el impulso del empleo de la ciudad. El resultado de esta comisión será la elaboración de un plan económico-financiero que permita reajustar las prioridades en el gasto para hacer frente a las consecuencias de esta crisis. Este plan deberá incluir una serie de modificaciones presupuestarias
que deberán ser aprobadas por el Pleno. El resto de grupos políticos han mostrado su predisposición al diálogo y trabajar de forma conjunta.
Vivimos momentos en los que la mayoría de la ciudadanía reclama, con más insistencia si cabe, que sus representantes en las instituciones dialoguen para
llegar a acuerdos que permitan mitigar los graves efectos que van a sufrir sus vidas. Sería ideal que se llegara a un acuerdo lo más amplio posible centrado en la urgencia que vivirá la ciudad y dejando a un lado las diferencias insalvables.
En esta fase de la crisis son la Administración central, la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas quienes están haciendo el mayor esfuerzo económico para paliar el parón económico y laboral. Pero en la siguiente fase, la de la reconstrucción, el papel de los ayuntamientos debe ser relevante. Y más teniendo en cuenta el contexto actual, donde las proyecciones de Naciones Unidas indican que el 80% de la población mundial vivirá en ciudades para el año 2050. Gobierno Central y Autonomías no pueden seguir cometiendo el error de no entender la relevancia del papel de los ayuntamientos, y les deben permitir mayor margen de inversión flexibilizando por un lado la aplicación del superávit de años anteriores en las Inversiones Financieras Sostenibles, y por otro lado aumentando la autonomía fiscal con la reforma de la Ley de Haciendas Locales. Sin olvidar que es fundamental derogar la normativa que regula la tasa de reposición de efectivos con el
objetivo de fortalecer y rejuvenecer las plantillas después de años de reducción.
Dentro del margen de maniobra que tiene nuestro Ayuntamiento son varios los caminos que puede tomar. Descartada una reducción de impuestos que deterioren nuestras cuentas públicas (echamos en falta los 4 millones que se dejaron de ingresar con la bajada del IBI del 2018) deberá ser en los gastos donde se produzcan los principales cambios. Propongo que sean estas cuatro las líneas de actuación prioritarias en las que se debe centrar:
Tenemos por delante como sociedad un gran reto: la reconstrucción eficiente no sólo de las empresas y la economía, sino también de nuestros modos de vida, y en este escenario eso sólo es posible conseguirlo garantizando la capacidad de los Ayuntamientos en la reconstrucción social y económica.
Sobre este blog
En Abierto es un espacio para voces universitarias, políticas, asociativas, ciudadanas, cooperativas... Un espacio para el debate, para la argumentación y para la reflexión. Porque en tiempos de cambios es necesario estar atento y escuchar. Y lo queremos hacer con el “micrófono” en abierto.
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