El impacto de la pandemia y la crisis social y económica en Andalucía están poniendo de manifiesto, por un lado, la importancia y la necesidad de contar con un estado social fuerte y a la altura de las circunstancias, y, por otro, todos los problemas estructurales del actual modelo de crecimiento andaluz.
Con respecto a lo primero es evidente que los países de nuestro entorno que presentan un estado social más fuerte (porque gastan más en él), traducido en un mayor número de profesionales sanitarios por cada 100.000 habitantes, más camas de UCI y un efectivo blindaje de los servicios públicos fundamentales, están demostrando mayor capacidad para aguantar el chaparrón. Es evidente que las políticas de recortes y austeridad de la última década, aplicadas de manera muy intensa en Andalucía, están dejando ver sus efectos nefastos en una situación como ésta.
Por lo que tiene que ver con la segunda cuestión, la mayor caída del PIB en España y en Andalucía, en comparación con el conjunto de la Unión Europea y de los países de nuestro entorno, está directamente relacionada con una serie de causas que hacen nuestra economía más débil y que están ligadas tanto al modelo de crecimiento como a nuestro tejido productivo. Analistas y expertos coinciden en señalar que nuestra fragilidad tiene que ver con la poca diversificación del tejido productivo y su dependencia de sectores fuertemente condicionados a factores externos; con un largo proceso de desindustrialización y de falta de inversión en la modernización y la innovación en los sectores claves para el siglo XXI; con una altísima precariedad laboral, que se suma a uno de los paros más altos de la OCDE y que se ceba particularmente con las mujeres y las nuevas generaciones; y, finalmente, con un elevado nivel de desigualdad, dado que la fragilidad económica está directamente relacionada con las tasas de desigualdad social.
En síntesis, podemos decir la economía andaluza se está demostrando mucho menos resiliente que otras de nuestro entorno por efecto de las políticas de la última década en ámbito económico, industrial, fiscal y social.
Lo que entonces deberíamos preguntarnos es si estos presupuestos autonómicos pueden atender de verdad a los problemas estructurales, si de verdad solucionan nuestras carencias y asimetrías, si asumen la necesidad de un cambio en la acción y en la capacidad de intervención de los poderes públicos en el sistema económico y en los procesos de transformación tal y como requiere esta crisis. Las respuestas son claramente negativas: estos presupuestos se presentan mediocremente conformistas. El Gobierno de la Junta de Moreno Bonilla ha apostado por el continuismo, por unas políticas de contención de gasto y por un control excesivo de la inversión pública.
Más allá de la propaganda, las cifras hablan por sí mismas: el presupuesto aumenta solo un 3,7%, una cifra completamente insuficiente y muy por debajo de lo que están haciendo otros gobiernos autonómicos. Sólo por citar uno, el Gobierno de la Generalitat valenciana prevé aumentar el gasto público en un 11% y el gasto social hasta casi el 12. Además el aumento previsto por el Ejecutivo andaluz es menos de la mitad del aumento previsto por el PIB nominal previsto para el 2021, es decir, que se plantea una menor aportación del gasto público en el conjunto de la economía justo cuando hay un consenso sobre su importancia, conclusión a la que han llegado informes del BCE, FMI, OCDE y del mismo Banco de España.
La insuficiencia de la propuesta se ve también en la inversión en la educación y en la sanidad pública, con unos incrementos presupuestarios que mantienen a Andalucía en los últimos puestos en gasto per cápita a nivel de CCAA y que se quedan también por debajo del aumento del PIB nominal previsto. Muchos nos preguntamos entonces si blindar los servicios públicos no es una prioridad absoluta en este contexto, ¿cuándo lo será? La respuesta es que en la voluntad política de las derechas, nunca.
Las políticas de la derecha siguen en este presupuesto, al igual que en el programa de Gobierno de PP y Cs, su hoja de ruta con respecto al desmantelamiento progresivo de lo público
Las políticas de la derecha siguen en este presupuesto, al igual que en el programa de Gobierno de PP y Cs, su hoja de ruta con respecto al desmantelamiento progresivo de lo público. Hay una intensificación de la privatización y de las externalizaciones de servicios públicos, un aumento de la precarización de los trabajadores públicos, una apuesta para soluciones coyunturales y cortoplacistas que no garantizan ningún tipo de estabilización de la plantilla y de blindaje y fortalecimiento de nuestros servicios públicos.
A todo lo dicho anteriormente si le sumamos la bajada de presupuesto para la renta mínima y para la partida I+D+i tenemos claro cual el proyecto de comunidad de la derecha: un proyecto caduco, excluyente, que apuesta por el mismo modelo de ladrillo y de turismo de sol y playa de las últimas décadas y que no es apto para los retos de futuro.
En el difícil contexto actual y delante de unos retos enormes, es muy difícil entender la poca ambición del Gobierno andaluz y su obsesión con controlar el gasto, que se refleja además en la merma constante en los últimos años de los ingresos tributarios propios por parte de la Hacienda autonómica, con medidas que van claramente en contra de la justicia fiscal y de la progresividad general del sistema tributario. Valgan las cifras de desigualdad y pobreza para demostrar que nuestro sistema fiscal no cumple con el compromiso esencial de ser una herramienta al servicio de la distribución de la riqueza y la reducción de la desigualdad. Las derechas nos privan de una importante herramienta con el ojbetivo de beneficiar a un reducido puñado de privilegiados a través de reformas fiscales que van en el sentido contrario de lo que se debería hacer en este momento, como señalan claramente además la presidenta del FMI y la misma OECD. No es “cosa de rojos”, el Gobierno andaluz obvia el sentido común cuando rehúye de las recomendaciones que están marcando organismos internacionales para favorecer la recuperación en un contexto de crisis sanitaria, social y económica.
De la difícil situación que atraviesa Andalucía se puede salir de dos maneras: o con el mismo recetario de antes, un conjunto de medidas que ha sido responsable de una auténtica carnicería social a partir del 2008; o con un cambio de actitud, de prioridades y de política, con más rigor y más solvencias, menos dogmas y menos creencias neoliberales. Andalucía se merece mucho más que unos presupuestos que son un refrito de propuestas del pasado que se han demostrado equivocadas y dañinas para la mayoría social, Andalucía no se puede permitir perder otro tren en el camino hacia el desarrollo y la modernización; nuestros jóvenes no se pueden permitir ser una generación perdida más.
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