La reforma de las administraciones locales mantiene la posibilidad de suprimir municipios
El proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local pasa este jueves su primer examen en el Congreso de los Diputados después de los cambios introducidos en las primeras propuestas tras un negativo Dictamen del Consejo de Estado. Su aprobación -el PP tiene mayoría absoluta para hacerlo- supondrá una reestructuración en las administraciones locales, pero la falta de consenso hace que no sólo nazca con la amenaza de recursos en el Tribunal Constitucional (TC) por parte de varias comunidades autónomas, sino incluso de “derogación”, si llega el PSOE al poder.
El PP defiende que pretende clarificar y simplificar las competencias municipales para evitar duplicidades con otras administraciones; racionalizar su estructura bajo los principios de eficiencia y equilibrio presupuestario; y favorecer la economía local con medidas liberalizadoras (o sea, privatizaciones). Calcula una disminución del gasto de unos 8.000 millones de euros en todo el país con su aplicación, pero no da cifras de su impacto en el empleo.
El que lo va a notar, sin duda, es el ciudadano porque se está tocando la institución que tiene más cercana. La catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, Encarnación Montoya Martín, enclava esta reforma “exclusivamente” en clave de crisis y disciplina fiscal. Paradójicamente, los consistorios no son los máximos responsables de la deuda pública (están por detrás de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en la media). “Toma al municipio como chivo expiatorio de los males, en particular, los de menos de 20.000 habitantes que resultan ser la mayoría”. No se le escapa tampoco la mayor facilidad para emprender un cambio de este calado “contra el escalón más débil de nuestra organización constitucional territorial”, a través de una reforma de la Ley Base de Régimen Local (LBRL) de 1985, sin que a lo largo del texto haya “alusión alguna a la Carta Europea de la Autonomía local”.
Reconoce que la LBRL necesitaba un cambio de envergadura después de 25 años, por haber variado las circunstancias jurídicas, económicas y sociales. Pero rechaza que se haya tomado “una especie de atajo”, que ha hurtado un verdadero debate sobre el modelo territorial necesitado, en su opinión, de cambios “en todos los niveles y que ha de plasmarse en la reforma de la Carta Magna”.
Uno de los objetivos que defiende el proyecto es acabar con las competencias impropias para las que los municipios no cuentan con los recursos pero llevan años asumiendo. Eso sí, el adelgazamiento al que se ha sometido el listado afecta a materias que marcos como el Estatut de Catalunya LO 6/2006 o la LO 2/2007, de 19 de marzo de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, han atribuido como competencia exclusiva local.
El texto prevé que compentencias que ejercen los consistorios, como los servicios sociales, las relacionadas con la salud en su esfera primara o la participación parcial en la educación pasen íntegramente a las comunidades autónomas. Estas y todas las relacionadas con mercados, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores. En el caso de los municipios menores de 20.000 habitantes, además, se les eliminan otras (por ejemplo tratamiento de residuos o limpieza viaria), que quedan en manos de las diputaciones, salvo que puedan demostrar que son capaces de gestionarlas a un coste mucho menor.
Directamente, la norma no prevé la supresión de municipios, pero sí contempla una regulación para posibles fusiones voluntarias. Y además, la catedrática apunta que el proyecto recoge que si un consistorio, “independientemente de su población, incumple los objetivos coyunturales de déficit se podrá recurrir a la eliminación de más competencias; a la gestión conjunta de los servicios mínimos obligatorios; al incremento de los ingresos fiscales para financiarlos; y hasta a una propuesta de fusión con un municipio limítrofe”.
En una frase, y con carácter general, subraya que se puede decir que con esta ley continuarán los mismos municipios, con menos autogobierno; las mismas diputaciones, con más competencias; y las comunidades autónomas, con más gastos.
